La crisis del coronavirus ha provocado diferentes efectos dominó. Nada parecía cambiar mientras el virus se centró en China, pero desde que salió de Asia los Gobiernos han ido copiando las medidas que adoptaban. Confinamiento de la población, cuarentenas obligatorias, cierre de fronteras, ayudas e inversión pública… Ahora, en plena desescalada, ocurre algo similar con el creciente protagonismo de los grupos de expertos. Han creado comités de sabios los Gobiernos de Francia e Italia. También el español, que acaba de fichar a 100 economistas de élite para diseñar la era poscovid. La última en sumarse a esta fiebre es la vicepresidenta Nadia Calviño, que el lunes inauguró el grupo encargado de elaborar una Carta de Derechos Digitales.
El grupo de trabajo encargado por Calviño tiene la tarea de detectar las fallas normativas en el entorno digital. “Es fundamental reflejar las materias que necesitan más recursos, crear normas, actualizar otras o incluso reinterpretar lo que ya existe” defiende Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas y profesora de Derecho de Icade. Ella repite en el grupo, porque ya formó parte de un comité similar en 2017. Entonces se llegó a redactar incluso un libro blanco, pero la moción de censura y el cambio de Gobierno lo paró todo. Aunque la ahora vicepresidenta de Asuntos Económicos siempre expresó su intención de retomarlo.
Al crear estos grupos, los Gobiernos buscan ayuda para jerarquizar las prioridades en materias que se han deteriorado durante la crisis. Algunas ya llegaron con carencias notables. Esta función vital de priorizar lleva a otra teoría, la del efecto abanico, que dice que cuanta más información se tiene de algo, más se tarda en hallar una solución. Pero los expertos no se limitan a acumular datos, sino que los ordenan y priorizan. De ahí su papel fundamental.
La elaboración de una Carta de Derechos Digitales llega en un entorno digital con mucho más peso que hace años. En lo profesional por el boom del teletrabajo, tabla de salvación para un sinfín de compañías —y empleados— que han conseguido sortear así la pandemia. La importancia de la tecnología también se ha multiplicado en la vida privada: desde interactuar con el banco o hacer compras hasta mantener las relaciones sociales entre familiares y amigos durante el confinamiento.
En este contexto se ha puesto de manifiesto la desactualización de la protección de los derechos fundamentales por Internet, ya que la tecnología cambia mucho más rápido que la regulación. Los usuarios corren el riesgo de caer en situaciones de vulnerabilidad y sin las garantías que les protejan. “La evolución tecnológica es diaria y el objetivo es actualizar las cuestiones de derecho a la realidad actual. Las personas deben contar con la misma seguridad y protección en el entorno digital”, explican portavoces de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que impulsa la iniciativa.
El objetivo del grupo, explican fuentes del ministerio y miembros del comité, es proteger a los usuarios más vulnerables. El grupo está formado por 17 expertos (juristas, profesores de derecho, empresarios, catedráticos) que se reunirán en varias ocasiones en los próximos meses. Al mismo tiempo, se impulsará un proceso de participación ciudadana para que cualquier persona pueda aportar su punto de vista y preocupaciones. La idea, según fuentes del ministerio, es que la carta se pueda culminar en otoño o invierno de este año. “Somos cautos. La intención es que esté hecho cuanto antes, pero sobre todo que se haga bien”, justifican.
El gran miedo en torno a estas iniciativas siempre es que las conclusiones se queden guardadas en un cajón. Varios de los convocados al grupo de trabajo hicieron hincapié en evitar esto precisamente. “La clave está en que se logre un sistema de garantías eficaces. Eso es lo que servirá para que el texto no quede en papel mojado”, argumenta Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado. “Se notaba que la vicepresidenta había realizado un análisis exhaustivo de los retos necesarios. No tuvo un discurso vacío, se le ve comprometida y preocupada”, añade.
El grupo acaba de comenzar a trabajar y falta tiempo para aterrizar las necesidades del entorno digital. Pero varios ponentes consultados resumen los puntos principales. “Lo más importante es centrarnos en las garantías, que se podría conseguir con una jurisdicción especializada en Internet que resuelva los casos de forma rápida y ágil”, explica Barrio. Aunque sobre este punto hay diferencias entre los expertos. En el caso de Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, lo importante llegará después: la política que promueva y ponga en marcha lo que salga del comité. Fuentes del ministerio insisten en que la carta será la base de los cambios a desarrollar. Eso espera el grupo de sabios.
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