Tras meses de infierno, al ser liberadas por la Guardia Civil, las dos mujeres nigerianas seguían completamente aterrorizadas. Si no volvían con la mafia de prostitución, una maldición vudú caería sobre ellas. No había forma de convencerlas de que lo peor había pasado. Así que los agentes, junto a la policía nigeriana, montaron una videoconferencia con un pastor religioso en Benin City para deshacer el hechizo que el priest que las había captado echó sobre ellas. En el mundo de la trata de personas con fines de explotación sexual la tecnología convive con lo arcaico. Hay transferencias alrededor del globo en criptomonedas para blanquear dinero y rendijas en las habitaciones para que las “chicas” echen los billetes del “servicio” a una caja de caudales que controla la “mami”. Captación en redes sociales a través de perfiles falsos y bots, y familias que colaboran en la explotación de sus hijas o hermanas; móviles geolocalizados para tenerlas controladas y cerrojos en las puertas.
La tecnología lleva más de una década entrando en todas las fases del delito, facilitando la tarea a los perpetradores, pero la esencia es la misma de siempre: valerse del engaño, la amenaza y la violencia para esclavizar a mujeres vulnerables. Para reconstruir cómo, EL PAÍS ha mantenido conversaciones con los mandos especializados en trata de Policía Nacional y Guardia Civil, las asociaciones de ayuda a las supervivientes, Apramp y Diaconía, y con Beatriz Sánchez, fiscal de Extranjería —el órgano que persigue el delito, ya que más del 90% de las víctimas son extranjeras—. Ella lo tiene claro: “El paso a lo virtual complejiza las investigaciones, tenemos que ampliar la mirada y evolucionar, formarnos e innovar, usar las mismas herramientas que los tratantes, no queda otra”.
La pandemia ha acelerado la evolución tecnológica del delito, coinciden los expertos. Prácticamente desaparecidas de calles y polígonos, con muchos clubes cerrados, las mujeres son explotadas en pisos o a domicilio (donde es más difícil que autoridades y ONG lleguen a ellas). Contactadas a través de páginas web, controladas por WhatsApp; cada vez más invisibilizadas y al mismo tiempo más disponibles y rentables. Ocultas en una trama delictiva opaca, cuya envergadura solo puede ser aproximada: según la Organización Internacional del Trabajo (2017), se estima que 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa en el mundo, el 99% mujeres y niñas. En España, el balance estadístico del Ministerio de Interior (2020) informa de 3.867 personas en “situación de riesgo de trata y explotación sexual” (identificadas durante inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución), aunque varios estudios apuntan a que el número real podría estar entre 20.000 y 40.000. El año pasado se liberaron 160 víctimas de trata sexual y a 415 de explotación sexual (ambos delitos pueden solaparse: uno pena el comercio de personas, el otro, lo que se hace después con ellas). Es decir, se detecta solo la punta de un iceberg que se hunde cada vez más gracias a la globalidad, el anonimato, la encriptación y la difícil trazabilidad que ofrece la tecnología a los delincuentes.
Todo empieza con un like. Al menos para la víctima. Los captadores han estado observándola antes. Su apariencia, su carácter, dónde vive, si tiene trabajo, hijos, problemas sentimentales… Todo está a plena vista en su perfil. “La captación es la esencia de la trata y la tecnología no solo la facilita, sino que amplía el espectro”, dice el teniente Félix Durán, jefe de la sección de Trata de seres humanos de la Guardia Civil (UCO). La clave de este delito es la vulnerabilidad de las víctimas, repiten las fuentes. Cuando captan en redes, los tratantes ya no solo buscan las vulnerabilidades clásicas, sino “también víctimas de las que se puede obtener información e imágenes sensibles, como desnudos, independientemente de su estatus socioeconómico”, explica un estudio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
En internet, los tratantes “cazan activamente” con más precisión, y “pescan pasivamente” con menos esfuerzo a más víctimas potenciales, según las metáforas del último informe de la ONU al respecto. Quienes antes se paseaban por barrios marginales de Rumania, Venezuela o Brasil, ahora peinan también Facebook, Tinder o Instagram, y lanzan búsquedas y anuncios masivos, a veces usando bots, en portales de empleo donde pueden concretar criterios de ubicación, edad o nivel de estudios. Los anzuelos varían, pero siempre hay un fraude. En la mayoría, una oferta para ser camarera o cuidadora: en una situación precaria es fácil picar, el estudio de la OSCE señala que en Filipinas la gente confía más en un anuncio de Facebook que en uno de la agencia gubernamental dedicada a promocionar y regular el trabajo en el extranjero.
