La Comisión Europea fiscaliza desde hace años la gestión que realiza España de sus basuras, una de las prioridades en materia medioambiental que se han fijado las instituciones comunitarias, preocupadas por los impactos que generan algunos residuos como los plásticos. Bruselas acaba de abrir un expediente a España por no trasponer la directiva de 2019 de plásticos de un solo uso, que incluye la prohibición de la venta de una serie de productos como bastoncillos para los oídos, cubiertos y platos y pajitas para beber. Este veto debería haber entrado en vigor el pasado 3 de julio en toda la Unión Europea, pero España no ha aprobado todavía la ley de residuos, la norma que permitirá que se aplique esta medida, con lo que de nuevo está incumpliendo la legislación comunitaria en un tema medioambiental.
La ley de residuos —que también incluye dos nuevos impuestos para impulsar el reciclaje y reducir los envases de plástico— se está tramitando en el Senado en estos momentos. El plazo de enmiendas terminó ayer tras llegar a la Cámara alta después de una complicada votación en el Congreso. Porque la norma fue aprobada por una mayoría diferente a la de la investidura de Pedro Sánchez: salió adelante gracias a los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Más País y con la abstención del PP. Pero los independentistas catalanes de ERC, PDeCAT y la CUP votaron en contra. Y, según fuentes socialistas, el rechazo de ERC a esta ley se mantiene en el Senado, con lo que su tramitación está abierta. Las mismas fuentes calculan que en abril podría estar aprobada la norma para, de nuevo, ser votada en el Congreso.
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El rechazo de ERC está motivado por el nuevo impuesto estatal que la ley fijará para gravar el depósito de los residuos en los vertederos y la incineración. España tiene un problema porque el principal destino de las basuras es precisamente ese, el vertedero, y no el reciclaje y la reutilización. Una decena de comunidades autónomas cuentan en España con este tipo de tasas, entre ellas Cataluña. Pero la Comisión Europea ha pedido a España en varios informes que implante un impuesto estatal que armonice esta fiscalidad para que los residuos no viajen entre comunidades autónomas para esquivar los impuestos. ERC se niega a perder el control de este tributo, pero el Ministerio de Hacienda ha transmitido a Esquerra en varias ocasiones que no es posible incluir una excepción para Cataluña en un impuesto estatal, según fuentes conocedoras de estas negociaciones. El otro impuesto que se incluye en la ley que se está tramitando es el que grava los envases de plástico, que también está recogido en otra directiva europea.
El expediente que acaba de abrir Bruselas contra España por no prohibir las pajitas y otros productos de plástico de un solo uso no es el único. Hay otros dos más referidos a los residuos: en junio pasado la Comisión dio un ultimátum a España para que trasponga otra directiva de 2018 que recoge, entre otras medidas, los nuevos objetivos de reciclaje hasta 2035. Si España persiste en incumplir también esta directiva de hace cuatro años, la Comisión llevará al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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En el caso de los productos de plástico de un solo uso, el expediente está todavía en una fase inicial, que se abrió el 27 de enero con un escrito enviado por la Comisión al Gobierno advirtiéndole de esta infracción. En concreto, el incumplimiento hace referencia a la directiva 2019/904, que establece la prohibición de comercialización de 10 productos de plástico no reutilizables, los que con mayor frecuencia acaban contaminando el medio ambiente. Además de los ya mencionados (bastoncillos, el menaje y las pajitas) el veto afecta a los agitadores de bebidas, palitos de globos, vasos, recipientes de poliestireno expandido para alimentos y bebidas y todos los productos fabricados con plástico oxodegradable (que se descomponen naturalmente, pero dejan micropartículas tóxicas).
España no es el único país que está en situación de incumplimiento de esta directiva; hay otros 14 países expedientados de la UE por este mismo motivo. Aunque solo Polonia, Eslovenia, Malta, Luxemburgo y Chipre no han aplicado todavía iniciativa alguna para incorporar a su legislación esta norma europea. Otros, entre los que están Bélgica, Finlandia, Irlanda y Portugal, sí que han dado algún paso, pero no suficiente para que Bruselas no les haya expedientado. Mientras que Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Croacia y Hungría sí han hecho los deberes.
En junio pasado, cuando se acercaba la fecha en la que se debía haber implantado la prohibición de comercialización de los productos de plástico de un solo uso, la Subdirección General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica difundió una “nota informativa” en la que daba a entender que el veto sí entraría en vigor el 3 de julio en España a pesar de que no estaba lista la ley. Ante el desconcierto en el sector, el ministerio sostuvo que estaba estudiando si la directiva era de aplicación directa, algo que solo prevé la normativa comunitaria para los reglamentos. Finalmente, Bruselas deja claro con la reciente apertura del expediente que España debería haber aprobado hace siete meses ya la ley que traspone la directiva.
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