La Comisión Europea confía en que un drástico recorte del 80% en los controles aduaneros a los productos que llegan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido salve el acuerdo del Brexit. Este es principal atractivo de la oferta que ha hecho a Londres este miércoles. Bruselas asegura que su oferta explota al máximo la flexibilidad prevista en el Protocolo sobre Irlanda del Norte, pactado al hilo del acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE.
El organismo comunitario descarta, sin embargo, prescindir del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) como máximo juez de las posibles disputas sobre el mercado interior, una de las grandes exigencias de Downing Street. “Está muy, muy, muy claro que el TJUE es el último árbitro [en el mercado único]”, ha enfatizado el vicepresidente de la Comisión y responsable de las negociaciones sobre el Brexit, Maros Sefcovic, al presentar la oferta comunitaria a última hora de la tarde.
A modo de ataque preventivo, el ministro para el Brexit británico, David Frost, reiteró el martes en un discurso en Lisboa su amenaza de suspender unilateralmente el Protocolo, que ambas partes ya pactaron en 2019 y confirmaron en el acuerdo comercial y de desarrollo del pasado diciembre, si no se acepta su renegociación en profundidad. La oferta de Bruselas no llega a eso.
Fuentes comunitarias explican que esta es una interpretación de lo acordado hasta ahora para facilitar su aplicación y, además, puede negociarse para llegar a un punto de encuentro en las próximas semanas, a ser posible ante de fin de año. “Pongamos el foco en las cuestiones prácticas del Protocolo”, ha resumido Sefcovic, apuntando solapadamente que Bruselas no tiene la intención de abrir en canal los textos ya suscritos por ambas partes.
“En todas las reuniones que he mantenido con las autoridades de Irlanda del Norte, con actores de la sociedad civil y del mundo empresarial solo una vez se ha mencionado al TJUE”, ha minimizado Sefcovic, con un lenguaje diplomático que busca no aumentar la tensión que ya existe. Pero esto no es lo que pedía el Gobierno de Boris Johnson, que sí quiere retirar al TJUE la interpretación última del tratado.
“Deben realizarse cambios significativos que aborden las cuestiones fundamentales en el corazón del Protocolo, incluida la gobernanza, si queremos un acuerdo duradero”, ha comentado un portavoz oficial de Londres. Y esto supondría romper el principio de mercado único, algo que la Unión Europea no contempla sin levantar una frontera física entre las dos Irlandas. Así que ahora la pelota está en el tejado de Boris Johnson, que de cumplir su amenaza pondría en peligro la relación bilateral entre las dos orillas del canal de la Mancha y amenazaría la convivencia pacífica en la isla irlandesa, que se mantiene en un precario equilibrio, como pudo verse este año, desde que se firmaron los acuerdos de paz de Viernes Santo en 1998.
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La oferta del Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen se ha concretado en cuatro documentos oficiosos que abordan una tras otra la mayoría de las quejas sobre el Protocolo irlandés planteadas por Londres en julio. Y llega, además, tras una visita del vicepresidente Sefcovic a Irlanda del Norte. “Todos los líderes empresariales con que me he reunido han hecho énfasis en que necesitan certidumbre”, ha asegurado. De ahí que el político comunitario haya subrayado reiteradamente que su intención con esta propuesta es que la economía norirlandesa “florezca”.
En lo que se ha puesto sobre la mesa destaca la concesión de Bruselas sobre los controles fitosanitarios a la entrada de productos de alimentación para la venta al por menor en el Úlster. En su gran mayoría podrán llegar desde Gran Bretaña sin someterse a ningún control sanitario adicional a pesar del riesgo de que acaben en el mercado europeo a través de la República de Irlanda.