El engaño puede ser también sentimental. En un modus operandi habitual, el lover boy [amante] da ese primer like en un perfil vulnerable y arranca una campaña de halagos y promesas que acaba en una relación romántica. El “noviazgo” culmina en un viaje cuyo destino nada tiene que ver con el amor.
La Guardia Civil creó en 2017, previa autorización judicial, su primer “agente infiltrado virtual” para dejarse seducir por un lover boy rumano que tenían fichado gracias a una mujer liberada en una operación anterior en la colonia Marconi. “No sabíamos hacerlo, es una práctica más habitual en investigaciones contra el terrorismo internacional”, explican. Con la ayuda “fundamental” de una traductora, fabricaron un perfil falso, “que cumplía todas las reglas de Galati”, la ciudad de donde provienen muchas de las mujeres explotadas en España: “Una chica como las que a él le gustaban, alta, morena, de ojos claros, con las vulnerabilidades económicas y familiares que buscaba”. Consiguieron mantener un romance virtual con el captador, que invitó a la mujer inventada a un “tour por España”. La operación finalmente se truncó, pero la experiencia sirvió para abrir una nueva forma de operar.
La captación por redes convive con otra más tradicional en el que la base son las relaciones previas: familiares engañando a familiares, amigos de amigos, líderes religiosos… Y el fraude ocurre también cuando las víctimas sí saben que el fin es la prostitución, porque las condiciones prometidas no tienen nada que ver con la atroz realidad con la que se encuentran las víctimas cuando llegan a España. En una sentencia de marzo de la Audiencia Provincial de Madrid varias testigos protegidas captadas en Paraguay por una compatriota explican cómo aterrizaron con la promesa de ganar 3.000 euros al mes como “chicas de compañía” con total autonomía, para ahorrar algo y volver a casa en unos meses. Una vez en destino, desprovistas de sus móviles y pasaportes, fueron encerradas en pisos de los que no podían salir solas, “disponibles las 24 horas, de lunes a lunes”, sin poder “rechazar ningún cliente ni servicio sexual” y conminadas “a consumir drogas”. A una de ellas la obligaron a abortar, intervención que se sumó a la deuda adquirida por el viaje.
A cambio, recibían “exiguas cantidades” de dinero, debiendo reembolsar la mayoría de sus ganancias para pagar además de la deuda, el piso, la comida, las fotos para los anuncios de la web… Hay números: les llegaban por WhatsApp unos 10 o 12 clientes al día, que pagaban 80 euros la hora. Sin embargo, solo conseguían mandar a casa, y solo algunos meses, 200 euros como máximo. Cuando se quejaban, la madame “les hacía ver que sabía dónde vivían sus familias, que podía causarles daño, y que les mostraría las fotos que les habían tomado para los anuncios”. Una de las chicas cuenta que “su hermana le dijo que iba a venir a trabajar como chica de compañía, no las condiciones. No se le ocurrió entrar en la página web, no sabía que se hacía por internet, creía que tendría que estar en una plaza”.
