Este viernes, tras años de lucha de familiares y defensores por conseguir justicia para Ernestina Ascencio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará en audiencia pública la responsabilidad del Estado Mexicano en este caso por impericia, impunidad y encubrimiento.
A 13 años y medio del caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de 73 años que murió tras sufrir una violación tumultuaria por militares, en 2007, este viernes 4 de diciembre se llevará a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ernestina, originaria de Tetlatzingo, en Soledad Atzompa, Veracruz, presuntamente fue violada por elementos del Ejército mexicano, pues antes de morir, unas horas después del ataque, la mujer señaló como sus agresores a “hombres vestidos de verde”; los dictámenes periciales confirmaron el delito, pero a la fecha no ha habido justicia.
A principios de este año, incluso, el médico legista Juan Pablo Mendizábal sostuvo que la mujer fue agredida sexualmente y que los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar la versión de los peritos y se dijo que la adulta mayor había fallecido por gastritis, según publicó Aristegui Noticias en un reportaje de la periodista Norma Trujillo.
Desde el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y ha realizado algunas recomendaciones al Estado Mexicano. Pero la impunidad continúa.
Acusa a sus agresores
El 25 de febrero de 2007, Ernestina habría sido atacada sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. La noche del 24 de febrero de ese año, los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzingo, en el municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de Veracruz. Incluso, eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.
Los familiares de Ernestina la encontraron gravemente herida, a unos 300 metros del campamento militar. Antes de perder el conocimiento, pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, “los vestidos de verde”, como les dicen en la sierra de Zongolica a los soldados. Esas fueron sus últimas palabras.
La mujer falleció en la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros”, confirmadas en la necropsia realizada en el hospital, en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).
Los familiares de Ernestina y funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual y se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.
Hijas de Ernestina Ascencio
Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz, declaró en un principio que se haría justicia. Sin embargo, después, el 13 de marzo, se unió al pronunciamiento de Felipe Calderón, quien afirmó que Ernestina murió por “gastritis crónica”.
El 30 de abril, la PGJV concluyó que la muerte de Ernestina Ascencio no se debió a “factores externos” y dictaminó el no ejercicio de la acción penal el 17 de mayo de 2007.
El 27 de junio de ese año, la procuraduría determinó archivar la investigación, por no acreditarse ninguna responsabilidad del personal militar. No se dio a conocer la investigación 26Zm/04/2007 realizada por la Procuraduría Penal Militar.
El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, también asumió la causa de muerte por “gastritis”.
Las autoridades de Veracruz cuestionaron y sancionaron a los peritos que habían dado fe de la violación sexual. El propio exprocurador de Justicia, Emeterio López Márquez, había afirmado que los militares no estaban a salvo del fuero común, declaraciones que de un día para otro cambiaron.
Sin embargo, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y las declaraciones del procurador estatal, Emeterio López Márquez, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.
La Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzingo, que contaba con 90 elementos.
“Desde el reconocimiento exterior se pudo ver que existían las evidencias de que la persona había sido golpeada”, explica el legista Mendizabal. “Tenía golpes en los brazos, en los antebrazos, tenía golpes en la cabeza. En el reconocimiento genital se aprecia claramente el escurrimiento de lo que en ese momento presumimos fuese líquido seminal. Con la toma de muestras en el laboratorio de la capital del estado, se comprobó y demostró que se trataba de líquido seminal, eso le correspondió al departamento de química forense. Lo recuerdo porque ellos manifestaron que se habían encontrado tres cromosomas del al menos tres tipos, eso implicaba el acceso de por lo menos tres personas”.
Señala que, posteriormente, los médicos fueron citados en la Ciudad de México en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Percibimos que ya había un arreglo entre el gobierno federal y el gobierno del estado, ahí se inició la conversión de la resolución de la Procuraduría a asumir que la señora no había sido violentada”, dijo Mendizabal meses atrás.
Patricia Benítez, integrante del Centro de Estudios y Servicios Municipalistas (CESEM), después de agotar las instancias nacionales para solicitar que se diera a conocer la versión pública del expediente de investigación sobre el crimen de Ernestina, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional denunció que Ernestina en su condición de mujer indígena, pobre, adulta mayor, no tuvo acceso a atención médica oportuna. Fue estigmatizada y se determinó el cierre de la investigación deficiente y quedó el caso en la impunidad.
La CIDH consideró que las autoridades tenían conocimiento de la muerte de la señora y de los alegatos de la violación sexual a manos del 63 Batallón.
Además, determinó que las agresiones físicas y sexuales por agentes del Estado representarían violaciones al derecho a la vida, integridad, garantías judiciales, honra y protección judicial, entre otros.
Este viernes, de nuevo, tras años de lucha con pruebas, peritajes, alegatos y testimonios, la CIDH analiza la responsabilidad del Estado Mexicano por impericia. impunidad y encubrimiento, durante una audiencia pública en la cual estarán representantes de las organizaciones demandantes.
Con información de Norma Trujillo Báez