El presidente de Polonia, Adrezj Duda, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en febrero de 2022, en Bruselas.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
Un nuevo conflicto judicial entre Bruselas y Polonia se avecina. La Comisión Europea ha demandado el Estado polaco ante la justicia europea por las sentencias del Tribunal Constitucional de ese país que han fallado que el derecho nacional prima sobre los tratados comunitarios. La lista de choques en los tribunales entre el Ejecutivo de Ursula von der Leyen y el del ultraconservador Mateusz Morawiecki a cuenta de la independencia de la justicia ya es nutrida y suelen acabar con sentencias contra los intereses de Varsovia. Aunque en los últimos meses ambas partes habían acercado su posición tras la invasión de Ucrania —en la que ambas capitales mantienen una posición muy pareja— y el plan de recuperación por la pandemia, este paso vuelve a tensar la relaciones.
Este nuevo conflicto empezó a fraguarse a raíz de dos fallos del Tribunal Constitucional polaco en 2021, en julio y en octubre. Sendas sentencias suponían un desafío a la UE al concluir que el derecho polaco primaba sobre los tratados comunitarios y las sentencias de los tribunales de Luxemburgo. A raíz de esto, la Comisión inició un nuevo procedimiento sancionador contra Polonia que ha concluido sin que se hayan atendido los requerimientos del Ejecutivo de la UE, por lo que este ha planteado un nuevo pleito, tal y como ha anunciado este miércoles.
“La Comisión considera que estas sentencias del Tribunal Constitucional vulneran los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explica la nota emitida por Bruselas. El comunicado tiene, además, una frase que, no por reiterada, deja de ser un golpe a la línea de flotación del funcionamiento del Estado de derecho en Polonia: “La Comisión tiene serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional”.
Explica este texto que existe “una duda razonable” sobre la independencia de este tribunal por cómo se nombró a tres jueces en 2015, “infringiendo normas fundamentales que forman parte integrante del establecimiento y funcionamiento del sistema de control constitucional”. La exposición continúa: “Esto también queda demostrado por otras irregularidades y deficiencias, como la elección del presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional […]. En la medida en que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre cuestiones relativas a la aplicación o interpretación del Derecho de la Unión, la Comisión considera que, por lo tanto, ya no puede garantizar la tutela judicial efectiva por un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley, como exige el artículo 19, apartado 1, del TUE [Tratado de la Unión Europea], en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”.
Polonia es, junto con Hungría, uno de los dos países de la Unión en los que más problemas hay por la aplicación del Estado de derecho. Uno de los pleitos con Polonia acabó con una sanción inédita hasta ahora: una multa de un millón al día hasta que no resolviera la situación que había provocado la demanda. En concreto, se trataba de la creación de una sala disciplinaria en el seno del Tribunal Supremo polaco que se encarga de castigar a los jueces, algo que la justicia europea encontró como un ataque a la independencia de los magistrados.
La eliminación de esta sala disciplinaria fue una de las exigencias de Bruselas para dar luz verde al plan de recuperación polaco, que sube a 35.400 millones. Al final hubo un acuerdo por el que las decisiones de esa cámara serían revisadas a su vez por otra que se encargaría de restituir a los magistrados ya sancionados. Esta decisión está recurrida por las grandes asociaciones de jueces europeas por considerarla insuficiente.
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En pleno año electoral, y después de ese primer intento fallido de resolver la polémica sobre la cámara del Supremo, el Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), presentó una reforma del Tribunal Supremo que, entre otras medidas, traslada el régimen sancionador de los jueces al Tribunal Supremo Administrativo. La norma salió adelante en el Parlamento con el apoyo de la oposición, que se abstuvo, pero se ha atascado en el último trámite. El presidente, Andrzej Duda, tenía la última palabra y podía aprobar, vetar o enviar la nueva ley al Constitucional para su revisión. Eligió la tercera opción el viernes pasado. Ahora la norma que puede desbloquear los fondos europeos se encuentra en manos del Tribunal cuya independencia cuestiona la Comisión.
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