El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que el organismo recibió una queja por lo ocurrido en Culiacán y exigió una investigación objetiva e imparcial.
Tras los hechos ocurridos en Culiacán, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó que se requeriría una investigación objetiva e imparcial para saber qué pasó y evitar que situaciones similares se repitan.
Al inaugurar el Séptimo Foro Nacional Sumemos Causas, dijo que más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones, a fin de evitar una mayor pérdida de vidas, la improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo.
En este sentido, precisó que el precio más alto lo pagó la población civil, los policías y elementos de las Fuerzas Armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiera arrojado un resultado distinto.
“Se requeriría una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada”.
González Pérez informó que la Comisión recibió un escrito digital donde piden iniciar una queja respecto a los hechos en Culiacán, para saber qué sucedió y cómo se vio expuesta la población, la cual está en espera de ser ratificada.
Argumentó el Estado no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir, y ésta no puede ser objeto de negociación, ni las autoridades deben condicionar su actuación.
“El que el Estado busque la conciliación y la pacificación en el país, lo cual es encomiable, no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a su suerte a los servidores públicos encargados de hacer valer la ley y defender las instituciones”.
De hecho, detalló, respetar y hacer que la ley se respete no puede confundirse con represión, dado que el uso legítimo, debido y conforme a estándares internacionales de la fuerza es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan.
El titular de la CHDH aseguró que no viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza haciendo un uso adecuado de la misma, por el contrario, los violenta quien aduciendo un mal entendido respeto de los derechos fundamentales renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene como autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos.
También consideró que una vez superada la expectativa que generó la creación de la Guardia Nacional, “los hechos nos demuestran que, si bien puede ser parte decisiva en la solución de los problemas de violencia e inseguridad del país, no constituye por sí misma la solución.
“No podemos seguir postergando la discusión y revisión de lo que pasa con nuestras policías, y qué tipo de instituciones necesitamos y queremos en este ámbito. Recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones requiere también recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en las policías”, finalizó. (Notimex)