El Tribunal Constitucional de Polonia dirime desde este martes una consulta del Gobierno de Mateusz Morawiecki que amenaza, según la Comisión Europea, con socavar los cimientos jurídicos de la UE. El primer ministro polaco ha pedido a la máxima autoridad judicial de su país que verifique la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.
Bruselas teme que Polonia incurra en desacato hacia la máxima corte europea si el fallo del Constitucional, previsto para este martes, pero aplazado al jueves, avala las tesis del Gobierno de Morawiecki sobre la primacía del derecho polaco sobre el europeo. La revuelta polaca ha aprovechado el precedente de una reciente sentencia del Constitucional alemán, que el año pasado se permitió desmarcarse de un veredicto del Tribunal europeo favorable a las compras de deudas del BCE. El fallo de Karlsruhe, sede del Constitucional alemán, desencadenó un choque frontal entre la poderosa corte alemana y la europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reaccionó airada a la decisión del Constitucional alemán de cuestionar la primacía de la justicia europea. Pero tardó más de un año en iniciar un proceso de infracción contra Alemania. Y en ese tiempo, la sentencia alemana ha desencadenado el efecto dominó que se temía, con Polonia como primer país en zarandear la estructura jurídica de la UE siguiendo el ejemplo de Karlsruhe.
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El aplazamiento del caso polaco durante 48 horas ha permitido un alivio momentáneo en la Comisión Europea. Pero, de momento, parece apenas una tregua de cortesía porque ha coincidido con la presencia este martes de Morawiecki en Bruselas para una cena de trabajo con Von der Leyen. La cita tenía previsto abordar las consecuencias del Pacto Verde de lucha contra el cambio climático, al que Polonia se resiste por su impacto en la industria y en la producción energética. Pero la sombra del caso ante el Constitucional pesaba sobre un encuentro marcado por la creciente falta de entendimiento entre Bruselas y Varsovia.
La Comisión reclamó en junio al Gobierno polaco que retirase la consulta judicial. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, advertía poco después que de consumarse la rebeldía polaca contra el Tribunal europeo podría desencadenarse una espiral “que destruya la Unión [Europea]”. Y el antiguo Defensor del pueblo polaco, Adam Bodnar, contrario a las tesis euroescépticas del partido gobernante (el PiS, dominado por Jaroslaw Kaczynski), ha advertido este martes que si el Constitucional avala el incumplimiento de las sentencia europeas “estará jugando con fuego, un fuego que más pronto o más tarde desembocará en la salida de Polonia de la UE”.
El desafío de Varsovia llega tras numerosos enfrentamientos con Bruselas por las reformas del poder judicial. La Comisión considera que los cambios introducidos ponen en peligro la independencia de los jueces y atentan contra los principios del Estado de derecho. Bruselas ha abierto sucesivos expedientes de infracción para frenar las intenciones del Gobierno polaco y ha denunciado hasta en tres ocasiones a Polonia ante el Tribunal europeo. Este mismo jueves, los jueces europeos tienen previsto pronunciarse sobre la última denuncia que acusa a la normativa polaca de un exceso de arbitrariedad en la supervisión de la actividad de los jueces y de amenazarles con expedientes disciplinarios si remiten alguna consulta al Tribunal europeo. En los dos casos anteriores, la corte europea falló en contra de Varsovia.
Polonia parece ahora dispuesta a rebelarse contra unos veredictos que le impiden proseguir una deriva iliberal similar a la que lidera Viktor Orbán en Hungría y que cuenta con numerosos ejemplos también fuera de la UE, con la Rusia de Vladimir Putin como principal referencia para los regímenes con tentaciones autoritarias.
El representante del Gobierno polaco en la sesión del Constitucional de este martes ha afirmado que “la constitución [polaca] ocupa el puesto más elevado en la jerarquía de los actos legales. No es posible delegar a una autoridad exterior al estado la competencia de emitir dictámenes que socaven la Constitución”.
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