El presidente Nayib Bukele ha recrudecido su ofensiva contra los medios de comunicación de El Salvador. El Congreso del país centroamericano aprobó el martes una reforma al Código Penal que amenaza con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes de pandilleros en la prensa salvadoreña, en momentos en que el Gobierno mantiene el controvertido estado de excepción impuesto por el mandatario dentro de su denominada guerra contra las pandillas, que ha dejado hasta el momento casi 7.000 pandilleros detenidos. Bukele ha echado mano de la historia de la Segunda Guerra Mundial para justificar esta nueva medida: “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, ha escrito en Twitter.
La legislación persigue “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” y establece penas de entre 10 a 15 años de cárcel a “quienes por medio de las Tecnologías de la Comunicación e Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general”.
El mandatario se reunió en la madrugada de este miércoles con su gabinete de seguridad, el fiscal general y el presidente del Parlamento para, según la información de la Presidencia salvadoreña, “discutir acciones que se implementarán” con la entrada en vigencia de la reforma penal, que, según el oficialismo, persigue los mensajes de “grupos terroristas”. La reforma fue aprobada por la aplanadora bukelista en el Congreso, con 64 votos a favor, de un total 84 curules. La pequeña oposición se mostró contraria a esta iniciativa, que ha sido catalogada como censura. También han mostrado preocupación organizaciones de periodistas y organismos de derechos humanos. Bukele ha respondido a las críticas, también en Twitter: “Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por la reforma, que califican como “un claro intento de censura a los medios de comunicación”. Para los reporteros salvadoreños, “prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de esas personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco les hará desaparecer”. APES también afirma que “el trabajo periodístico ha sido fundamental para comprender el impacto de las pandillas, los grupos criminales que han desangrado al país durante décadas. Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conocieron que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas. O que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición a Estados Unidos”.
Organismos internacionales también han criticado la reforma. Desde Human Rights Watch temen que pueda ser utilizada por el Gobierno para perseguir a voces críticas en El Salvador. “Esta reforma es la última de una serie de leyes punitivas sancionadas por la Asamblea Legislativa que violan estándares internacionales de derechos humanos”, ha advertido Juan Peppier, investigador de HRW. “La ley contiene disposiciones amplias que podrían utilizarse fácilmente para perseguir a críticos y criminalizar a los medios independientes, por lo que resulta incompatible con las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de la libertad de expresión”, ha alertado en declaraciones a EL PAÍS.
La nueva medida de Bukele se da mientras su Gobierno mantiene tensas las relaciones con Estados Unidos, que ha rechazado la declaratoria del controvertido estado de excepción. Este miércoles, un portavoz de la Casa Blanca ha pedido al mandatario que revoque la medida. “Urgimos al Gobierno de El Salvador a considerar con cuidado cómo implementa las medidas derivadas del actual estado de excepción y que rescinda ese estado de excepción tan pronto como lo permita la situación”, ha dicho el funcionario tras ser preguntado por la agencia EFE. “También pedimos a las fuerzas de seguridad, incluida la Policía y los funcionarios de prisiones, que observen y protejan los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluidas las personas detenidas”, ha añadido.
Bukele, sin embargo, mantiene su posición sin inmutarse, aupado por un amplio apoyo popular y por la respuesta positiva de los salvadoreños a sus acciones contra las maras, integradas por unos 70.000 pandilleros. El mandatario ha afirmado que la jornada del martes cerró sin homicidios y que, según datos de la Policía salvadoreña, ese día fueron capturados 566 terroristas en el país. “El total de capturas que se han obtenido es de 6,894, en 11 días de #GuerraContraPandillas, 10 de los cuales hemos contado con régimen de excepción”, se felicitó la institución en Twitter. La información, cómo no, fue retuiteada por Bukele, con un: “Seguimos”.