La Comisión Europea ha lanzado varias medidas legales que buscan impulsar las políticas medioambientales a rebufo de la cumbre climática de Glasgow, la COP26. La más ambiciosa es la regulación contra la deforestación, que entre 1990 y 2020 ha engullido en todo el mundo 178 millones de hectáreas de bosques, tres veces la superficie de Francia. La norma pretende cerrar el paso al mercado único a los seis productos que más impacto están teniendo en este proceso de degradación (soja, cacao, café, aceite de palma, carne de vaca y madera, y sus derivados) si no se demuestra que no proceden de suelo deforestado después del 31 de diciembre de 2020 y cumplen las exigencias legales de los países origen. Las otras dos consisten en una regulación sobre el transporte de residuos y el plan sobre la conservación del suelo hasta 2030.
Que la regulación contra la deforestación es la más ambiciosa, lo prueba que cada año a la Unión Europea llegan importaciones por valor de unos 60.000 millones de las materias primas afectadas por esta norma o sus derivados (chocolate, muebles, cuero), una cantidad equivalente al pago de seis meses de pensiones en España. También que, según calculan en el Ejecutivo comunitario, la medida conllevará una reducción de 31.900 millones de toneladas métricas de carbono cada año y eso tiene aparejado un ahorro de 3.200 millones de euros.
Las tres propuestas que ha puesto sobre la mesa la Comisión este miércoles cuelgan de la estrategia medioambiental de la UE para el quinquenio 19-24, el llamado European Green Deal. Esta es, probablemente, la principal apuesta del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, con permiso de la recuperación económica tras el mazazo del coronavirus a la actividad, y tiene un gran objetivo: reducir un 55% en 2030 las emisiones de gases con efecto invernadero. “Nuestra regulación responde a la llamada de los ciudadanos a minimizar la contribución europea a la desforestación y busca promover el consumo sostenible”, ha señalado Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión encargado de coordinar esta estrategia. “Debemos dejar de exportar polución”, ha completado el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius.
Las iniciativas deben pasar por la Eurocámara y el Consejo Europeo, antes de convertirse en un texto legal definitivo. Las dos primeras son regulaciones, lo que supone que una vez tengan el visto bueno de las dos instituciones que se encargan de legislar no deberán trasponerse en los Estados miembros.
La Comisión se ha basado en investigaciones científicas y recopilación de datos para seleccionar las materias primas señaladas, según los documentos divulgados tras la reunión del Colegio de Comisarios. No obstante, esta lista no es definitiva y, si la propuesta finalmente entra en vigor, se realizaría una primera revisión a los cinco años y posteriormente cada tres. Así lo ha argumentado Sinkevičius cuando se le ha preguntado por qué no se han contemplado otros productos como el caucho. También ha señalado que la selección inicial incluye derivados de estas materias primas como el cuero, el chocolate o los muebles, en total son varias decenas de referencias.
Acreditación de los exportadores
La Unión Europea exigirá a los importadores que acrediten que estos productos no proceden de ningún territorio deforestado después del 31 de diciembre de 2020, cumplen con las normas legales del país productor y tienen una auditoría en la que se detallan cuestiones como las coordinadas del área de origen, lo que permite rastrear si es cierto lo que se alega.
A pesar de ser una regulación y no una directiva, la propuesta deja margen para la actuación de los Estados, ya que el régimen de sanciones recae en ellos. No obstante, el proyecto sí que deja claras los principios que deben seguir las multas: tienen que ser proporcionales al daño causado y, al mismo tiempo, disuasorias. Y, además, fija el suelo de la sanción, que en los casos más graves no podrá bajar del 4% de la facturación para que así no compense infringir la norma. También se contempla la incautación de los productos y de lo ingresado, así como la exclusión de la firma operadora de los procesos de contratación pública.
A la hora de valorar lo aprobado en Bruselas, las organizaciones ecologistas dan una de cal y otra de arena. Destacan que “la Comisión Europea se ha convertido en el primer regulador importante del mundo en dar este paso”, apunta la organización FERN, dedicada a la defensa de los bosques, “pero su propuesta todavía tiene importantes lagunas. En particular, se basa en las leyes de los países productores para determinar si los bienes están vinculados a violaciones de los derechos humanos, como la apropiación de tierras. En un país como Brasil, esto significaría depender del Gobierno de Bolsonaro para proteger los derechos indígenas, algo que no logra”.
Otra de las regulaciones planteadas busca estimular la economía circular y acabar con el transporte de residuos ilegales fuera de la Unión Europea. Las cifras que ha puesto sobre la mesa Timmermans indican que la exportación de residuos fuera de la Unión Europea ha crecido un 75% desde 2004. Además, se estima que entre el 15% y el 30% del volumen total corresponde a tráfico ilegal de residuos, una cantidad que asciende a 9.500 millones en una especie de mercado negro.
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