Bruselas se mantiene firme en su estrategia de no ceder ni un milímetro en la tensa batalla que mantiene con Polonia a cuenta del Estado de derecho. La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un procedimiento de infracción contra este país al considerar que su Tribunal Constitucional “desafió expresamente” la primacía del derecho comunitario. Este órgano emitió dos sentencias, una en julio y otra en octubre, que han provocado un terremoto institucional y han colocado al socio del Este al borde de la ruptura legal con la UE.
Las cuestionadas decisiones del máximo garante de la Constitución polaca dictaminaron que varios artículos de los tratados europeos son inconstitucionales en su país y cuestionaron la obligación de cumplir las disposiciones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Con la última de ellas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, perdió la paciencia y aseguró que haría todo lo que estuviera en su mano para vencer el pulso: “No vamos a tolerar que se pongan en riesgo nuestros valores comunes”, le espetó al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki en un debate en el Parlamento Europeo.
Dudas sobre la imparcialidad
“La Comisión tiene serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional y considera que ya no cumple los requisitos de un tribunal previamente establecido por ley, como exige el artículo 19.1 del Tratado de la UE”, ha incidido el Ejecutivo comunitario este miércoles a través del comunicado con el que ha anunciado el inicio del procedimiento. Este precepto de los tratados, que coloca al TJUE en lo alto de la arquitectura jurídica de la UE y obliga a los Estados miembro a garantizar la tutela judicial efectiva de sus ciudadanos, es precisamente uno de los cuestionados por Varsovia en sus sentencias.
“Consideramos que estos casos incumplen los principios generales de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia”, ha considerado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una comparecencia, al anunciar el golpe de Bruselas. “La UE es una comunidad de valores y de derechos, y los derechos de los europeos bajo los tratados han de ser protegidos, con independencia del lugar en el que vivan”.
La iniciativa del Ejecutivo comunitario, que ha tardado más de dos meses en mover esta ficha, trata de colocar contra las cuerdas al Gobierno polaco, mientras ambas partes siguen negociando la reforma de su sistema judicial, un requisito indispensable para que la Comisión apruebe el plan de recuperación polaco. Bruselas pide que Varsovia desmantele la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que vulnera la independencia de los jueces, según estima Bruselas. Ahora el Gobierno polaco tiene dos meses para responder a la notificación formal del Ejecutivo comunitario.
A finales de octubre, el Tribunal de Justicia de la UE obligó a Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa de un millón de euros al día por no paralizar las actividades de esta sala disciplinaria del Tribunal Supremo. Esta medida, adoptada por la justicia europea para evitar que el “control político” de los jueces pueda causar un “perjuicio grave e irreparable”, mientas el órgano siga en marcha, tiene también su origen en la larga batalla del Ejecutivo comunitario para frenar la deriva iliberal de Polonia.
De algún modo, el embrollo judicial y político entre Varsovia y la Comisión recuerda a una liosa madeja que siempre gira en torno a lo mismo —la independencia judicial, el Estado de derecho— y a la que se van sumando capas con cada movimiento en el tablero. Toda acción tiene una reacción y los procedimientos se van sumando a las sentencias, y estas a las medidas cautelares, y estas a su vez a las multas y sanciones, formando una complejísima amalgama de la que es fácil perder el hilo.
Las dos sentencias contra las que Bruselas ha planteado el procedimiento de infracción este miércoles tienen como fondo las reformas del sistema judicial de Polonia, que Bruselas trata de meter en vereda desde 2019, al considerar que trata de incrementar el control político de los jueces. El Gobierno de Varsovia, en cambio, saca las uñas y asegura estar defendiendo su país de la intromisión creciente de una UE con vocación centralizadoras que se inmiscuye en los asuntos internos.
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