Antes de morir asesinada, la periodista maltesa Dafne Caruana acumulaba más de 40 querellas contra ella por sus artículos contra la corrupción en la isla mediterránea. Pretendían disuadirla para que dejara de publicarlos. Para atajar esta práctica intimidatoria y abusiva de los tribunales usada contra periodistas, ONG, activistas o sindicalistas desde empresas e incluso instituciones públicas, la Comisión Europea ha aprobado este miércoles un paquete legislativo que busca impulsar el archivo inmediato de estas denuncias en cuanto los jueces detecten indicios de estos excesos que, siguiendo el razonamiento del Ejecutivo comunitario, mina la labor de la sociedad civil y el periodismo en las democracias.
El paso dado por la Comisión es, en realidad, doble. Por un lado, ha dado luz verde a un proyecto de directiva que prevé armonizar los criterios por los que los tribunales de toda Europa podrán declarar inadmisibles de manera expeditiva las denuncias que se consideren desproporcionadas o reiterativas. Para eso, lo primero que hace es definir, si bien de una forma amplia, qué es una demanda abusiva: “Procedimientos llevados a los tribunales en relación con la participación pública [en el ejercicio de la libertad de expresión e información] que se consideren total o parcialmente infundados y que tienen el objetivo principal de evitar, restringir o penalizar esa participación pública”. Su identificación se hará a partir de indicios que se consideren desproporcionados por lo “excesivo o irracional de toda o de parte de la demanda”, “la reiteración de múltiples procedimientos iniciados por el demandante o partes asociadas con asuntos similares” o “la intimidación, el acoso o las amenazas por parte del demandante o de sus representantes”.
Nada más aparezcan estos indicios, la directiva dará a los jueces la posibilidad de negarse a cursar órdenes judiciales extracomunitarias en el caso de denuncias en las que se vea que “en todo o en parte son manifiestamente infundadas”. Bajo la norma comunitaria caerán los pleitos que se consideren transfronterizos, que serán aquellos que afecten a dos estados miembros (una empresa pone una demanda en un país por lo publicado en otro) y también —y esto es novedoso— las disputas que pese a darse en un Estado miembro pueda considerarse que tiene efectos sobre otro. Un ejemplo de esto último podría ser un reportaje publicado en un país denunciado por una filial en ese mismo país, pero que también tiene impacto allí donde esté la empresa matriz.
Además del archivo raudo de la denuncia, la directiva obligará al denunciante a pagar los gastos que provoque su demanda “incluso si la denuncia no es manifiestamente infundada, [pero] hay indicios de procedimientos abusivos y la perspectiva de éxito en un procedimiento principal son escasas”. Entre esos gastos, puede incluirse el coste de la defensa del denunciado. En la misma línea disuasoria, abre la puerta a que el demandado pueda pedir una compensación “total” por el daño material e inmaterial. En el primer caso se incluyen abogados, gastos médicos (como un psicólogo) si están relacionados con el proceso. Y en el segundo estarían los daños reputacionales e, incluso, “deterioro vital y de relaciones” y, “en general, cualquier tipo de daño intangible”.
Homogeneización en los Veintisiete
El punto más ambicioso de la norma planteada por la Comisión, que ahora debe pasar por el filtro legislador del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, concierne a la posibilidad de que los tribunales de un país de la UE puedan rechazar la petición de otro tribunal para adoptar medidas contra un denunciado si observa indicios de que la causa proviene de una demanda abusiva. Fuentes de Bruselas admiten que este punto tiene muchos visos de no pasar el tamiz del Consejo, es decir, los gobiernos de los Estados miembro. Uno de los objetivos principales de la directiva en su propósito final de atajar esta táctica de amedrentamiento es homogeneizar la legislación de Los Veintisiete para evitar la proliferación de las mismas demandas en diferentes Estados, en busca de la jurisdicción más conveniente a sus reclamaciones.
Como la directiva solo afecta a los asuntos que se consideran transfronterizos, la Comisión también emite una recomendación para que los Estados miembros adapten sus leyes en los casos estrictamente nacionales. Esto no será obligatorio, puesto que, justifica Bruselas, ya se entra en el ámbito del derecho penal. Uno de los consejos del Ejecutivo comunitario en este caso es que la legislación estatal sobre difamación, “que es uno de los instrumentos más usados en estos abusos judiciales”, no tengan “un impacto no justificado sobre la libertad de expresión, y la existencia de unos medios de comunicación libres, plurales y abiertos”. Otro apuesta por la formación de los profesionales de la justicia para que detecten estas situaciones y también estar atentos para evitar campañas organizadas.
Si la Comisión ha decidido poner en marcha esta iniciativa ahora, se debe a que ha detectado un número creciente de litigios lanzados con el único objetivo de silenciar voces críticas o de impedir la difusión de informaciones incómodas para ciertos poderes públicos o privados. Estas querellas suelen verse en asuntos de salud pública y medioambiental, en denuncias de corrupción o fraude e, incluso, en la lucha contra la desinformación.
Mecanismo de condicionalidad para Hungría
Junto a este significativo paso para proteger la libertad de información y expresión, y también en el terreno del Estado de derecho, la Comisión ha dado este miércoles el primer paso formal para poner en marcha el llamado mecanismo de condicionalidad que permite a la UE retener fondos a Hungría por violar los valores básicos de La Unión. El movimiento había sido anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace unas semanas en el Parlamento Europeo después de que el Tribunal de Justicia de la UE avalara la validez de este mecanismo, aprobado en enero de 2021, y de que las respuestas de Budapest a los requerimientos de Bruselas no hayan sido satisfactorias.
A la hora de abrir el expediente, la Comisión argumenta que ha detectado irregularidades que perjudican los presupuestos de la UE. Esos hallazgos se darían en la contratación pública, las auditorias o la transparencia. Hungría, junto con Polonia, es uno de los países que todavía no tiene aprobado su plan de recuperación por no aceptar reformas relacionadas con la calidad de su Estado de derecho. En el caso de Varsovia, las diferencias con Bruselas están vinculadas a la independencia judicial; con el Gobierno de Viktor Orbán se debe a la falta de medidas anticorrupción.
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