La Comisión Europea avanza para restar poder a Rusia y apartarla del espacio de influencia en las infraestructuras críticas de la UE. Bruselas plantea prohibir que ciudadanos rusos ocupen cualquier cargo en los órganos de gobierno de entidades de infraestructuras cruciales de los 27 Estados miembros. La medida impedirá la presencia de personas rusas en las cúpulas de empresas de energía (como de gas, petróleo y electricidad) y transportes (desde empresas de ferrocarril a compañías de transporte marítimo), por ejemplo, consideradas estratégicas por las legislaciones nacionales y comunitarias, según el borrador del décimo paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania preparado por la Comisión Europea al que ha tenido acceso .
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“La influencia de Rusia en tales infraestructuras y entidades podría poner en peligro su buen funcionamiento y, en última instancia, constituir un peligro para la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos europeos”, dice la propuesta de Bruselas. “Las infraestructuras y entidades críticas, como proveedores de servicios esenciales, desempeñan un papel indispensable en el mantenimiento de funciones sociales vitales o actividades económicas en el mercado interior en una economía de la Unión cada vez más interdependiente”, justifica la Comisión, que además busca obligar a los bancos a dar información sobre los activos del Banco Central ruso y quiere imponer multas a individuos o empresas que no informen sobre los activos congelados de rusos.
Cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, la Comisión Europea ultima un nuevo paquete de medidas restrictivas que incluirá nuevos productos tecnológicos, químicos e industriales en la lista negra de importaciones y exportaciones por valor de unos 11.000 millones de euros, según la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen. Con la inclusión de equipos de rayos X, todo tipo de conductores y semiconductores, piezas para aviones no tripulados, el caucho o incluso de químicos como el pentobarbital sódico (y otros productos químicos que pueden usarse con fines letales), Bruselas busca seguir restando potencial a la maquinaria de guerra rusa y tratar de evitar que el Kremlin utilice y reconvierta en militares productos de uso civil.
A esas medidas —que analizarán este miércoles los representantes de los Estados miembros y que todavía pueden cambiar porque necesitan la aprobación de los socios— el Ejecutivo comunitario y el alto representante para Política Exterior y Seguridad de la UE, Josep Borrell, buscan añadir otra de gran calado: que se imponga también la prohibición de proporcionar capacidad de almacenamiento de gas a ciudadanos rusos, personas físicas que residan en Rusia o personas jurídicas o entidades establecidas en Rusia (con la excepción de que sea indispensable para garantizar el suministro de energía crítica). “Esto es necesario para evitar que Rusia convierta su suministro de gas en un arma y los riesgos de manipulación del mercado que serían perjudiciales para el suministro energético crítico de la Unión”, dice el borrador del décimo paquete de sanciones contra Moscú.
Esta iniciativa busca terminar de desenganchar a la UE no solo del gas ruso, sino de la enorme red participada por oligarcas de la órbita del Kremlin dentro de las estructuras energéticas europeas, donde han tenido intereses en empresas vinculadas a gasoductos o energéticas. Sin embargo, puede resultar una tarea compleja, lenta y burocrática porque estas personas pueden tener buenas pantallas: a finales del año pasado el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el público ya no puede acceder a los datos sobre los propietarios reales de las empresas. Hay unas 31.000 empresas en Europa (sobre todo en el sector inmobiliario, la construcción, la hotelería, el sector financiero y energético) con beneficiarios rusos, según un estudio de la herramienta europea Datacross. Hasta 1.400 de esas firmas son, incluso, propiedad de personas sujetas a sanciones —fundamentalmente oligarcas—, que pueden ocultar su propiedad o control de empresas a través de intermediarios.
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A finales de septiembre, como parte de otro de sus paquetes de sanciones, la UE ya prohibió que ciudadanos de la Unión formen parte de los consejos de administración de las empresas estatales rusas, una medida diseñada para personas como Gerhard Schröder, excanciller alemán y lobista del presidente ruso en la UE.
Multas a quien ayude a evadir las sanciones
Las nuevas sanciones añadirán a la lista negra otro centenar de personas y entidades, que verán sus activos congelados en la UE y tendrán prohibido pisar el territorio de cualquiera de los 27 Estados miembros. Los nuevos nombres incluirán a varios propagandistas rusos, a personas vinculadas con empresas de defensa, con el ejército y también implicadas en la maquinaria de ocupación rusa de Ucrania, según fuentes diplomáticas. También plantea añadir a esa lista tres de los mayores bancos rusos: Alfa Bank, Rosbank y Tinkoff Bank. Además, por primera vez, se añadirán a la lista de sanciones siete empresas iraníes que están proporcionando artículos sensibles a Rusia (no necesariamente artículos militares) que el Kremlin está usando en su guerra en Ucrania. “Estamos listos para enumerar más entidades iraníes y de terceros países”, ha dicho este miércoles Von der Leyen en un videocomunicado. “Esto debería actuar como un fuerte elemento disuasorio para otras empresas y comerciantes internacionales”, ha añadido.
Lla Comisión Europea plantea también multas para quienes ayuden a evadir las sanciones o no proporcionen la información sobre los bienes y activos que requiere la normativa comunitaria. Un esfuerzo más para tratar de evitar que Rusia sortee las restricciones. El objetivo es rastrear a los oligarcas que tratan de ocultar o vender sus activos para escapar de las sanciones pero también conocer donde están, cuantos son los activos congelados para su posible uso en la financiación de la reconstrucción de Ucrania, como estudia ahora la UE.
El Kremlin, que ya ha empezado a notar en sus arcas el zarpazo de las sanciones occidentales (entre otras, las restricciones al petróleo ruso), se está moviendo cada vez más para puentearlas a través de empresas pantalla, acuerdos con terceros países (desde Turquía hasta India) y exportaciones e importaciones cruzadas. Sin embargo, el déficit ruso alcanzó los 1,76 billones de rublos en el primer mes del año (unos 22.400 millones de euros al inestable cambio actual). En enero, los ingresos totales se hundieron más de un 35% interanual, y los gastos se dispararon casi un 59% por la voracidad de su maquinaria bélica en Ucrania.
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