El Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), que el Consejo de Ministros envió a Bruselas el martes, se ha convertido en la primera piedra de toque de esa especie de Plan Marshall o New Green Deal para reactivar la economía del que viene hablando el Ejecutivo desde que decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus. El plan prevé unas inversiones de 241.000 millones de euros, de los que el 80% provienen de la iniciativa privada, y la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos entre 2021 y 2030.
El texto enviado está en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE). El documento se modificará —y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas— en aquellos aspectos que pudieran resultar necesarios tras finalizar la evaluación ambiental y el análisis de las consultas recibidas.
El texto contiene las directrices generales y recoge las inversiones contempladas para desarrollar la descarbonización de la economía. Las medidas incluidas elevan del 21% al 23% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Pero para llegar a esos objetivos es necesario un ambicioso programa de inversiones.
El plan estima la movilización de 241.400 millones entre 2021 y 2030, que se destinarán al impulso de las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia y a electrificación y redes. El 80% de esa cifra corresponde al sector privado. El 20% restante serán inversiones de las distintas Administraciones públicas, incluyendo financiación europea, que activarán la inversión privada a través de actuaciones asociadas fundamentalmente al fomento del ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que estima que el plan posibilitará que el PIB aumente en un 1,8% en 2030 respecto a un escenario sin medidas.
Según las previsiones oficiales, el empleo neto aumentaría entre 250.000 y 350.000 personas. Se trata de un incremento del 1,7% respecto a un panorama sin las medidas del PNIEC, y que puede ser mayor tras el impacto de la crisis sanitaria en las empresas. Las inversiones en renovables generarían entre 107.000 y 135.000 empleos en 2030; las dedicadas al ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000, y las de redes y electrificación de la economía, unos 46.000. Indirectamente, el cambio energético creará hasta 118.000 empleos.
Menos petróleo y carbón
Las medidas, además de elevar del 21% al 23% la reducción de emisiones, lograrían que el uso final de la energía sea del 42% renovable, así como que el 74% de la energía eléctrica sea verde. El plan prevé, asimismo, 58,8 gigavatios (GW) nuevos de potencia renovable (39 GW solar fotovoltaica; 22,3 GW eólicos; 5 GW solar termoeléctrica; 0,8 GW biomasa; 0,5 GW hidráulica), frente a los 57,1 GW nuevos de potencia renovable que preveía el borrador anterior.
La menor importación de combustibles fósiles —en especial, petróleo y carbón— y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del país, que pasará del 74%, según el dato de 2017 (último disponible), al 61% en 2030.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señala en una nota que la situación “requiere un esfuerzo colectivo grande para ir recuperando la actividad económica poco a poco”. Y agrega: “No será de un día para otro, pero tenemos que ir preparando oportunidades. Y para eso es fundamental identificar dónde podemos activar medidas con más potencial y menos coste, cómo podemos dar señales de inversión y estímulo que nos ayuden a tener un efecto positivo cada vez más amplio”. En ese contexto, localiza la preparación de las medidas en materia de transición ecológica, energética, digitalización, eficiencia, mejores ciudades, mejores entornos o mejor movilidad.
Transición justa y pobreza energética
El PNIEC incorpora medidas en materia de transición justa y pobreza energética. En este sentido, se incluye la participación local en proyectos renovables, el fomento de la energía renovable a partir de biomasa o la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial. De igual modo, se proponen instrumentos para garantizar a los consumidores el derecho a consumir, producir, almacenar y vender su propia energía renovable mediante la generación distribuida, la gestión de la demanda, el fomento de las comunidades energéticas locales, así como medidas específicas destinadas a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización. Al respecto, hace hincapié en el potencial de la rehabilitación energética de edificios y del autoconsumo.
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