México busca nuevas formas de realizar votaciones de contratos de trabajo que se requieren bajo una reciente reforma laboral, dijeron funcionarios este martes, luego de que un polémico sufragio en una planta de General Motors (GM) atrajo el escrutinio de Estados Unidos sobre los derechos laborales.
Las autoridades mexicanas encontraron “irregularidades graves” durante una votación realizada en abril en una planta de pick-ups de GM en Silao, Guanajuato.
En dicha votación los trabajadores debían elegir si querían mantener su actual contrato colectivo.
En un esfuerzo por evitar que se repita un escenario similar, México está buscando dar a inspectores más poder para monitorear la elección, como parte de varios cambios que se están considerando en medio de la presión de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el país latinoamericano.
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“Sin duda, la experiencia que tuvimos en el caso de General Motors Silao demostró la necesidad de seguir robusteciendo este instrumento, y acompañarlo con otros“, dijo Esteban Martínez, titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante un panel virtual con oficiales de comercio y trabajo de Estados Unidos y Canadá.
La Secretaría del Trabajo informó que también planea permitir que los inspectores no sólo puedan observar la votación de forma silenciosa, sino que también puedan “asumir un papel proactivo”, incluida la suspensión del proceso si detectan irregularidades o actos potencialmente ilegales.
Además, se está estableciendo un requisito para que los resultados sean válidos solo si la mayoría de los trabajadores acuden a las urnas, detalló Martínez. Añadió que algunos sindicatos podrían optar por no realizar una votación y dejar que expiren sus contratos colectivos cuando anticipen que no tendrán el apoyo suficiente.
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Un objetivo clave de la reforma laboral de México, que apuntala al nuevo Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), es eliminar los llamados “contratos de protección” que dan prioridad a los intereses de las empresas y que se firman entre compañías y sindicatos a espaldas de los trabajadores.
El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos pidió a México que revisara el caso de GM, señalando posibles abusos sobre los derechos de los trabajadores que podrían violar las reglas del T-MEC.
La Secretaría Trabajo de México inició conversaciones con su contraparte de Estados Unidos para elaborar un plan de remediación bajo un mecanismo del pacto comercial y ha ordenado al sindicato de GM que repita la votación antes del 20 de agosto. (Rts)
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