La fiscalía mexicana carece de un registro histórico fiable de fosas clandestinas. Cada vez que alguien solicita información al respecto, la respuesta varía. Al menos así ocurre para el periodo 2000-2015. Es una de las conclusiones del estudio Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, coordinado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, apoyado por la organización Artículo 19 y la Comisión Mexicana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos.
Los investigadores toman el año 2014 como caso de estudio. Valiéndose de la ley de acceso a la información, que obliga al Estado mexicano a entregar datos a la ciudadanía, pidieron cifras de fosas clandestinas y cuerpos hallados en las fosas durante ese año. En la primera solicitud la fiscalía respondió: 65 fosas y 21 cuerpos. Luego hicieron otra solicitud, ¿cuántas fosas ubicaron en 2014? ¿Cuántos cadáveres? La respuesta: 101 y 213.
Los académicos no se explicaban el motivo de la variación, pero buscaron solicitudes parecidas de otros ciudadanos, que justo se hubieran interesado por esos mismos datos durante el mismo periodo. Encontraron otras cuatro. Y a excepción de dos, que coincidían entre sí, las otras dos obtuvieron datos distintos de los demás.
¿Cuántas fosas clandestinas ubicó la fiscalía mexicana en 2014? No se sabe.
El académico Carlos Dorantes explica que la discrepancia trasciende a 2014. De la primera solicitud de información del estudio a la segunda la variación es brutal. Los investigadores pidieron datos de fosas y cuerpos de 2000 a 2015. En total, la diferencia es de 836 cuerpos. Es decir, que ante la misma pregunta, la fiscalía dijo en un caso que había ubicado 1.589 cuerpos en 408 fosas en ese periodo de tiempo. En otro dijo que había registrado 753 en 275 fosas.
El drama de las fosas clandestinas, de los desaparecidos, de los homicidios en México alcanza una dimensión difícilmente aprehensible. La falta de datos fiables agrava el problema. Hace unos días, el Gobierno presentó el primer registro oficial de fosas, pero desilusionó porque solo contenía información de su tiempo en el poder, apenas seis meses. Desilusionó también porque sus datos no coincidían en algunos casos con los de los colectivos de familiares de desaparecidos del país, que en estos años han cursado una completísima maestría en búsqueda de entierros clandestinos.
Si no hay un registro claro de fosas, tampoco lo hay de desaparecidos. A día de hoy, como ha reconocido la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, no se sabe cuántas personas desaparecidas hay en México. Aunque los últimos datos disponibles del registro oficial hablan de decenas de miles.
Dice Carlos Dorantes, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19: “No contar con información evita que sea posible exigir rendición de cuentas, lo que se traduce en un contexto fértil para la impunidad. Es necesario que se rindan cuentas sobre las atrocidades para garantizar que no sigan ocurriendo. Lo que está detrás de este vacío que mantienen las autoridades pareciera pretender que el problema no sea nombrado ya que, al no ser nombrado, tampoco ocurre”.
Igual, el problema no atañe exclusivamente a la fiscalía federal. El contraste entre sus datos y los de las fiscalías estatales muestra diferencias inexplicables. La oficina del ombudsman mexicano publicó un informe sobre la materia en 2017 que concluía, con datos de las fiscalías estatales, que el número de fosas ubicadas en México de 2006 a 2017 eran 855 con 1.548 cuerpos. El año pasado el equipo periodístico Quinto Elemento Lab publicó un reportaje con información sobre fosas obtenida de fiscalías estatales. Entre 2006 y 2016, las autoridades, concluían, ubicaron 1.978 fosas en el país.
Otro de los puntos que tocan los investigadores apunta a la función sociológica que juegan las fosas en el contexto actual. Si antes, durante la guerra sucia, en las décadas de 1960, 1970 y 1980, “la eliminación absoluta de los cuerpos de las personas previamente detenidas y/o desaparecidas fue usada como mecanismo para generar terror, aquí postulamos que en el México actual la eliminación de los cuerpos de personas previamente desaparecidas va aparejada, de manera paradójica, con una pretensión de hallazgo”. Es decir, si antes el horror, liderado por el propio estado, era la desaparición permanente de una persona, amenaza directa a una comunidad, ahora es el hallazgo lo que constituye la amenaza y por tanto el elemento de control social. Dice Jorge Ruiz Reyes, otro de los autores del estudio: “En la actualidad, la inhumación clandestina de personas es un mecanismo pedagógico que tiene la finalidad de que los cuerpos sean encontrados y, a través de ellos, difundir terror y hacer alarde de la impunidad con la que se puede actuar en México”.
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