La Comisión Europea sigue vigilando muy de cerca a Hungría y a Polonia por sus continuos incumplimientos en materia de independencia judicial, la corrupción vinculada a las élites del poder y los ataques a la sociedad civil, en especial al colectivo LGBTIQ, según se desprende del último informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, publicado este miércoles. El documento, que recorre los 27 Estados miembros y contiene munición contra todas las capitales de la UE, dispara con mayor intensidad contra Budapest y Varsovia, capitales con las que Bruselas mantiene una tensa relación desde hace años por sus graves incumplimientos de valores centrales de la UE, su deriva antidemocrática y su cuestionamiento del ordenamiento jurídico comunitario.
A Polonia, en concreto, Bruselas le recuerda la necesidad de “abordar las graves preocupaciones relacionadas con la independencia judicial” y “la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE [TJUE]” y “los procedimientos de infracción relacionados con el Estado de derecho”, además de refrescarle la memoria en cuanto a las exigencias sobre la reforma de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, incluida entre los compromisos del plan de recuperación, recién aprobado después de más de un año en el aire.
A Hungría, contra la que la Comisión activó en abril el llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta para salvaguardar los fondos europeos de los incumplidores en materia de valores europeos, le reclama que establezca “un sólido historial de investigaciones, procesamientos y sentencias definitivas en casos de corrupción de alto nivel”; que garantice “la independencia y la eficacia de las investigaciones y los enjuiciamientos”, además de abordar “el amplio alcance de las inmunidades de los altos cargos” y reclamar que se abstenga de introducir “cláusulas de impunidad en la legislación”. También le exige que refuerce las normas sobre los lobbies y mecanismos de mayor transparencia “en las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos y los diputados”. Y muestra una especial preocupación por el contexto en el que se desenvuelven los medios de comunicación.
Vera Jourova, comisaria europea de valores y una de las manos detrás del informe, aseguraba este martes en un encuentro con periodistas que el documento trata de “cubrir toda una serie de cuestiones en todos los Estados miembros”, y no solo en Hungría y Polonia, a pesar de que estos dos son los países a menudo en el disparadero. “Creo que hay algo en cada familia”, añadió, “siempre se encuentra algo que se puede mejorar en cada Estado miembro”.
El informe cubre cuatro áreas clave en las que se desenvuelven los valores de la UE: la independencia de los sistemas judiciales, el marco de la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y los controles y equilibrios institucionales. Esta tercera edición es la primera que incluye, además, recomendaciones específicas a los Estados miembros, cuyo objetivo es “apoyar […] los esfuerzos para llevar adelante las reformas en curso o previstas” y “ayudarles a identificar dónde pueden ser necesarias mejoras”, en palabras del informe.
Una de las preocupaciones centrales del documento está relacionada con los organismos del poder judicial en varios Estados, entre ellos España, donde “persiste la preocupación por los retrasos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se ha vuelto a pedir que se modifique el sistema de nombramiento [de esa institución]”.
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Este apartado, en cualquier caso, coloca en un lugar notablemente destacado a Polonia y Hungría, en el punto de mira del brazo Ejecutivo de la UE desde hace años; según señala el documento, son dos países en los que “no se han abordado los problemas estructurales o sistémicos”. En Polonia, explica el documento, siguen sin poner remedio a “las graves preocupaciones sobre la independencia del Consejo Nacional del Poder Judicial”, a pesar de que estas se han planteado en varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La inquietud de Bruselas se ha mostrado en un largo tira y afloja, que se remonta a 2017, con la activación del artículo 7 del Tratado de Lisboa, el llamado botón nuclear de la UE, que permite suspender los derechos de voto de los Estados miembros en caso de graves atropellos en materia de derechos y libertades. Este procedimiento, en cualquier caso, se ha quedado estancado en el Consejo de la UE (el órgano que representa a los Gobiernos de los Veintisiete) por la elevada mayoría que requiere y por la capacidad de Varsovia de hacer una defensa a dúo con Hungría, el otro hermano díscolo: el socio contra el que el Parlamento Europeo también pidió activar el mismo procedimiento del artículo 7 en 2018.
En Budapest, señala la comunicación de la Comisión, “el Consejo Nacional de la Magistratura sigue teniendo dificultades para contrarrestar los poderes de la Oficina Nacional del Presidente del Poder Judicial en lo que respecta a la gestión de los tribunales”. El texto recuerda que “el método de nombramiento de los jueces puede tener un impacto clave en la independencia judicial y en la percepción pública de la independencia”, e indica que para garantizar la independencia judicial, los procedimientos que rigen los nombramientos “deben ser suficientes para evitar dudas razonables sobre la impermeabilidad de los jueces respecto de factores externos y sobre su neutralidad”.
Si en Polonia preocupan los “nombramientos específicos del Tribunal Supremo” objeto de sentencias clave de la justicia europea, en Hungría el foco se coloca sobre “la posibilidad de tomar decisiones discrecionales en materia de nombramientos y ascensos judiciales, incluida la elección del presidente del Tribunal Supremo, la asignación de casos y las primas”.
El informe recuerda que Varsovia se comprometió en junio a reformar el régimen disciplinario de los jueces, cuyo uso para minar la independencia de la judicatura se encuentra en el centro de la pelea con Bruselas; a cambio, la Comisión Europea dio su visto bueno al plan de recuperación de Polonia, más de un año después de que el país del Este presentara su solicitud para recibir los multimillonarios fondos europeos destinados a luchar contra el zarpazo de la pandemia. Entre los hitos del plan de recuperación se encuentra un calendario preciso para desmantelar la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, que en teoría debe haber sido acometida antes de julio (en estos momentos, la Comisión se encuentra valorando si efectivamente las reformas planteadas por Varsovia cumplen con lo estipulado). Pero Bruselas denuncia que, de momento, y a pesar de las sentencias del TJUE, “la sala disciplinaria [del Supremo polaco] siguió decidiendo sobre casos relacionados con los jueces, incluso suspendiéndolos en el cargo”.
Bruselas activó esta primavera por primera vez el llamado mecanismo de condicionalidad para proteger los fondos europeos y lo hizo precisamente contra Hungría por asuntos relacionados con la corrupción, tal y como anunció la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una comparecencia en la Eurocámara en abril. Pero esta herida sigue sin cerrarse en el país, a juicio del informe: “Se han abierto algunos nuevos casos de corrupción de alto nivel”, denuncia el texto, “pero la falta de un historial sólido de investigaciones, procesamientos y sentencias definitivas de acusaciones de corrupción que afectan a funcionarios de alto nivel y a su círculo más cercano sigue siendo una grave preocupación”. En este tira y afloja, Hungría sigue negociando con el Ejecutivo de la UE la aprobación de su plan de recuperación contra el zarpazo de la covid, algo a lo que se sigue resistiendo Bruselas precisamente por sus incumplimientos en este campo.
Además, el informe denuncia el agravamiento de la situación para la sociedad civil, con “un posible efecto amedrentador”. En Polonia, señala, “el espacio cívico se ha deteriorado aún más y un reciente proyecto de ley podría tener un impacto negativo adicional”. En Hungría, añade, “la sociedad civil independiente sigue estando bajo presión y las organizaciones que representan a la comunidad LGBTIQ denuncian haber sido objeto de campañas de desprestigio lanzadas por el Gobierno, mientras que el papel del Estado en la financiación de la sociedad civil plantea dudas”.
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