Ninguna de las etapas de la salida del Reino Unido fue apacible. Y el pos-Brexit no está siendo menos agitado. Las exigencias de Londres para obtener cesiones drásticas y rápidas sobre el protocolo de Irlanda del Norte, que mantiene la libre circulación con este territorio británico pese al divorcio, han puesto en guardia a Bruselas, que rechaza dar marcha atrás a ese pacto, con el que evitó una frontera física en la isla. Pese a las tensiones desatadas en la región británica, fuentes comunitarias afirman que la UE no renuncia a la “plena implementación” de ese acuerdo.
Las tensiones fronterizas entre la UE y el Reino Unido han llegado a Irlanda del Norte. La UE decidió esta semana retirar temporalmente a sus funcionarios de los puertos de la región británica donde están previstos los controles aduaneros entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña después de que en Belfast y Larne aparecieran pintadas amenazantes que los señalaba como “objetivos”. Londres tiene claro que se trata de una consecuencia del traspié —rápidamente rectificado— de Bruselas de decidir imponer un control sobre las exportaciones de vacunas desde la República de Irlanda al lado británico de la isla mediante un mecanismo de seguridad del Acuerdo de Retirada. Pero Bruselas cree que ese patinazo, que cometió a raíz del conflicto con la farmacéutica AstraZeneca, no está detrás del malestar de un ambiente en barrios unionistas que la policía de la región define como “febril”.
La metedura de pata de la Comisión ha brindado al Gobierno de Boris Johnson una oportunidad de oro para reclamar una renegociación del protocolo sobre Irlanda del Norte, uno de los capítulos políticamente más espinosos para Londres del acuerdo del Brexit. El ala dura del Partido Conservador y los unionistas norirlandeses del DUP han incrementado la presión sobre Johnson para que se deshaga de ese pacto, que implica desplazar la frontera entre el Reino Unido y la UE hacia el mar de Irlanda. “No ha funcionado, no puede funcionar y, de acuerdo a las propuestas que hemos enviado al Gobierno británico, debe ser reemplazado”, escribió la primera ministra de Irlanda del Norte y líder del DUP, Arlene Foster, en The Daily Telegraph.
El pasado miércoles por la noche, el jefe de Gabinete de Johnson, Michael Gove, pedía por carta al vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic varias concesiones para calmar los ánimos en Irlanda del Norte. “Esperaba una respuesta firme [en la región], pero la reacción ha sido mucho más negativa de lo previsto”, decía en la misiva Gove, que cuenta con rango ministerial. “Entre todos los partidos políticos, la sociedad civil y las organizaciones empresariales de Irlanda del Norte se ha vivido una sensación de conmoción y rabia”, añadía. En concreto, el jefe de Gabinete de Johnson pidió prolongar el periodo de gracia de los controles aduaneros de determinadas mercancías, que expira el 1 de abril, hasta junio de 2023 y, en el caso de la carne, cambiar las reglas de juego de forma “permanente”.
Bruselas, que cree que el Reino Unido no debería demorar más la exigencia de esos controles, aceptó tras una reunión por videoconferencia entre Gove y Sefcovic en la que ambas partes “trabajarán de inmediato de manera intensa para encontrar soluciones a los problemas pendientes”. Sin embargo, fuentes diplomáticas critican el tono de la misiva de Gove, que podría ser interpretada incluso como un ultimátum. Gove sostiene en la carta que, “si no es posible acordar una vía en la que proseguir” de la forma en la que propone, “el Reino Unido considerará el uso de todos los instrumentos a su disposición”. Y acaba exigiendo a la UE “un reinicio urgente”. Johnson ya había amenazado en la Cámara de los Comunes con invocar él mismo el polémico artículo de los acuerdos que Bruselas amagó con usar.
Seguimiento del acuerdo
La Comisión Europea emplaza cualquier conversación a la comisión mixta de seguimiento de los acuerdos. Los líderes de ese comité, Gove y Sefcovic, se reunirán la semana que viene en Londres. Para entonces, según fuentes comunitarias, el jefe de Gabinete de Johnson debería haber recibido una respuesta a su carta. Fuentes diplomáticas afirman que circunscribir las conversaciones a esa comisión es una forma de advertir al Reino Unido de que en ningún caso se aceptará revisar a fondo del protocolo de Irlanda.
La Comisión Europea, de hecho, se propone frenar la ofensiva de Johnson para modificar los pactos alcanzados in extremis en diciembre valiéndose del tropiezo de la Comisión Europea al invocar el controvertido artículo 16 del protocolo. Bruselas, según estas fuentes, contaba con que debería emplearse a fondo en la gestión de los desencuentros a cuenta de las distintas interpretaciones del Acuerdo de Retirada. La negativa de Londres de dar reconocimiento diplomático al representante de la UE ya fue vista como toda una declaración de intenciones que confirmó ese temor.
Sin embargo, la Comisión no esperaba que el Reino Unido pusiera sobre la mesa, al menos tan pronto, una renegociación de un acuerdo que fue el resultado de complejísimos equilibrios entre ambas partes. “Seguimos comprometidos con la plena aplicación del protocolo”, sostuvo este jueves una portavoz comunitaria.
Con la misma firmeza que Bruselas se expresó el Gobierno de Irlanda, uno de los actores principales en la crisis desatada en los últimos días. “Debemos decir a la gente la verdad. El protocolo no se va a eliminar. Debemos dar con el modo de que sea útil para todos y que se desplieguen al máximo las flexibilidades que contempla, para que los intercambios comerciales sean los más fluidos posible”, señaló Simon Coveney, ministro de Exteriores de Irlanda, a la BBC.
Una portavoz de la Comisión Europea habló de buscar “soluciones pragmáticas”. Pero estas salidas, según fuentes comunitarias, no tienen por qué pasar necesariamente por demorar los periodos de gracia, ahora de entre tres y seis meses, que se dio para exigir que los productos que lleguen a Irlanda del Norte tengan los debidos documentos que certifiquen que cumplen con los requisitos europeos de seguridad alimentaria a causa de la presión de las grandes multinacionales británicas. “La UE quería compartir el mercado único y la unión aduanera, pero eso fue rechazado”, afeó Coveney a Londres.
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