Una víctima de trata con fines de explotación sexual tras una operación de la Guardia Civil. / Foto cedida por la Guardia CivilControl | El móvil es una cadena
“Nunca estás sola, el teléfono es una herramienta de control constante, las cadenas son mentales”. Marcela, brasileña superviviente de la trata, trabaja como mediadora en Apramp, en cuya sede, en plena calle Ballesta de Madrid, una docena de mujeres se ajetrean sobre máquinas de coser o reciben clases de castellano. La asociación tiene un teléfono móvil 24 horas (609 589 479) al que no paran de llegar whatsapps de todo tipo: peticiones de ayuda burocrática (“cómo denuncio a tal persona”), social (“tengo 25 años y un bebé, he dejado la prostitución pero no encuentro trabajo”) o directamente policial (“estoy presa, no puedo llamar, me agrede”), conversación que acaba con el envío de una ubicación y una llamada a las autoridades por parte de la asociación. Apramp llega a las mujeres explotadas gracias al boca a boca y al trabajo “de cercanía” de sus mediadoras: “Tenemos una treintena de supervivientes contratadas que detectan a las mujeres incluso en los lugares más ocultos y las acompañan en su proceso de reinserción, ya que han pasado por lo mismo”, explica su directora, la abogada Rocío Mora.
Marcela, a quien la organización que la controlaba le dio un móvil sin saldo, ha visto de todo: mensajes constantes a las chicas en las barras de los clubes (“llevas mucho rato con ese”, “haz que se pida otra copa”, “sonríe más”), mujeres en la calle conectadas todo el tiempo al proxeneta con el auricular del móvil, cámaras en las habitaciones de los pisos… Ya no hace falta que los chulos merodeen, el GPS informa de dónde andan las mujeres. La fiscal no recuerda que los whatsapps coercitivos hayan servido de prueba en ninguna sentencia, aunque sí hay alguna en la que se dice que los proxenetas los borran habitualmente. Otras veces no hace ni falta: “¿Qué tal está tu hijo Mateo, el que vive en la cuadra 4 de Medellín con su abuela?’, es suficiente para intimidar a cualquier víctima”, ilustra un agente. Cuando las supervivientes llegan a las casas de acogida, han de entregar los móviles (que son sustituidos por otros) y preferiblemente destruir la SIM para que no puedan ser localizadas por las organizaciones. En las ONG explican que es habitual que las mujeres vuelvan con los proxenetas cuando recuperan sus móviles.
Oferta | Un inmenso mercado ‘online’
“No hay operación en la que no aparezca pasion.com”, dice el inspector jefe de Policía Nacional Femín Treceño. En la entrada de la sala donde trabajan pegados al PC los siete agentes del Grupo de Cibertrata, inaugurado esta primavera, hay un cartel que ellos mismos han diseñado en el que aparece un rostro femenino dibujado con circuitos como de microchip. En el suelo, dos enormes mazos con los que reventarán la puerta física de un piso clandestino en el que hay mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Los nuevos burdeles ya no necesitan de neones para que todo el mundo los vea. Pasion.com se cuela entre las 50 páginas más vistas de España, justo detrás de Netflix y por encima de las webs RTVE o Carrefour. El portal, que nació como una escisión de Milanuncios y se publicita como “líder en anuncios de contactos”, presume de contener 700.000. Ponerlos es gratis, aunque hacer que suban en el larguísimo chorro de fotos, muchas de cuerpos con caras emborronadas, cuesta dinero. Hay varios portales semejantes que monetizan la intermediación con los clientes, con diseños más o menos cuidados y controles más o menos laxos (de verificación de imágenes y de edad de las anunciantes).
En algunos anuncios aparece la palabra “independiente”, aunque los expertos señalan que es fácil comprobar que muchos teléfonos se repiten y que detrás de un número de contactos hay sin duda situaciones de trata y explotación, incluso de menores, como confirman varias sentencias en las que aparecen este tipo de webs.
Hace tres años el FBI cerró en Estados Unidos la web de contactos clasificados backpage.com, y la sección de anuncios personales de Craiglist.com, por facilitar la trata y explotación de personas, tras la aprobación de dos controvertidas leyes aprobadas por Trump (FOSTA-SESTA Act). “En España la prostitución no es ilegal y tampoco está penado lucrarse de la prostitución ajena, a no ser que haya coacción”, explica el inspector de Policía, apuntando que hasta no hace tanto la prensa generalista incluía una sección de contactos (EL PAÍS dejó de hacerlo en 2017). Internet solo ha ampliado el público objetivo, reducido el riesgo percibido por los clientes y abaratado los costes de las mafias para publicitar su oferta.
