La paciencia se le ha agotado a Bruselas. La Comisión Europea ha comunicado este martes a Polonia que comenzará a deducir de sus fondos europeos la multa impuesta por negarse a cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenó a Varsovia clausurar una mina de carbón en Turów, cerca de la frontera con Alemania y la República Checa. La suma de este primer mordisco sancionador asciende a unos 15 millones de euros.
Se trata de una decisión inédita porque la Comisión nunca se había enfrentado a un caso semejante. “Es la primera vez que un Estado miembro no paga una multa impuesta por el TJUE”, asegura un portavoz. Y el movimiento de Bruselas podría además servir de referencia para los otros frentes del embrollado rifirrafe judicial entre el Ejecutivo comunitario y el díscolo vecino del Este, a cuenta del Estado de derecho y el sometimiento de Varsovia a la arquitectura jurídica de la UE.
Los 15 millones del primer sopapo económico de Bruselas a Varsovia corresponden al primer mes de incumplimiento desde que el tribunal de Luxemburgo decretara en septiembre de 2021 que Polonia debería hacer frente a una multa de 500.000 euros diarios. El motivo era que Varsovia se negaba a cumplir una sentencia de la justicia europea dictada en mayo de ese mismo año que exigía el cierre de una mina a cielo abierto de lignito en Turów.
El tribunal europeo entendió que esta mina debía cesar la actividad debido a que afecta a las aguas subterráneas que discurren hasta la República Checa. Pero Varsovia se ha negado a su cierre alegando que la explotación, que nutre una planta de generación eléctrica, es clave para la estabilidad energética del país.
Bruselas tiene previsto hacer efectiva la decisión en 10 días, que empiezan a contar desde este martes. El precedente supone un paso decisivo en la batalla de Bruselas por meter en vereda a Varsovia, con quien lleva años enfrentándose por el incumplimiento del Estado de derecho, una guerra cuya intensidad ha crecido en los últimos meses.
Castigo por menoscabar la independencia de los jueces
En octubre, un mes después de imponer la multa por el caso de la mina, el TJUE tomó el mismo camino sancionador y obligó a Polonia a pagar a la Comisión Europea un millón de euros al día por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, tal y como le reclamaba la justicia europea.
Este órgano, que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas, se encuentra en el centro de la batalla política y judicial con Varsovia. La decisión de Luxemburgo obtuvo como respuesta una creciente retórica rupturista por parte de Polonia, cuyo Tribunal Constitucional llegó a cuestionar la primacía del derecho comunitario, lo que sitúa al país al borde de la ruptura jurídica con la Unión.
A la batalla judicial y a los diversos procedimientos de infracción iniciados por Bruselas para poner coto a la deriva de Polonia, se suma la refriega sobre los fondos de recuperación, con la que el Ejecutivo comunitario pretende estrechar aún más el cerco en torno al Gobierno de Mateusz Morawiecki. El polaco es uno de los pocos planes del fondo creado para atajar la crisis de la pandemia que aún no ha sido aprobado. Suma 36.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos.
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