La Comisión Europea ha exigido por escrito a Hungría y a Polonia explicaciones detalladas sobre el impacto que el deterioro del Estado de derecho en ambos países puede tener en la gestión de los fondos europeos. Bruselas estrena así el nuevo Reglamento de condicionalidad, que desde el 1 de enero permite cortar los fondos a aquellos socios donde no esté garantizado una gestión adecuada por la falta de independencia judicial o por la corrupción rampante. Para el período 2021-2027, Polonia tiene asignados más de 120.500 millones de euros en subvenciones de los fondos estructurales, agrícolas y de recuperación. Y Hungría, 38.600 millones con cargo a las mismas partidas.
Las cartas remitidas por la Comisión a Budapest y Varsovia son todavía un paso preliminar en la aplicación del Reglamento. Pero permiten a Bruselas ganar tiempo a la espera de que el Tribunal de Justicia europeo resuelva los recursos de Hungría y Polonia contra una norma que consideran discriminatoria y arbitraria. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, intenta además calmar al Parlamento Europeo, que ha denunciado al ejecutivo comunitario por no activar el nuevo Reglamento de condicionalidad.
El Parlamento exige la apertura de expedientes en base al artículo 6.1 de la norma, que permitiría cortar los fondos a los países infractores. Von der Leyen, de momento, reclama información a Hungría y Polonia en base al artículo 6.4, una vía preliminar que levanta la amenaza de cortar los fondos, pero deja el posible castigo para mucho más adelante.
Ambas cartas señalan que la situación en los dos países “supone un serio riesgo para la protección de los intereses financieros de la Unión”, según los textos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Y señalan que la petición de información se hace con vistas al artículo del Reglamento que permite evaluar si se dan las condiciones previstas para adoptar medidas en caso de que una vulneración de los principios del Estado de derecho afecte o amenace con afectar gravemente la buena gestión del presupuesto de la Unión.
En el caso de Hungría, la Comisión inquiere sobre todo en lo relativo a la lucha contra la corrupción y al marco de licitación públicas. La Oficina europea de Lucha contra el Fraude ya ha llevado a cabo varias investigaciones al respecto y ha requerido el reembolso de cientos de millones de euros en ayudas europeas. Pero ahora, por primera vez, se somete a escrutinio de manera general a un sistema de concesión de las ayudas que, según la oposición húngara, ha permitido al primer ministro, Viktor Orbán, canalizar millones de euros hacia un círculo de empresarios y beneficiarios muy cercanos al poder.
La Comisión reclama información al Ejecutivo de Orbán sobre ocho puntos relacionados directamente con los fondos. Algunas preguntas tienen un carácter general (“¿Qué medidas se han adoptado para mejorar el marco de licitación pública (…)?”) y otras son muy concretas, como la relativa al proceso de privatización del aeropuerto de Budapest tras haberse beneficiado de una ayuda comunitaria de 200 millones de euros. La Comisión también reclama los datos de los 10 mayores beneficiarios de la Política Agrícola Común, una información que Bruselas podría probablemente conseguir por sí misma, pero que obligará a Budapest a dar el retrato de los destinatarios de tan multimillonarias ayudas.
La carta a Hungría también incluye seis preguntas sobre las garantías de eficiencia e imparcialidad de las investigaciones de la fiscalía general. Y advierte que las deficiencias detectadas en esa área así como la ausencia de sanciones disuasorias puede alentar la corrupción y, por tanto, poner en peligro la integridad de los fondos europeos.
El tercer y último apartado de la carta húngara cuestiona las reformas judiciales acometidas recientemente por el Ejecutivo de Orbán y que, según Bruselas, podrían poner en peligro la independencia de los jueces húngaros.
El deterioro de la independencia judicial es el eje dominante de la carta remitida al Gobierno polaco de Mateusz Morawiecki. En este caso, Bruselas comienza por requerir información sobre el seguimiento que Varsovia dará a las recientes sentencias del Tribunal Constitucional polaco que han declarado incompatibles con la Carta Magna los pronunciamientos de la justicia europea sobre la independencia judicial.
Y la Comisión no parece dispuesta a conformarse con una respuesta de Morawiecki que confirme el acatamiento de las sentencias europeas, sino que exige explicaciones sobre cómo lo llevará a cabo. “(…) Expliquen por favor cómo harán las autoridades polacas para despejar cualquier potencial incertidumbre con respecto a la aplicación del Tratado y de la legislación de la Unión relevantes para la gestión financiera adecuada y la protección del presupuesto de la UE”, reclama la misiva enviada a Polonia.
La Comisión también pide explicaciones a Varsovia sobre las posibles injerencias políticas en la independencia de la fiscalía e información detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo desde 2016 de casos de corrupción, fraude o conflictos de interés en relación con los fondos europeos en los que estuvieran implicados altos funcionarios o personalidades políticas.
Los gobiernos de Orbán y Morawiecki disponen de dos meses para contestar a la requisitoria de la Comisión. Budapest y Varsovia saben que no corren un peligro inmediato de perder las ayudas. Pero ven bajar unos centímetros una guillotina que podría cortar de raíz el multimillonario flujo europeo que ha contribuido a alimentar el éxito electoral de sus respectivos partidos, Fidesz y PiS.
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