El escándalo por el colapso de la tecnológica alemana Wirecard ha puesto en guardia a Bruselas por los fallos de supevisión de las compañías cotizadas. Y lejos de aparcar el asunto, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la posibilidad de imponer a los auditores de las empresas responsabilidades elevadas, e incluso ilimitadas, en caso de “negligencia grave” o “irregularidades intencionadas”, según un documento de trabajo al que ha tenido acceso EL PAÍS. Bruselas, sin embargo, admite que esa medida podría perjudicar a las pequeñas firmas de auditoría.
La quiebra declarada el pasado mes de junio del gigante digital, que adolecía de un agujero contable de 1.900 millones de euros, sigue provocando conmoción en Bruselas. En especial por el tremendo fiasco de vigilancia que tuvo y que pesa sobre el supervisor alemán (BaFin), que ignoró una investigación del Financial Times de 2015 y sucesivas denuncias anónimas. “Ni el auditor legal de Wirecard ni las autoridades supervisoras nacionales pertinentes detectaron el fraude contable de manera oportuna”, arranca el documento de trabajo, de apenas 10 páginas, elaborado para ser discutido en el seno del Comité de Servicios Financieros, que junto al Comité Económico y Financiero se encarga de preparar las reuniones de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin).
La nota elaborada por la Comisión Europea pone sobre la mesa “posibles medidas a corto plazo y específicas” para “mejorar la protección de los inversores” tras “las deficiencias en el marco regulatorio y de supervisión de la UE” identificadas tras el fiasco de Wirecard. Como hizo ya tras la quiebra de la empresa, Bruselas apunta directamente a Berlín, puesto que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) vio deficiencias en cuatro ámbitos que implican sobre todo a los organismos alemanes. Entre ellos, está la falta de independencia de la BaFin respecto al gobierno, pero también las deficiencias de control, los exámenes de los procedimientos de la empresa para hacer sus informes o la propia efectividad del sistema.
Mejor coordinación
El Ejecutivo comunitario formula algunas propuestas para mejorar la coordinación entre supervisores, donde lanza también alguna que otra pulla a Berlín. Bruselas, por ejemplo, critica que el régimen de confidencialidad alemán entre instituciones afectó a la detección de varias infracciones. En general, la Comisión pide reforzar y armonizar las competencias de las autoridades supervisoras, aumentar su transparencia o clarificar su independencia respecto a las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, la Comisión cree que la respuesta no solo debe quedar en el ámbito de supervisión, sino que debe llegar dentro de las empresas. Por ello, pone el foco también en los auditores legales que validan los números que las compañías presentan a los mercados. El documento recuerda que la “legislación de la UE” ahora no fija “requisitos de responsabilidad de los auditores legales en caso de negligencia grave o irregularidades intencionadas” durante sus trabajos. “Niveles suficientemente altos o una responsabilidad ilimitada del auditor pueden proporcionar un incentivo para evitar que se hagan concesiones durante las auditorías legales”, señala el informe de trabajo.
El documento recuerda que, como respuesta al caso Wirecard, Alemania ha impuesto responsabilidades a los auditores. Sin embargo, los límites —entre cuatro y 16 millones de euros— se antojan escasos tras el hundimiento de una empresa con una capitalización bursátil de 20.000 millones de euros. Bruselas propone que en el futuro se puedan contemplar unas responsabilidades con “límites adecuados” o sin ellos.
Sin embargo, el propio documento advierte de que “el aumento de la responsabilidad del auditor” podría conducir “a una mayor concentración del mercado de auditoría” al “excluir firmas de auditoría más pequeñas”, que “podrían no estar en condiciones de pagar un seguro de indemnización profesional más oneroso”.
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