Las compensaciones a fondos de inversión por el recorte a las renovables ejecutado por el Gobierno del PP vuelven a Bruselas. La Comisión Europea ha abierto una profunda investigación para determinar si la indemnización de 101 millones de euros ordenada por un tribunal internacional de arbitraje a dos fondos con sede social en Luxemburgo y Países Bajos constituye una ayuda ilegal de Estado. El Ejecutivo comunitario investigará, en concreto, si esa decisión atenta contra el derecho europeo, discrimina a las empresas españolas y “falsea indebidamente” la competencia.
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La Comisión Europea prosigue su batalla contra los procedimientos de arbitraje ajenos al derecho comunitario. Después de la sentencia del caso Achmea por el Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas publicó una comunicación en la que dejaba claro que la cláusula sobre arbitrajes entre inversores y Estados miembro derivada de la Carta de la Energía no se puede aplicar entre empresas o instituciones de países socios de la UE. Más tarde, el grueso de los países de la UE decidía dejar sin efecto en una declaración conjunta los tribunales de arbitraje para conflictos bilaterales.
España, en concreto, ha sufrido una avalancha de procedimientos de arbitraje a causa del recorte aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 al régimen instaurado en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero. La Comisión Europea avaló la rebaja del Ejecutivo del PP. Según la Autoridad Fiscal, el monto total de las reclamaciones asciende a unos 10.000 millones de euros, pero el Gobierno sostiene que ha logrado rebajarlo a 4.600 millones después de haber ofrecido a los fondos de inversión una mayor rentabilidad a cambio de que retiraran sus demandas.
Algunas empresas han cedido, pero otros inversores han decidido seguir adelante con sus reclamaciones, muchos a través del Centro Internacional de Arreglo por Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Ese órgano resolvió la disputa planteada por las sociedades Antin Infrastructure Services, con sede en Luxemburgo, y Antin Energía Termosolar, radicada en Países Bajos. El tribunal de arbitraje resolvió que España debía compensar a esas firmas por las pérdidas sufridas tras las modificaciones del régimen de 2007. El importe de esa indemnización se fijó en 101 millones de euros, a los que hay que añadir los intereses devengados.
Posible discriminación por nacionalidad
Bruselas abrió una investigación preliminar en la que concluyó que el laudo “puede constituir una ayuda estatal, dado que concede a Antin una ventaja equivalente a las que otorgaba el régimen español” de 2007, que nunca fue notificado a la Comisión Europea. El departamento que dirige la vicepresidenta Margrethe Vestager tiene sobre todo tres grandes dudas. Para empezar, el TJUE ha dictaminado que esos procedimientos son una amenaza para el derecho comunitario cuando se trata de disputas entre actores de dos países miembros de la UE. Segundo, los laudos pueden generar “discriminación entre los inversores” por su nacionalidad, puesto que los españoles no pueden recurrir al arbitraje. Y tercero, la compensación puede “falsear indebidamente” la competencia al constituir un apoyo adicional al de las ayudas aprobadas en 2013.
La investigación de Bruselas refuerza todavía más la posición de España, que se opone a las reclamaciones de inversores internacionales que invirtieron a través de sociedades de Luxemburgo o Países Bajos. El Gobierno, al igual que la Comisión, se acoge a la sentencia del caso Achmea, según la cual los arbitrajes bajo el paraguas de la Carta de la Energía no tienen jurisdicción en la UE. España, de hecho, es hoy uno de los países más críticos con ese tratado. París y Madrid empujan para que se reforme e incluso han advertido de que la UE debería plantearse retirarlo en caso de que no haya una modificación profunda.
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