El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue registrado como aspirante a la candidatura presidencial de la alianza opositora Va por México, pero no llevó a cabo el trámite personalmente.
En cambio, su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, acudió en su nombre para registrarlo con aspirante para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio Por México, sobrenombre con el cual ha designado la coalición su proceso interno para elegir al candidato presidencial con el fin de no violar los tiempos previstos en la ley para el arranque de las elecciones presidenciales en 2024.
“En representación está toda su familia: están sus hijos, está su madre y está su servidor”, declaró el político a medios al salir del registro.
La coalición opositora Va por México arrancó su proceso interno para definir a su candidato presidencial rumbo a 2024 el pasado lunes 4 de julio, con el registro de sus primeros aspirantes.
Hasta el momento se han registrado la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el activista a favor de los niños con cáncer, Israel Rivas, el exdiputado panista Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, la senadora Beatriz Paredes y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Cabeza de Vaca ya había revelado sus aspiraciones presidenciales desde marzo, cuando anunció que se registraría como candidato.
Actualmente, el exgobernador es investigado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada durante su gestión.
Debido a dichas indagaciones se había emitido una orden de aprehensión el año pasado, pero esta fue cancelada por un juez federal que le ofreció un amparo por considerar que no existían elementos de prueba para imputar ambos delitos.
Con ello se le ofreció protección de la justicia al exmandatario tamaulipeco contra la sentencia en la que se le acusaba de estar involucrado en una operación de compraventa y transferencia de inmuebles junto con el empresario Juan Francisco Tamez Arellano y el contratista del gobierno de Tamaulipas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú.
Tras la noticia, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al Juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, de actuar como defensor del exgobernador de Tamaulipas.
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