“Pareciera que las autoridades no se quieren comprometer para corregir este error”, dicen padres del Colegio. Su defensa señala que con este caso se busca justicia y que ésta genere un precedente para evitar casos futuros.
A dos años del sismo de magnitud 7.1 que azotó principalmente a Ciudad de México, Morelos y Puebla, padres de familia del Colegio Enrique Rébsamen expresaron que pareciera que las autoridades no se quieren comprometer para dar una solución a la tragedia que le arrebató a sus hijos.
El 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas la tierra se sacudió y una de las construcciones que se vino abajo en la capital fue la escuela que se ubicaba en la calle Rancho Tamboreo 14300, en la alcaldía Tlalpan. El saldo fueron 26 personas muertas, entre ellos 19 menores.
“Estamos muy enfocados en que no se vuelva a repetir esto, de una u otra forma lo vamos a lograr. Quisiéramos contar con el apoyo de los gobiernos locales, hemos tocado las puertas, hemos buscado que se comprometan, pero parece que no logramos que las autoridades den una solución a este problema. Hasta ahora no han podido dar un compromiso serio, parece que no lo quisieran hacer, a dos años pareciera que ya vamos retrasados en corregir este error”, señaló Rogelio Rul Albor, padre de la pequeña Valentina.
Óscar Ramón Contreras Segura, padre del menor Óscar André, también señaló su mayor interés es que se haga justicia y que las autoridades que actualmente están gobernando ayuden a que se logren las capturas de las personas que están prófugas y a girar las órdenes de aprehensión que hacen falta para los funcionarios que cometieron faltas y aún no han sido notificados.
Por su parte, Julio Carlos Gutiérrez Morales, abogado de la Barra Mexicana de Abogados y defensor de los padres del Colegio Rébsamen, comentó que el objetivo principal de este caso, es buscar justicia y que ésta genere un precedente para evitar casos futuros, y subrayó que este es un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.
Para llevar la defensa, han seguido dos vías. La primera tiene que ver con los procedimientos legales que se siguen hacia la principal responsable, que es la dueña y directora del colegio, Mónica García Villegas, y contra los servidores públicos que son corresponsables de la seguridad estructural y los directores responsables de obra.
Indicó que las acusaciones que tienen contra García Villegas, quien actualmente está presa en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, son por haber sido consciente de las irregularidades que representaba el inmueble, por haber puesto en riesgo a los menores y por haber generado en consecuencia la muerte de algunos de ellos.
“Por vía conjunta de la acción colectiva, se está buscando la reparación del daño que debe realizar ella por su parte respecto a los papás a quienes les causó un daño moral, un daño a sus sentimientos”.
El segundo es la acción colectiva que emprendieron para reunir los reclamos de daños de los padres y la demanda para realizar revisiones en las escuelas.
“Para el grupo de papás ha sido muy importante que los casos judiciales generen un precedente para que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir. Vimos por la acción colectiva, una vía para que se revisen los colegios por parte de las autoridades locales y federales, que se revisen las estructuras y que se identifiquen irregularidades”.
Sobre el tema de Frida Sofía, Rogelio Rul Albor añadió que no se le hizo justo que hayan utilizado esta tragedia informar sobre lo que había pasado en el colegio, “yo pensé al inicio que era muy emblemático porque eran niños porque eran menores, pero desde un inicio sabían quiénes eran los niños que estaban debajo de los escombros”.