Fuentes comunitarias subrayan que “las dificultades surgidas son el resultado en gran parte del Brexit y del modelo de salida de la UE elegido por el Reino Unido”, en alusión a la decisión de Johnson de abandonar también la unión aduanera y el mercado único. Pero las mismas fuentes reconocen que el acuerdo de salida firmado hace dos años ha tenido en Irlanda “consecuencias no previstas” y consideran necesario “ofrecer soluciones prácticas a los problemas detectados”. Estas palabras se refieren a retrasos en el abastecimiento de algunos productos y escasez en los supermercados. También han surgido obstáculos en la llegada de medicinas. Y para resolverlas Sefcovic ha sido contundente: “Vamos a ir tan lejos que estamos dispuestos a cambiar las normas”.
Lo que sí descarta Bruselas es una renegociación en toda regla del Protocolo irlandés, como exige el Gobierno de Johnson, que incluso ha remitido ya a la Comisión un borrador de su propuesta para un nuevo tratado. “Si los británicos reclaman cambios en profundidad al Protocolo, entonces no habrá nada que negociar”, avisa una fuente comunitaria. “No por casualidad estuvimos tres años y medio negociándolo”, recuerda esa fuente frente a los intentos de Londres de presentar el acuerdo como una imposición de Bruselas al pueblo norirlandés.
Flexibilidad
La Comisión cree que sus propuestas de flexibilidad ofrecen la vía para salvar las relaciones con Londres y confía en que las negociaciones sean honradas, una duda que planea sobre estas conversaciones por las pretensiones británicas de rehacer en profundidad lo ya acordado en noviembre de 2019. “Por supuesto que espero que la negociación sea de buena fe”, ha zanjado Sefcovic, preguntado explícitamente sobre ello. En completa sintonía con esto se encuentra el primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin. “Si todo el mundo opera de buena fe y si el foco se centra en abordar el trastorno comercial surgido, entonces estas propuestas lidian con el problema y respetan los tratados firmados por todos”, ha señalado en el Parlamento de Dublín, en una frase cargada de reproches implícitos a la actitud de Londres en los últimos meses.
El equipo del vicepresidente Sefcovic asegura que su propuesta suprimirá hasta el 80% de los controles de la mayoría de los productos alimentarios que se suelen encontrar en los supermercados. Bruselas evitaría así la repetición de la llamada “guerra de las salchichas”, desencadenada a principios de este año. Entonces, la entrada en vigor del Protocolo (tras el final del periodo transitorio del Brexit) complicó la importación a Irlanda del Norte de productos cárnicos procedentes de Gran Bretaña, muy habituales entre los consumidores del Úlster. El simbolismo de las salchichas británicas en esta batalla es tal que ha sido el único producto citado por Sefcovic este miércoles, que en los otros casos se limitaba a menciones genéricas.
La oferta europea exige como contrapartida un endurecimiento de los mecanismos de supervisión en territorio británico para garantizar que las exportaciones a Irlanda del Norte proceden realmente de Inglaterra, Escocia o Gales y no de terceros países. Los productos también deberán ir debidamente etiquetados para precisar su destino al mercado norirlandés.
Bruselas también propone reducir drásticamente el papeleo aduanero para la importación a Irlanda del Norte de cualquier tipo de producto. El plan permitiría a una empresa importadora presentar una sola declaración para tramitar la entrada de centenares de productos distintos. “Calculamos que esta medida reducirá en un 50% el papeleo en las aduanas”, señalan desde la Comisión. El plan europeo también facilitará la llegada al mercado norirlandés de medicamentos genéricos fabricados en Gran Bretaña. Los cambios legales que propone la Comisión eximirán a las farmacéuticas británicas de tener que trasladar su producción a la isla irlandesa y podrán seguir abasteciendo el mercado de la provincia irlandesa desde sus fábricas en otras partes del Reino Unido.
La propuesta europea incluye, por último, la posibilidad de mejorar la transparencia en la aplicación del Protocolo y de intensificar el proceso de consulta con todas las partes de la sociedad civil afectadas. Pero Bruselas recuerda que el propio Protocolo ya incluye mecanismos muy garantistas sobre la participación de las autoridades de la provincia británica en la aplicación práctica de los acuerdos sobre la isla.
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