El ataque migratorio orquestado por Bielorrusia contra las fronteras de la UE va a marcar un punto de inflexión en la gestión europea del derecho al asilo. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que se autorice un trato excepcionalmente duro con los potenciales refugiados en Polonia, Letonia y Lituania, los tres socios de la UE utilizados como objetivos por el régimen de Aleksandr Lukashenko. Por primera vez, el organismo comunitario esgrime el mecanismo de emergencia del Tratado de la UE sobre política migratoria para endurecer las normas de asilo. Bruselas quiere dejar claro que los socios europeos dispondrán de la flexibilidad necesaria para contener los flujos migratorios provocados por gobiernos hostiles, como el de Minsk, aunque la UE se exponga con ello a ser acusada de saltarse los convenios internacionales sobre el derecho al asilo.
La propuesta de la Comisión incluye mantener en la frontera a los aspirantes al asilo, prolongar hasta cuatro meses la tramitación de las solicitudes y devolver de manera expeditiva a quienes vean rechazada su petición. El proyecto de decisión necesita la aprobación por mayoría cualificada en el Consejo de la UE, donde se sientan los 27 gobiernos del club. Y, en principio, Bruselas solo quiere que esté en vigor durante seis meses, como medida preventiva ante nuevos ataques híbridos por parte de Lukashenko, como el traslado orquestado de migrantes a las fronteras de Bielorrusia con la UE. La medida es temporal, pero renovable si fuera necesario. Y tiene visos de convertirse en el patrón de comportamiento de la UE ante futuras crisis migratorias que sean calificadas como intencionadas.
“Ya dijimos la semana pasada que nuestra respuesta a las acciones sin escrúpulos del régimen bielorruso sería implacable”, ha señalado el conservador Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, al presentar el proyecto en una rueda de prensa. La comisaria europea de Interior, la socialista Ylva Johansson, ha asegurado que “los tres países [Polonia, Letonia y Lituania] quieren cumplir con la normativa comunitaria”, pero han “pedido una cierta flexibilidad”.
Para introducir los cambios temporales en la gestión de las peticiones de asilo, la Comisión Europea ha esgrimido el artículo 78.3 del Tratado de la UE, que permite al Consejo adoptar medidas provisionales “si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países”.
Ese artículo se invocó por primera vez en la crisis migratoria de 2015, cuando el éxodo sirio alcanzó a la UE procedente, sobre todo, de Turquía. Sin embargo, entonces se utilizó como base legal para impulsar el reasentamiento de 160.000 migrantes llegados a Grecia y Turquía mediante unas cuotas obligatorias de reparto que nunca llegaron a cuajar. Signo de los tiempos, en esta ocasión no se invoca para facilitar la acogida de las personas llegadas a territorio comunitario, sino para blindar la frontera e impedir su entrada, o facilitar su expulsión.
Las críticas a ese planteamiento ya han comenzado, incluso en el seno del Consejo. Algunas fuentes diplomáticas apuntan a que “Bruselas está dando por sentada la tesis polaca de que la crisis con Bielorrusia merece una respuesta excepcional y ajena a las normas sobre política migratoria”. La consideración de la llegada de migrantes a través de Bielorrusia como un ataque híbrido permitiría, según ha defendido Varsovia, aplicar medidas excepcionalmente duras a las personas instrumentalizadas por Lukashenko, al que se acusa de impulsar la llegada de extranjeros para llevarlos a la frontera polaca o lituana con el fin de crear inestabilidad.
“Suspender las garantías europeas del asilo no solo estaría mal moralmente, sino que también representa una capitulación total frente a las tácticas de chantaje utilizadas por Bielorrusia y sus aliados”, ha lamentado Ludovic Voet, secretario de la Confederación Europea de Sindicatos.