Blanqueo | Del maletín a las bitcoins
“Hay de todo, maletines con billetes y bitcoins”, dice la fiscal. De nuevo la convivencia de lo de siempre con lo nuevo. El blanqueo de capitales a través de criptomonedas preocupa a todas las fuentes consultadas. Es quizás la parte más sofisticada tecnológicamente, pues en todas las otras fases del “negocio” basta con tener un nivel de usuario (“No hace falta ser un hacker, ni contratar informáticos, para engañar por Facebook o mandar whatsapps intimidantes, son los mismos perros con collares nuevos”, en palabras de una fuente).
Las investigaciones patrimoniales se complican con las finanzas online: “Las más opacas que existen, parecen diseñadas para el mal”, según un policía. Más aún cuando se combinan con redes ancestrales de transferencias informales de fondos como la hawala, un sistema crediticio habitual en las redes delictivas que funciona a base de confianza y contraseñas y no pasa por los cauces bancarios legales. Se supone que data del siglo VIII y la Ruta de la Seda, y es de donde proviene, etimológicamente, la palabra aval.
¿Cómo se equilibra la innovación de las mafias? Usando las mismas armas, coinciden los expertos, aunque todos asumen que siempre van “unos pasos por detrás de los malos”. También es clave la colaboración entre autoridades de los distintos países y con las empresas tecnológicas que proveen los servicios. El informe de la OSCE, firmado a medias con Tech Against Trafficking, una colaboración de entidades como Amazon o Microsoft con expertos en la trata de seres humanos, lista 300 iniciativas tecnológicas privadas (mayoritariamente) y públicas para luchar contra el delito.
El mes pasado, el seminario Desactiva la trata, organizado por la ONG Diaconía, incluía una mesa redonda sobre el rol de la tecnología en el activismo. “Tenemos que colar los mensajes en los sitios donde se meten ellos”, dice Eva Márquez, directora del Área de mujer y lucha contra la Trata en Diaconía, presumiendo de las visualizaciones de su última campaña en Instagram. “No podemos seguir repartiendo folletos cuando no sabemos ni la mitad de lo que pasa en internet”. En el seminario, una académica y un experto de Naciones Unidas detallaron un par de iniciativas: una carpeta digital para que las supervivientes gestionasen mejor los trámites a los que se enfrentan en su reinserción y unos hackatones en los que universitarios de distintas disciplinas pensaron soluciones “disruptivas” al problema. Pequeños pasos en una lucha desigual que empieza, según todas las fuentes, por visibilizar un problema que permanece oculto a plena vista.
‘Camgirls’, “un melón por abrir”
Durante el confinamiento, las webs de porno por streaming y suscripción se dispararon. Las restricciones de movilidad empujaban a los consumidores, y la crisis económica a muchos nuevos creadores de contenidos para adultos. Entre los expertos de explotación sexual nadie duda de que entre los miles de perfiles, algunos pueden ser fruto de la coacción. Todos los informes institucionales sobre tecnología y trata lo mencionan, la última campaña de la ONG Diaconia en Instagram apunta directamente a la “falsa idea de empoderamiento” de la popular Only Fans. Pedro J. Conellie, policía especializado en trata y autor junto a Mabel Lozano, del libro Pornoexplotación, que detalla algunos casos, admite que el tema de las camgirls [mujeres que hacen vídeos sexuales en directo] es “un melón por abrir”. Convencido de que hay vídeos coactivos, admite que es fenómeno “muy complicado de perseguir, investigar y demostrar” ya que la víctima, el cliente, la plataforma y sus servidores pueden estar en cuatro rincones distintos del globo y pueden existir contratos en apariencia legales. Aunque las autoridades policiales y judiciales no niegan que pueda existir algún caso en los que las mujeres están siendo obligadas a prostituirse virtualmente, no se han encontrado indicios de ninguno en concreto.
Si estas sufriendo o quieres denunciar una situación de trata o explotación sexual puedes contactar con:
Apramp > Teléfono 24 horas, también por WhatsApp: 609589479
Diaconía > 670337153
Policía Nacional > 900 10 50 90 y trata@policia.es
Guardia Civil > 062 y trata@guardiacivil.es
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