CaixaBank y Bankia prevén tener ya en sus manos el próximo viernes, 26 de marzo, registrada jurídicamente su fusión por la que la primera entidad absorberá a la segunda, operación que dará lugar al mayor banco español, con unos activos superiores a los 665.000 millones de euros. El nuevo banco, que hará desaparecer la marca Bankia para conservar en toda la red el nombre de CaixaBank, ha pasado por un exhaustivo examen por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante más de cuatro meses.
Las dos entidades en proceso de fusión, de hecho, esperaban haber formalizado la constitución de un solo banco a mediados del presente mes, pero los constantes requerimientos de información solicitados por el organismo que dirige Cani Fernández han provocado este ligero retraso, aunque al final la operación se llevará a cabo en el primer trimestre del año, lo que permitirá al nuevo grupo seguir con su calendario y presentar unos datos unificados ya en marzo.
Eso sí, el retraso en dos semanas en la llegada de todas las autorizaciones pertinentes para aprobar la creación del nuevo banco han provocado que Bankia finalmente tenga que celebrar mañana su última junta de accionistas, en la que se someterá a aprobación las cuentas de 2020, y la reelección de algunos consejeros, aunque este trámite no sirva para nada.
Bankia convocó esta junta a finales del pasado año, pero creía que al final no tendría que celebrarla, como ya recogía la propia convocatoria, al haberse producido la fusión antes de esa fecha. La convocatoria ya mencionaba que la junta “quedará automáticamente sin efecto como consecuencia de la extinción de la sociedad, de lo que se informaría oportunamente a los accionistas y a los mercados en general”, explicaba la convocatoria remitida a la CNMV.
Ahora, una vez superado este trámite ya ineludible, la fusión es inminente, una vez conseguidas las autorizaciones del Ministerio de Economía, la Dirección General de Seguros, la CNMV y el Banco de España, además de Competencia y del BCE.
El papel del Estado
Hay que recordar que el principal accionista de Bankia es el Estado, a través del FROB. Controla casi el 62% de su capital, que pasará a ser del 16% tras su absorción por parte de CaixaBank. Además, el Estado ha decidido recientemente ampliar en dos años más el proceso de venta de su participación en el banco, para situarlo en 2023.
El retraso en las autorizaciones se debe a los requerimientos adicionales de información solicitados por la CNMC a principios de este mes. Varias fuentes conocedoras de los trámites de esta fusión aseguran que hasta ahora esta operación es la más complicada a la que se ha enfrentado el equipo de Cani Fernández desde que llegó a este organismo, el pasado junio.
La nueva entidad nacerá con una red de 6.078 sucursales y una cuota de mercado del 25%. Razón por la que Competencia ha examinado municipio por municipio para comprobar si se producía un exceso de concentración en ciertas zonas geográficas o en algún negocio, aunque parece que la operación cumple con los requisitos.
Hace algunos meses el presidente de Bankia, que será también el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, descartó problemas regulatorios. “Nosotros no estamos esperando ningún tipo de restricciones porque es cierto que, pese a que la suma nos pone en cuotas de mercado del 25%, al analizar las cuotas de los líderes en los países más cercanos estas cifras son comunes”, declaró. La directora general de supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, aseguró a este respecto el pasado jueves que en España “se está lejos de un oligopolio” bancario, ya que la competencia “se mantiene muy viva” en el sector.
Un ERE de dos años de duración
Convocatoria de los sindicatos. Una vez superadas las autorizaciones pertinentes e inscrita la nueva entidad en el registro, la dirección de CaixaBank tiene previsto convocar a los sindicatos para comenzar a negociar el ajuste de plantilla y el cierre de oficinas derivados de la fusión justo después de Semana Santa. Inicialmente, y a falta de conocer el ajuste final, el objetivo era cerrar unas 1.500 sucursales y despedir o prejubilar a unos 7.000 u 8.000 empleados de un total de 45.972 trabajadores. Ahora, los datos se han afinado, pero según fuentes conocedoras del proceso de fusión, el ajuste se llevará a cabo en dos años.
Unificación informática. Según el calendario que maneja la nueva CaixaBank será en noviembre cuando estén unificados los sistemas informáticos de las redes de Bankia y la de la entidad de origen catalán.
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