El vicepresidente Schinas, sin embargo, ha defendido sin ambages la utilización del artículo 78.3 para facilitar una respuesta contundente al asalto fronterizo provocado por Minsk. “Después de 30 años dedicados al proyecto europeo me siento muy a gusto y orgulloso de activar instrumentos firmemente anclados en la ley europea”, ha señalado. “No entiendo por qué es malo utilizar la fuerza legal del Tratado, que es nuestra Constitución, nuestra fuente primaria de derecho. No estamos inventando algo arbitrario o extraño. Es la ley europea”, ha añadido Schinas. Por su parte, Johansson ha asegurado que con los cambios propuestos “no se tocan para nada los valores fundamentales”.
Los tres países sometidos a presión por Lukashenko tendrán derecho a imponer la presentación de las solicitudes de asilo en el punto de la frontera donde sean interceptados los migrantes y de impedirles cualquier movimiento hacia el interior. También podrán prolongar hasta cuatro semanas el periodo de registro de las solicitudes de asilo, un plazo fijado normalmente entre 3 y 10 días.
La tramitación del procedimiento podrá prolongarse hasta 16 semanas, lo que, de facto, según el proyecto aprobado por la Comisión, “ayudará al Estado miembro a aplicar durante mayor tiempo la ficción de la no entrada, lo que proporcionará mayor flexibilidad para lidiar con el aumento de la carga de trabajo”.
Polonia, Letonia y Lituania estarán obligadas a facilitar alimento y alojamiento a las personas varadas en sus fronteras mientras se resuelven los procedimientos. Pero estarán exentas de aplicar la directiva de retorno cuando deban devolver a las personas cuya solicitud haya sido rechazada, lo que facilitará salidas más expeditivas.
Bruselas reconoce que se trata de “medidas de naturaleza extraordinaria y excepcional”. Pero las considera imprescindibles para poner freno a la creciente utilización de los flujos migratorios como medida de presión sobre la UE. Turquía ya amagó el año pasado con desencadenar una crisis alentando la salida de refugiados sirios hacia territorio europeo. Y Marruecos provocó a principios de este año una entrada masiva e irregular de miles de personas, muchas menores de edad, en el territorio español de Ceuta.
En el caso de Lukashenko, el ataque se inició el pasado verano contra las fronteras de Lituana. Y se extendió después hacia Letonia y Polonia. Desde primeros de año hasta el pasado 21 de noviembre, entraron de manera irregular en los tres países 7.831 personas frente a las 257 que lo hicieron en 2020, según los datos facilitados por la Comisión Europea. Las peticiones de asilo en Lituania ascienden ya a 2.676 frente a 315 el año pasado; en Letonia, a 579 (frente a 180 en 2020) y en Polonia, a 6.730 (frente a 2.785 el año pasado).
Bruselas cifra en 42.741 los intentos de cruzar la frontera frustrados por las autoridades de los tres países objeto de la presión de Lukashenko. Y calcula que unos 10.000 migrantes procedentes de terceros países se encuentran en Bielorrusia, expuestos a ser utilizados por el régimen bielorruso. Y las llegadas a territorio bielorruso, según Bruselas, se siguen produciendo a diario a pesar de que los esfuerzos diplomáticos de la Comisión han logrado detener la mayoría de los vuelos procedentes de Turquía, Irak y países de Oriente Próximo.
Schinas reconoce que con el drástico cambio en las normas de asilo “en cierto modo” se está “apagando un fuego”. Y admite que para defender a la UE “de amenazas híbridas” se necesita “también inteligencia, diplomacia, información adelantada, antenas, presencia sobre el terreno”. Pero el organismo comunitario considera imprescindible la adopción de su propuesta para dejar claro a los países hostiles que la presión migratoria no dividirá a la UE. “Cuando ocurre como ayer [por el martes], que el dirigente militar de Sudán amenaza a Europa con poner a gente de camino hacia nosotros, alguien tiene que reaccionar inmediatamente y advertir a estos dirigentes autoritarios que tratan de instrumentalizar el sufrimiento de seres humanos”, defiende el vicepresidente de la Comisión.
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