El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desatado una nueva crisis política en El Salvador al impedir que se desbloqueen los archivos militares relacionados con la matanza de El Mozote, ocurrida en 1981 y en la que fueron asesinados en manos de militares más de 1.000 campesinos en uno de los capítulos más oscuros de la guerra civil que desangró a ese país centroamericano. Tanto el Ejecutivo como el Ejército desobedecieron una orden judicial emitida por el juez Jorge Guzmán para la inspección de los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa pobre comunidad salvadoreña.
El 21 de septiembre los militares negaron el ingreso tanto al juez como a sus peritos a la sede del Estado Mayor del Ejército, mientras que el mandatario ha justificado su decisión afirmando que esta obedece a la protección de documentos de inteligencia y a un asunto de seguridad nacional. El juez Guzmán ha advertido a Bukele de que “las decisiones judiciales no se negocian, se imponen”, mientras que las víctimas y sus familiares han exigido a la Fiscalía salvadoreña que abra una investigación contra el mandatario por desacato.
El juez Guzmán ha retado públicamente al mandatario salvadoreño, que ha denigrado el trabajo del judicial al acusarlo de estar ligado al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla que se enfrentó al Ejército en la guerra civil que causó más de 70.000 muertes en El Salvador. “El juez no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada. Los archivos los he desclasificado yo porque nadie más tiene el poder de desclasificarlos”, declaró el 25 de septiembre el presidente, quien además denunció un complot político contra su Administración tanto del FMLN, de la derechista Alianza Republicana Nacional (Arena), de los medios de comunicación, organizaciones de víctimas de la guerra, la Asamblea Legislativa e incluso de parte de congresistas estadounidenses que han criticado la deriva autoritaria del mandatario.
En una extensa entrevista concedida al periódico digital El Faro —cuya redacción ha denunciado constantes ataques del mandatario y amenazas de parte de funcionarios de su Gobierno—, el juez Guzmán advirtió al presidente que “la diligencia se va a realizar bajo todas las previsiones legales posibles” y desmonta el alegato presidencial sobre el peligro a la seguridad nacional. “No se ha sabido explicar hasta este momento en qué forma pondría en peligro la seguridad nacional”, explicó el judicial. “No se iba a llegar a darle vuelta a todo y a sustraer planes militares recientes. De ninguna manera. Eso solo me lleva a pensar que, lamentablemente, parece que ni el señor presidente ni el ministro de Defensa se empaparon o no leyeron el contenido de las resoluciones que oportunamente se les enviaron. En la primera resolución, se delimitó con toda claridad la clase de documentos que se pretendía encontrar: planes militares y cualquier documento administrativo o logístico que tuviera relación con la organización, planificación y ejecución de la operación Rescate de Morazán, dentro de la cual supuestamente se cometió la masacre El Mozote”, agregó Guzmán, quien ha pospuesto para el 12 de octubre la diligencia para escarbar en los archivos militares.
En medio de la controversia desatada por la decisión del mandatario salvadoreño están las víctimas del conflicto armado, quienes el viernes se presentaron ante la Fiscalía de El Salvador para exigir que se investigue a Bukele por “actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia”, al obstaculizar una orden judicial. “Es grave ver llegar a un funcionario civil al Estado Mayor y que militares le desobedezcan”, afirma Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto y quien además forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra.
“Las declaraciones del presidente son una muestra más de que no toma en serio la dignidad de las víctimas, la magnitud del proceso judicial y lo relevante que es el juzgamiento contra quienes han perpetrado una de las peores masacres de Latinoamérica. Estas declaraciones del presidente protegen a criminales de guerra, a quienes cometieron de delitos de lesa humanidad”, explica Castro en entrevista telefónica.
Las víctimas de la guerra civil esperan que el juez pueda seguir con el proceso y que Bukele no interfiera en él. “Esta es una posibilidad de contribuir al camino hacia la justicia y la verdad que merecemos las víctimas. El presidente nos impide nuestro derecho a la verdad. Irrespeta recurrentemente las garantías de no repetición. La herida es muy grande y dolorosa y el Estado debe ser el primero en garantizar que hechos como los de El Mozote no se repitan”, afirma Castro.
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