José Gabriel Vera, jefe de prensa de la Conferencia Episcopal (a la izquierda), y Fernando Gimenez Barriocanal, vicesecretario para asuntos económicos de la organización (a la derecha), en la presentación de los datos del IRPF del año 2020.KIKE PARA
La Iglesia católica española ingresó 295,5 millones de euros gracias a la casilla de la declaración de la renta de 2020. Son 5,5 millones menos que en 2019, que supuso el récord histórico de recaudación (301 millones). Es la primera caída de la colecta por este concepto desde 2015. Por otro lado, el número de personas que deciden aportar el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia crece (son 7.337.724, 40.078 más que el año anterior), pero la proporción sobre el total de contribuyentes vuelve a descender: son el 31,57%, la cifra más baja desde al menos 2007 (es el dato disponible más antiguo en la web de la Conferencia Episcopal Española, CEE) y supone el segundo ejercicio consecutivo en el que decrece este valor.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha echado la culpa de esta caída de la recaudación a la pandemia, cuyo impacto más severo en la economía se produjo, precisamente, en 2020 (el PIB cayó un 10,8%). “En un momento tan complejo y tan difícil se renovó el compromiso de la inmensa mayoría de los contribuyentes que ya venían marcando la casilla. Lo agradecemos profundamente”, ha indicado Barriocanal en una rueda de prensa este martes en las oficinas de la Conferencia Episcopal en Madrid. Cree que uno de los principales motivos por los que ha decrecido el volumen de contribuyentes que aportan a la Iglesia es “el aumento del número de cotizantes ocasionados por los ERTE, que reciben sus borradores sin ninguna de las casillas marcadas”. “Era lógico y previsible que en estas circunstancias se recaudase menos”, ha añadido Barriocanal. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad Aiguabella, ha indicado que la Iglesia “está haciendo más con menos”, después de repasar algunos de los “700 proyectos” con los que la institución ha ayudado a los más desfavorecidos durante la pandemia.
Los datos corresponden a la declaración de la renta de 2021, que recoge los impuestos de 2020. Entonces ya habían trascendido muchos casos de abusos sexuales en templos y colegios dirigidos por órdenes religiosas, pero el tema no estaba en el centro del debate político como ahora, por lo que no cabe suponer una relación entre ambos hechos. El escándalo de la pederastia en la Iglesia ha saltado a los titulares desde que EL PAÍS entregó un informe con 251 casos inéditos al Vaticano y a la CEE. Desde entonces se ha activado la posibilidad de una investigación pública a nivel estatal y la propia CEE ha encargado a un despacho de abogados que audite la actuación de la Iglesia ante este problema y elabore “una completa documentación de los casos históricos”.
Barriocanal no ha contestado cuando se le ha preguntado si cree que la pederastia hará mella en la colaboración de los contribuyentes. Se ha limitado a decir que “es verdad que hay informaciones que son negativas, no hay por qué ocultarlo, pero frente a ellas está todo el trabajo que está haciendo la Iglesia” en favor de las personas con menos recursos. El vicesecretario para Asuntos Económicos considera que hay una Iglesia “que no sale en los medios, la más cercana a la sociedad; religiosos que dan la vida por los demás, una realidad muy distinta de la que surge a partir de determinadas informaciones”. Ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, EL PAÍS ha documentado hasta ahora 611 casos de pederastia clerical, con 1.246 víctimas.
La voz económica de la CEE tampoco ha dicho si la Iglesia está preparada para afrontar el varapalo económico que supondrán las indemnizaciones a los afectados por la pederastia. Preguntado por esta cuestión, ha comentado que “no hay que adelantar conclusiones” sobre el trabajo del bufete de abogados al que han encargado la auditoría. En una entrevista concedida a este periódico, el presidente del despacho, Javier Cremades, ha dicho que se pronunciarán sobre la responsabilidad civil de la Iglesia: “Un daño moral o físico siempre lleva consigo una reparación. Hay que estudiar cómo puede ser esa fórmula”. Barriocanal ha asegurado que coincide con Cremades en que se debe dejar trabajar “con rigor” al despacho, el mismo rigor con el que, ha destacado, la Iglesia elabora sus presupuestos. “Vamos a dejarlos tranquilos para que investiguen a fondo y cuando lleguen a conclusiones tendremos que afrontarlas. Ahora mismo estamos empezando”, ha añadido.
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La investigación del despacho de abogados se inspira en otras realizadas en Alemania y Francia. Esta última afloró al menos 216.000 casos, lo que ha empujado a la Iglesia francesa a vender patrimonio para hacer frente a indemnizaciones millonarias. Cuestionado por la posibilidad de que la Iglesia española tenga que hacer lo mismo, Barriocanal ha incidido en la idea de no adelantar acontecimientos. “El objetivo de esta auditoría es llegar hasta el final, pero no parte de supuestos previos”.
Diferencias por comunidades
La proporción de contribuyentes que entregan el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia cae en todas las comunidades autónomas respecto al ejercicio anterior. Los descensos más acusados se registran en La Rioja (0,93% menos), Aragón (0,89%), Navarra (0,64%), Murcia (0,61%) y Cataluña (0,6%). La cifras de Euskadi se desglosan por provincias, entre las que destaca el bajón en Bizkaia: un 5,45%. Las zonas en las que menos cae esta cifra son la provincia de Gipuzkoa (0,06%) y Madrid (0,22%), Extremadura y Canarias (ambas 0,27%). En números absolutos, Madrid es la que más nuevos cotizantes aporta: 11.039 más que en 2019.
La diferencia entre algunas comunidades sigue siendo abismal. La región más comprometida con la aportación a la Iglesia es Castilla-La Mancha, donde el 44,69% de los contribuyentes marcan la x en la declaración. Esta cifra contrasta con el 16,33% de Cataluña o el 15,36% de la provincia de Gipuzkoa. Los otros territorios más fieles con la economía eclesial son La Rioja (43,84%), Extremadura (43,75%), Murcia (43,07%) y Castilla y León (41,93%); mientras que en el tren de cola también se encuentra Bizkaia (23,01%), Galicia (24,16%), Canarias (25,33%) y Baleares (26,5%).
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