La Comisión Europea ha lanzado este miércoles un ambicioso plan para cerrar en el menor tiempo posible el grifo energético de Rusia. La iniciativa, movida por la urgencia de una guerra cuyas consecuencias para la seguridad del suministro y la volatilidad de los precios resultan impredecibles, es vasta, global y pretende solucionar problemas en varios rincones del continente. La propuesta cuenta con numerosas iniciativas, que van del incremento “masivo” en inversiones en energías renovables (como los paneles solares, una de las grandes apuestas de Bruselas) a medidas extraordinarias para hacer frente al alza desbocada de la factura de la luz. Habrá compras conjuntas de gas en los mercados internacionales y financiación de hasta 2.000 millones de euros en infraestructuras de petróleo que permitan sortear el veto al embargo de este hidrocarburo que siguen planteando algunos países (como Hungría) y que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de los Veintisiete estas últimas semanas.
El Ejecutivo comunitario también abre la puerta a la imposición de un precio regulado a nivel comunitario para las importaciones de gas en caso de un escenario de disrupción del flujo desde Rusia, una hipótesis cuya sombra aterra en Bruselas, y que podría llevar a la necesidad de implementar los planes de emergencia nacionales, coordinados desde Bruselas, y en última instancia a un racionamiento de los suministros en el bloque comunitario.
La Comisión, además, acepta estudiar que otros países de la UE, como Italia, puedan solicitar acogerse a la llamada “excepción ibérica”, el mecanismo que ha permitido a dos países poco interconectados con el mercado eléctrico comunitario (España y Portugal) limitar de forma extraordinaria el precio del gas.
“La guerra de [Vladímir] Putin está perturbando gravemente el mercado energético mundial”, ha asegurado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una comparecencia. “Muestra lo dependientes que somos de los combustibles fósiles importados. Pero también lo vulnerables que somos al depender de Rusia para importar nuestros combustibles fósiles. Por eso debemos reducir lo más rápido posible nuestra dependencia energética de Rusia”.
La idea, además, es dejar de financiar al régimen de Putin, al que la UE paga anualmente unos 100.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles rusos desde Rusia, según cálculos de Bruselas.
Una transición verde
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La jefa del brazo Ejecutivo de la UE ha señalado que los Veintisiete ya van por el buen camino: las importaciones de gas ruso se han reducido del 40% que suponían en 2021 al 26% en abril de este año. Además, ha explicado que la propuesta de la Comisión gravita sobre uno de los planes más ambiciosos de su mandato, el llamado pacto verde europeo. Von der Leyen ha asegurado que la iniciativa lanzada este miércoles eleva esta propuesta “a otro nivel”.
El llamado REPower EU se sustenta sobre varias fórmulas: el ahorro de energía y la reducción del consumo, la aceleración de la desconexión de los combustibles fósiles, la búsqueda de nuevos suministradores de energía y las inversiones “masivas” para alimentar esa transición, que incluye proyectos de hidrógeno verde, llamado a ser uno de los grandes recursos energéticos de sustitución del gas para el año 2030.
Bruselas pretende conectar esta financiación con los multimillonarios fondos de recuperación aprobados en 2020 para paliar el zarpazo de la pandemia en las economías europeas, que ya destinaban algo más de un tercio de sus inversiones a la transición verde. Para ello pretende movilizar cerca de 300.000 millones de euros (unos 72.000 millones en subsidios y 225.000 millones en préstamos). Esta cifra incluye financiación de proyectos específicos para sortear en un plazo inmediato los cuellos de botella en las infraestructuras destinadas al suministro de gas y gas natural licuado de nuevas fuentes “para que ningún Estado miembro sea abandonado en el frío”, en palabras de Von der Leyen.
Racionamiento del suministro
La iniciativa de Bruselas también se adentra en uno de los asuntos más espinosos en la capital comunitaria: qué hacer si las cuentas no salen, es decir, si no se logra sustituir los 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso que se importan en la actualidad ante una eventual desconexión brutal por parte de Moscú.
Los cálculos de la Comisión indican que se pueden llegar a reemplazar dos tercios de este volumen mediante el incremento de suministros de otros proveedores (como Estados Unidos, Azerbaiyán, Noruega o Qatar), medidas voluntarias de reducción de consumo y la rápida implementación de renovables y tecnologías más eficientes (como las bombas de calor para calentar los hogares). Pero en caso de que Rusia cierre la manija del todo, como ya ha decretado el gigante Gazprom con Bulgaria y Polonia por negarse a pagar la factura en rublos, aún quedaría un tercio de la demanda por cubrir.
Frente a una desconexión total, sobre todo ante el riesgo de que suceda de cara al próximo invierno, Bruselas podría esgrimir el reglamento de seguridad del suministro, en vigor desde 2017, para imponer medidas que garanticen la llegada de gas suficiente a los clientes protegidos (hogares y servicios sociales esenciales) de todos los países y que mitiguen las consecuencias económicas y sociales de una posible emergencia.
Cada país afectado puede declarar en el ámbito nacional el nivel de emergencia e introducir sus propias normas de racionamiento. Además, los países con problemas de suministro podrán invocar la cláusula de solidaridad prevista en el reglamento comunitario, lo que obligaría a sus vecinos a atender su demanda. La Comisión sería la encargada de declarar una emergencia de carácter regional (si afecta a varios países) o de escala comunitaria si la crisis de suministro es generalizada.
“El actual marco jurídico de la UE ya prevé que, en caso de crisis extrema, los Estados miembros puedan solicitar a sus Estados miembros vecinos medidas de solidaridad”, describe la comunicación de la Comisión. Estos mecanismos de solidaridad, añade, son “el último recurso en caso de escasez extrema de gas para garantizar el suministro a los hogares, los sistemas de calefacción urbana y las instalaciones sociales básicas del país afectado”.
La Comisión se ha comprometido a elaborar “criterios de priorización de los clientes no protegidos, en particular de la industria”. Estas orientaciones se centrarán “en la identificación de las cadenas de valor nacionales y transfronterizas de importancia clave y crítica que, si se interrumpen, podrían repercutir negativamente en la seguridad, la alimentación, la salud y la seguridad a nivel europeo y mundial”, añade el texto. La idea es garantizar el suministro de los clientes e industrias protegidos, para minimizar el impacto de las posibles interrupciones.
“En caso de disrupción total”, abunda una fuente de alto rango del Ejecutivo comunitario, adentrándose en un abismo impensable hace solo unos meses, “también estudiaríamos cómo coordinar, con un enfoque comunitario, el recorte de demanda que pudiera ser necesario”.
La idea es no tener que llegar al extremo. Pero en cualquier caso, la transición a una economía sin hidrocarburos rusos será “jodidamente dura”, por usar la célebre expresión (”bloody hard”) del comisario europeo Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo a cargo del pacto verde europeo, y que este miércoles han repetido altas fuentes del Ejecutivo comunitario para dar cuenta de los próximos pasos. La Comisión prevé incluso que en los próximos cinco o diez años se incremente “temporalmente” el uso del carbón y de la energía nuclear para la producción eléctrica, mientras se elevan a la vez los objetivos de electricidad renovable (del 40% previsto para 2030 hasta el 45%).
“El estilo de vida europeo también consiste en adaptarse a los nuevos retos”, ha subrayado Timmermans este miércoles durante una comparecencia de prensa, al ser interrogado por las implicaciones cotidianas para los ciudadanos del nuevo plan de la Comisión. “Nos mantenemos curiosos, innovadores, improvisamos e inventamos”, ha insistido. “Ese es el estilo de vida europeo”.
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