Pase lo que pase con la reforma del Pacto de Estabilidad después de la pandemia, la Comisión Europea ya da por supuesto que las antiguas normas no podrán volver a aplicarse en toda su integridad durante mucho tiempo. La primera regla en caer, según las fuentes consultadas, será la que exigía un ritmo acelerado en la reducción del exceso de deuda pública. La Comisión opta por tener paciencia con los países miembros para que reduzcan las montañas de deuda que han acumulado para amortiguar el golpe de la pandemia (y por los estragos de la última crisis financiera).
El debate sobre los cambios arranca oficialmente este martes con el lanzamiento de una consulta pública. Pero las preguntas lanzadas al aire por el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, desencadenarán con toda probabilidad un regateo de meses y años. En torno a la revisión o reforma de las reglas fiscales, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Esas normas ahora están suspendidas por la pandemia al menos hasta finales de 2022. Pero cuando vuelvan a entrar en vigor el Ejecutivo de Ursula von der Leyen pretende flexibilizar su aplicación, ajustarlas a la realidad de cada país y no exigir rebajas a marchas forzadas de la deuda que aboquen a la contracción económica a los socios en peores condiciones presupuestarias.
“Está claro que nuestras políticas tienen que adaptarse a la realidad. Nadie considera viable aplicar la regla de la deuda en 2022, 2023 o en los próximos años”, reconocen fuentes familiarizadas con las futuras reformas. Esa norma, introducida a raíz de la crisis del euro, obliga a reducir la deuda que supera el umbral del 60% a un ritmo que para países como España podría suponer recortes anuales de los números rojos equivalentes a tres puntos de PIB durante décadas.
En la consulta pública que abre la Comisión no habrá mucha concreción, apuntas fuentes conocedoras del documento que se presenta este martes. Si se hace, el debate que busca no tendrá mucho recorrido. Las posiciones se enconarán y se llegará a un callejón sin salida.
Desde luego, antes de su apertura ya han quedado muchas posiciones de partida claras y se aprecian distancias considerables. Los llamados halcones, capitaneados por Países Bajos, advirtieron en septiembre de que están dispuestos a discutir la gobernanza del pacto, pero sin vincularlo a la desactivación de la cláusula general de escape, el mecanismo que ha permitido prescindir del corsé fiscal durante la pandemia y que está vigente hasta finales de 2022. En el otro lado, España, Francia o Italia, que querrían nuevas normas ya entonces.
Además, todavía falta que en Berlín, tan determinante en estos debates, haya un nuevo canciller. Aunque por lo que se sabe de las negociaciones entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales, parece que en este momento son estos últimos los que están marcando el paso, es decir, una posición más cercana a La Haya o Viena, que a París o Roma. Tampoco Olaf Scholz, el probable canciller socialdemócrata y aún ministro de Finanzas, es un decidido reformista de las reglas fiscales. Y por si fuera poco, la todavía canciller, Angela Merkel, ha señalado el camino a quienes negocian la coalición este mismo lunes: “El Pacto de Estabilidad tal como existe hoy tiene una multitud de posibilidades, que se han utilizado ampliamente y correctamente. Por eso no me entusiasma mucho cambiar el Pacto de Estabilidad. Sin duda, cómo abordarlo será una decisión importante para el futuro gobierno federal”.
Deudas abultadas
Uno de los puntos más calientes de ese debate será la deuda y cómo se reduce. Los países más golpeados por la Gran Recesión ya llegaron a la pandemia con pasivos muy abultados. Con ella, la carga ha crecido todavía más. En el conjunto de la zona euro roza el 100% del PIB, pero con picos bastante por encima: Grecia (200%), Italia (155%), Portugal (133%) o España (120%), los que ya salieron más magullados de la crisis financiera.
Si finalmente en 2022 no hay normas nuevas y se vuelve a las viejas, habrá que ver la rigidez con la que se aplican estas últimas. Y ahí es donde la Comisión parece dispuesta a dar oxígeno, teniendo en cuenta lo sucedido durante la pandemia y aplicar las lecciones aprendidas.
Cuando la deuda supera el 60% del PIB de un país, las normas ahora suspendidas obligan a reducir ese exceso a un ritmo de un veinteavo al año. Es decir, en el caso de España, esos 60 puntos de exceso obligarían a una reducción anual de tres puntos de PIB, un ajuste importante viendo que en los recientes años de recuperación no se ha logrado en ninguno y que, además, hay que hacer importantes inversiones públicas que pavimenten la transición ecológica y digital. Y si el camino español es difícil, el que deberían seguir Italia o Grecia se antoja prácticamente imposible.
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