La persona que ocupe este cargo, supervisará las condiciones físicas del recinto histórico, y también dará seguimiento y, en su caso, ejecutará las instrucciones del jefe del Ejecutivo.
A través de un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) crear una nueva unidad administrativa denominada Gobernador de Palacio Nacional.
De acuerdo con el documento, quien ocupe este cargo tendrá que supervisar las condiciones físicas del recinto histórico, y también dará seguimiento y, en su caso, ejecutará las instrucciones del jefe del Ejecutivo relacionadas con la protección, conservación, restauración y/o mantenimiento a las instalaciones del lugar.
Otras funciones de la plaza serán plantear a la Conservaduría de Palacio Nacional la elaboración de estudios y propuestas para la asignación de áreas y optimización de espacios en el recinto, en particular aquellos en donde el presidente resida y lleve a cabo sus actividades.
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Al mismo tiempo, gestionará la obtención de insumos necesarios para el cumplimiento del acuerdo, además de aquellas funciones que le encomiende el primer mandatario.
En el texto, López Obrador destaca que el cargo de Gobernador de Palacio Nacional fue importante a mediados del siglo XIX. Actualmente, el Reglamento Interior de la SHCP establece que la Conservaduría de Palacio Nacional es la unidad administrativa dependiente de la Oficialía Mayor, que se encarga de la protección, conservación y restauración de las áreas, objetos y colecciones que se encuentran en el inmueble.
Se prevé que el acuerdo entre en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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El texto también refiere que el monto económico que se necesiten para llevar a cabo el cumplimiento de este acuerdo, se indica, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la SHCP.
Se precisa que la dependencia encabezada por Arturo Herrera, contará con un plazo de 60 días naturales a la entrada en vigor del acuerdo para realizar las adecuaciones al marco jurídico aplicable.
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