Buscadoras de desaparecidos en México, invisibilizadas y agredidas

Por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez*

“Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”, gritaron aquel día rastreadoras de Guanajuato, el estado que registra más muertes violentas en México.

Un camión cargado de tierra llegó a la explanada del Zócalo de la Ciudad de México y arrojó el contenido frente al Palacio Nacional. Con esa materia, los colectivos Hasta Encontrarte, Una Luz en el Camino y Una Promesa por Cumplir simularon el hallazgo de una de las más de 2,200 fosas clandestinas que han sido localizadas durante la actual administración federal.

La protesta ocurrió a las siete de la mañana del 13 de diciembre de 2021, frente a Palacio Nacional, oficina y morada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con este acto, el grupo de rastreadoras se convirtió en representante de las más de 108,000 familias que tienen a algún desaparecido en el país. Muchas de ellas a diario toman palas y picos para escarbar en cerros, terrenos, viviendas abandonadas y hasta en parques públicos para localizarlos. Buscan cuerpos de personas desaparecidas con el propósito de que los gobiernos los identifiquen.

En México, son los colectivos (principalmente de mujeres), y no el Estado mexicano, quienes lideran las acciones para encontrar a sus familiares. En 2022, solo en 10 fiscalías de las entidades se documentaron 358 fosas clandestinas. De este total, más de la mitad (221) fueron localizadas por ellas.

Este especial periodístico realizado para varios medios mexicanos en alianza con CONNECTAS encontró que los hallazgos de fosas clandestinas son la culminación, principalmente, de los esfuerzos de búsqueda e investigación de los colectivos y no de las autoridades.

Pero, además, que mientras estos encuentran cientos de fosas anualmente en todo el territorio nacional, haciendo uso de escasos recursos y de técnicas de investigación forense que han ido aprendiendo por su cuenta, las autoridades borran o desaparecen sus hallazgos. En varios estados, estas reportan menos sepulturas que las que han dado aviso los grupos de mujeres. Solo este año, las fiscalías de 10 entidades del país dejaron de integrar en sus bases de datos 163 fosas clandestinas que 73 colectivos localizaron (vea el reportaje Desaparecer a los desaparecidos).

Por otro lado, los colectivos muchas veces son víctimas de agresiones por su labor. De 2012 a agosto de 2022, al menos 226 personas (171 mujeres y 55 hombres) sufrieron, mínimo, una agresión en represalia por las acciones de búsqueda, de acuerdo con el registro del Mecanismo de Protección. La mitad de estos, a manos de agentes del Estado. Decenas de buscadoras han tenido que desplazarse de su territorio por este motivo (vea el reportaje El monstruo de dos cabezas).

Esta crisis tiene rebasadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país, sentencia Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), que, en noviembre, solicitó a las autoridades mexicanas proteger a las buscadoras
“Las familias toman fuerza ante la inactividad de las autoridades, incluso bajo riesgos muy, muy grandes. Esto debe de cambiar. La búsqueda, ciertamente, es un derecho de las familias. Ellas tienen la potestad de hacerla, pero no hay que olvidar que es una obligación del Estado. Tiene que ser efectiva, pero también protegida”, advierte García.
La línea histórica de los datos muestra que, desde 2016, se ha incrementado el número de fosas clandestinas reportadas, según los datos oficiales de las fiscalías en 23 entidades del país. Este aumento en la estadística de inhumaciones coincide con el fortalecimiento de colectivos y el nacimiento de otros. Por ejemplo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se fundó en 2015 y en un inicio agrupó a 35 colectivos del país. Hoy, son más de 60. La Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) inició actividades de campo en 2016 en Veracruz y actualmente se conforma por 160 colectivos de 27 estados.

En México, al corte del 5 de diciembre, 108,594 personas permanecen desaparecidas. Jorge Ramírez Plascencia, sociólogo e integrante del Comité sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, compara a una persona desaparecida con una pieza de un rompecabezas: si falta, ya nada es igual.
“La desaparición de personas se tipifica como delito contra la libertad de las personas, pero sabemos que es mucho más. El concepto del rompecabezas es poderoso porque capta lo que significa una persona desaparecida: alguien único, irremplazable, sin el cual el resto pierde valor”.
Esta es una labor que han asumido principalmente las mujeres. El estudio Nosotras buscamos realizado por el colectivo de familias Por Amor a Ellxs en agosto de 2021, documentó los casos recientes en los que brindó acompañamiento. En tres meses, 133 personas solicitaron apoyo por la desaparición de un familiar. En el 85,7 por ciento de las ocasiones (114 veces), fue una mujer quien buscó ayuda.

Ellas también asumen las labores de búsqueda “por el rol social adquirido del cuidado de la familia”, analiza Lígia de Aquino, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Por su parte, Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte, enfatiza que la mayoría de los hombres deciden continuar con sus vidas y sus trabajos tras una desaparición. “Las mujeres no podemos hacer eso. Se termina la vida cuando esa persona no está. Eso nos mueve y nos hace más valientes para salir a buscarlos”.

Los informes de los colectivos reportan que cientos de buscadoras se encuentran en riesgo permanente. Las fuentes y testimonios recopilados para esta investigación coinciden en la existencia de una cifra de casos desconocidos, porque ellas, por desconfianza y temor hacia las autoridades, no denuncian las amenazas y agresiones.

Las rastreadoras exhuman el terror que se vive en el país y que las autoridades quieren ocultar, analizan los especialistas. Los colectivos de mujeres lo resumen así: “Los criminales entierran cuerpos en fosas clandestinas y nosotras los desenterramos. Las autoridades lanzan cifras que afirman que la seguridad se fortalece. Pero nosotras, con cada fosa hallada, exhibimos una realidad distinta. Somos incómodas”.

Si le interesa conocer más de la situación de las rastreadoras de desaparecidos en México, puede ingresar al especial multimedia acá.

* Esta investigación fue realizada por Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez para Pie de Página, Zona Docs, Lado B, El Sur de Guerrero, El Suspicaz, Canal 44, NTR Medios de Comunicación y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.