La Comisión Europea acaba de estrenar con Hungría la herramienta que le permite activar la congelación de los fondos que entrega a los Estados miembro. Ha aprobado por “unanimidad” plantear al Consejo Europeo que suspenda la entrega de 7.500 millones de euros a Budapest por detectar “riesgo para el presupuesto de la UE”. ”Se trata, en primer lugar, de irregularidades sistemáticas y de deficiencias y debilidades en la contratación pública”, ha declarado el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, al acabar la reunión celebrada inusualmente un domingo. Para evitar que la congelación de fondos se produzca, Budapest se ha comprometido con el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen a aplicar 17 medidas rápidamente. Pero hasta que ese momento llegue, la Comisión se muestra tajante: “La cuestión es simple. Seguimos en el nivel de las promesas, de los anuncios, es algo serio, pero nada más”, ha señalado Hahn.
El choque entre Bruselas y Budapest viene desde hace mucho tiempo. La deriva autoritaria del Gobierno del partido ultraconservador Fidesz le ha llevado a múltiples enfrentamientos con las instituciones comunitarias. El último ha tenido lugar esta misma semana en la que el Parlamento Europeo aprobó una resolución por amplia mayoría en la que declaraba que Hungría no es una “democracia plena” sino “un régimen híbrido de autocracia electoral”.
Sin embargo, ahora el enfrentamiento no se queda en el terreno de la colisión verbal o las resoluciones sin consecuencias. Esta vez Budapest puede ver cómo pierde parte de los fondos europeos que tanto le han servido en el pasado para trazar sus políticas públicas (entre 2014 y 2020 recibió 27.200 millones, 2.750 euros por habitante). Por eso cuando recibió la carta que la Comisión le envió en abril notificándole que había activado oficialmente el mecanismo de condicionalidad, como se llama formalmente esta herramienta legal, el Ejecutivo de Viktor Orbán abrió negociaciones con Bruselas para solucionar la situación.
La Comisión puede activar el mecanismo de condicionalidad cuando detecta que el presupuesto comunitario está en riesgo en un país. Y eso es lo que ha detectado con Hungría: “Irregularidades sistémicas, debilidades y deficiencias en la contratación pública” y “conflictos de intereses”. Para acabar con eso, el Gobierno ultraconservador húngaro habría propuesto a Bruselas, según ha explicado Hahn, aplicar 17 medidas para luchar contra la corrupción: crear una autoridad integral con amplios poderes e independiente y un equipo de lucha contra la corrupción en el que participe la sociedad civil; fortalecer las estructuras anticorrupción; cambiar el código penal; reforzar los mecanismos de auditorías y control, etc.
Budapest tiene que cumplir rápidamente con todos estos compromisos si no quiere perder miles de millones. La decisión concreta que ha adoptado este domingo el Ejecutivo comunitario consiste en plantear a los Estados miembros, es decir, al Consejo, que se congele el 65% de los fondos asignados a Hungría en tres programas europeos, en total 7.500 millones. Esta cantidad es algo menor de lo que se esperaba en principio, algo más de 8.000 millones que iban a afectar al 70% de esos recursos. Ahora, el Consejo Europeo tiene un mes para tomar una decisión, siempre por mayoría cualificada, aunque este plazo puede extenderse durante dos meses más en circunstancias extraordinarias.
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Los plazos dados al Gobierno ultraconservador de Fidesz hacen pensar que se va a apurar el plazo, porque Hungría se ha comprometido a tener aprobadas la mayoría de medidas este mismo mes y a hacer los nombramientos en las semanas siguientes. El 19 de noviembre debe informar a la Comisión “completamente” de la implementación de las medidas aplicadas para corregir la situación. “Nuestra conclusión es que las medidas correctoras propuestas podrían, en principio, resolver los problemas descritos en la notificación si se especifican correctamente en las leyes pertinentes y se aplican en consecuencia”, ha apostillado Hahn, con lo que es muy posible que el Consejo decida no aplicar la propuesta si Budapest cumple con lo comprometido.
Si finalmente todo este capítulo se resuelve según lo previsto, se demostraría que el mecanismo de condicionalidad tiene la suficiente fuerza coercitiva como para enderezar la actuación de los Estados más díscolos (Hungría y Polonia) si han puesto en peligro el presupuesto de la UE. Esta herramienta se creó durante la tramitación del Fondo de Recuperación, hace dos años. Pero antes de activarla, pese a la presión del Parlamento Europeo, la Comisión decidió esperar a tener el aval jurídico del Tribunal de Justicia de la UE tras los recursos de los gobiernos ultraconservadores de Budapest y Varsovia. Este respaldo llegó en febrero y dos meses después, Bruselas apretó el gatillo.
Hasta ahora, la Comisión solo ha podido activar esta herramienta, pensada para defender el Estado de derecho en aquellos países con una deriva autoritaria, en Hungría, al encontrar graves problemas de corrupción. “Alrededor del 50% de todas las contrataciones públicas solo han tenido un postor. Esto está cinco veces por encima de la media europea. Creo que el segundo país está en torno al 15%”, ha explicado el austriaco Hahn cuando exponía los motivos por los que la Comisión ha dado este paso.
En cambio, no han podido hacerlo con Polonia porque en los ataques al Estado de derecho no hay “pruebas de una relación suficiente con el presupuesto europeo”. “Es por eso que este tema de la independencia del poder judicial en Polonia tuvo que abordarse a través de otros instrumentos dentro de nuestra caja de herramientas”, ha señalado el comisario, en referencia al plan de recuperación polaco, al que el Ejecutivo de Bruselas solo dio luz verde ―con mucha polémica interna― cuando logró que Varsovia aceptara hacer reformas en su sistema judicial.
La importancia para estos países de los fondos europeos, tanto los procedentes del Plan de Recuperación como los del Fondo de Cohesión (los afectados con la propuesta de este domingo), es capital para mantener los niveles de inversión. Los 27.200 millones que ha recibido Hungría entre 2014 y 2020 pueden llegar a suponer un 60% de la inversión pública, y la situación de las cuentas húngaras en los últimos tiempos es muy precaria. Antes de las elecciones legislativas que se celebraron en primavera, el Ejecutivo de Orbán tiró de chequera para asegurarse la victoria (el año pasado el déficit superó el 11%). Ahora tiene que aplicar ajustes fiscales grandes (subir impuestos y bajar gasto) en un contexto económico muy complicado: la inflación está en el 18,6% y los tipos de interés en el 11,75%.
En estas circunstancias, para Budapest sería muy perjudicial perder definitivamente los miles de millones que plantea suspender la Comisión. De ahí que su posición negociadora este verano también se haya deteriorado. Ahora falta por ver si cumple los compromisos y el Consejo ―un órgano en el que Hungría ha destacado últimamente por bloquear propuestas como el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades― decide no aplicar el castigo propuesto por Bruselas.
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