La Comisión Europea está empeñada en atraer mano de obra cualificada y con habilidades profesionales demandadas en Europa. El Ejecutivo comunitario pretende lograr este objetivo aligerando los trámites y, en consecuencia, rebajando también los costes que asumen las empresas a la hora de contratar. Para ello, prevé aprobar este miércoles una comunicación en la que plantea la reforma de dos directivas que “no han cumplido totalmente con los objetivos para los que fueron adoptadas”, según el borrador del documento que verá el Colegio de Comisarios al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La propuesta forma parte de una de las asignaturas pendientes en Bruselas, encalladas por las grandes diferencias entre los Estados miembros. El órgano que encabeza Ursula von der Leyen busca un nuevo pacto sobre migración y asilo, en el que la “migración legal es una parte esencial”, señala el documento.
Los cambios que se plantean al Consejo de la UE y a la Eurocámara en la regulación actual pasan por una reforma que “racionalizará el procedimiento de solicitud y lo hará más eficaz”. El objetivo es acortarlo. En la actualidad, explica el borrador de 26 páginas, el proceso puede alargarse hasta tres meses y eso “disuade a los empresarios de la contratación internacional”. Este cambio afecta a la directiva conocida como de “procedimiento único de solicitud”.
El otro cambio está ligado a la directiva que regula la concesión de permisos de residencia permanente o de larga duración. Concretamente, se permitirá que se acumulen todos los periodos de estancia legal en un país, independientemente del objeto para el que se haya concedido. Es decir, si un migrante procedente de un país que no es miembro de la UE llegó con permiso de estudiante y posteriormente con otro de trabajo, ambos periodos podrán sumarse para acceder a un permiso de larga duración.
Fórmulas para atraer talento
Junto a los cambios normativos, la Comisión también propone fórmulas para “atraer talento”, que es un “uno de los aspectos clave […] del nuevo pacto de migración y asilo”. Esas fórmulas “deben combinar el apoyo directo a los planes de movilidad para el trabajo o la formación con el desarrollo de capacidades y la inversión en capital humano, incluido el desarrollo de capacidades, la educación y formación profesional”. El borrador incluso señala países en los que estas herramientas deberían empezar a estar listas “a finales de 2022″: Egipto, Marruecos y Túnez.
Ambas medidas buscan “aumentar el atractivo de la UE”, facilitar el desplazamiento de mano de obra por los distintos países del club comunitario “y solucionar la escasez de mano de obra en la UE”. Porque si algo queda claro en la comunicación elaborada por los departamentos que dirigen el vicepresidente Margaritis Schinas y la comisaria de Asuntos Interiores, Ylva Johansson, es que Europa tiene un problema de mano de obra, y que ese problema irá a más en el futuro.
El documento explica que ahora los Veintisiete tienen ya problemas para encontrar trabajadores en 28 actividades que emplean a 27 millones de trabajadores. Esta situación se agudiza en 19 de estas actividades, que se corresponden con fontaneros, albañiles, carpinteros, conductores de camiones, mecánicos, electromecánicos, programadores informáticos y de aplicaciones web, ingenieros civiles, enfermeras, asistentes sanitarios o médicos especialistas. No obstante, también apunta a que no todos los países viven la situación con la misma urgencia, que esta sería mayor en Francia, Bélgica, Alemania, Hungría, Holanda o Irlanda, entre otros.
Y si ese es el escenario actual, la cosa puede agravarse en el futuro por el envejecimiento de la sociedad europea. La Comisión señala que, si la situación no cambia en las próximas décadas, el porcentaje de población en edad de trabajar se acercará al 56%, con lo que la ratio de dependencia (relación entre quienes están activos en una sociedad y quienes no, niños y ancianos) empeorará y, por tanto, puede lastrar la economía y la productividad. Algunos países como Lituania o Letonia están viviendo este proceso con especial intensidad: entre 2015 y 2019 perdieron un 7,1% y un 6,3% de su población en edad de trabajar, respectivamente.
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