El Tribunal Supremo ha confirmado casi en su totalidad las condenas de la Audiencia a una red corrupta que colonizó numerosas Administraciones gobernadas por el PP. La trama Gürtel se lucró durante años gracias al amaño de contratos públicos y al pago de sobornos a numerosos dirigentes del Partido Popular. La instrucción acumuló pruebas sobre estos hechos delictivos que desencadenaron una sentencia muy dura de la Audiencia Nacional, que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo —se benefició ahorrándose casi 250.000 euros en mítines aunque no conocía el origen ilícito—, e impuso altas penas de cárcel a dirigentes del PP en el ámbito nacional, regional y local.
Leer que ningún militante del PP ha sido condenado en el caso Gürtel, como ha escrito el expresidente Mariano Rajoy, hace daño a la razón y al sentido común. La sentencia condena a penas de cárcel a dos ex tesoreros nacionales del PP, a un ex consejero autonómico, a un ex diputado nacional, a dos exalcaldes y a otros dirigentes, todos ellos militantes del PP. Estos condenados dejaron el partido en medio o al inicio de la investigación judicial. Ese hecho no puede servir al expresidente para intentar deslizar la idea de que el PP no tiene nada que ver en el caso Gürtel. En 2009, unos días después de que se destapara el escándalo, Rajoy se rodeó de toda su cúpula (algunos de ellos condenados o imputados años después en el caso Gürtel) para proclamar que aquello no era una trama del PP sino una trama contra el PP. No es cierto.
La sentencia del Supremo apunta que no se puede considerar al “Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”, pero lo hace porque no se solicitó “su condena en tal sentido” habiendo “sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo”. En el momento en que se produjeron los hechos, las personas jurídicas, como un partido político, no eran perseguibles penalmente. Solo lo eran por la vía civil. Pero la sentencia no solo ratifica la responsabilidad civil a título lucrativo del PP: también señala que la prueba de cargo para determinar la existencia de la caja b del partido —una contabilidad paralela nunca declarada a Hacienda— era “válida y suficiente”.
Pese a todas estas evidencias, el actual presidente del partido, Pablo Casado, y su antecesor, Mariano Rajoy, han tratado de convencer a la opinión pública de que el fallo es la prueba definitiva de la inocencia del PP. Y que demuestra que Pedro Sánchez basó su moción de censura contra Rajoy en una mentira. Sin embargo, hay decenas de pruebas que acreditan ya que el PP se financió ilegalmente durante casi 20 años. El Supremo, con su sentencia, ha apuntalado algunas de ellas y lo que viene es mucho peor para el PP: la instrucción del denominado caso de los papeles de Bárcenas reúne más pruebas a las ya conocidas del sumario del caso Gürtel, precisamente sobre esa financiación ilegal.
Con estos elementos, la única alternativa seria para el PP es reconocer sin frágiles excusas los hechos, pedir disculpas y regresar al camino de un partido de Estado. Esto empieza evitando actitudes de obstrucción partidista en la gestión de la pandemia o en la renovación de cargos de órganos constitucionales, pero también pasa por bajar el tono incendiario de su retórica, que innecesariamente polariza el país hasta el extremo y daña más allá de lo razonable la imagen del mismo en el exterior.
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