La pandemia del coronavirus se ha convertido en una crisis “sin precedentes” que ha agravado las ya importantes desigualdades sociales en España. Este es el diagnóstico de Cáritas Española, que este martes ha presentado un informe sobre sus actuaciones desde marzo de 2020. Unas 500.000 personas han recurrido por primera vez a la organización, o lo han vuelto a hacer tras mucho tiempo sin necesitarlo. De hecho, una de cada tres personas atendidas por la entidad se encontraban en esta situación. El resultado es que las demandas de ayuda se han disparado un 57%, y en determinados periodos o lugares se han llegado a triplicar.
Ha sido el caso de Andrés Mendoza y su familia, cuya vida ha dado un vuelco en los últimos meses. Este hombre, de 49 años, trabajaba como vigilante de seguridad y su pareja era monitora de transporte de personas con discapacidad en Madrid. Vivían sin grandes lujos y sobrellevaban los gastos con entereza. Sin embargo, el coronavirus lo torció todo. La empresa para la que ella trabajaba la metió en marzo del año pasado en ERTE —prestación que todavía no ha percibido— y la familia perdió una parte importante de los ingresos que recibía. Mendoza cobra 500 euros mensuales por una jornada parcial, pero afirma que vivir con esa cantidad “es imposible”. Más aún para mantener a sus cuatro hijos. Este padre acudió en junio por primera vez a Cáritas. “Nunca imaginé que tendría que pedir ayuda, ha sido bastante duro”, afirma Mendoza, que recibe cada día un menú de comida para cada miembro de la familia.
Las 70 delegaciones de la organización a lo largo de todo el país ofrecen asistencia en las necesidades básicas, como comida o alojamiento, y asesoría jurídica. Cáritas aún no dispone del número total de personas asistidas desde el inicio de la pandemia, pero calcula que superarán los 2,4 millones que atendió en 2019. De lo que no tiene dudas es de la brutal sangría de ingresos que ha provocado la pandemia. Así lo constata este informe, del Observatorio de la Realidad Social. Unas 258.000 personas acompañadas por esta organización viven en hogares que no cuentan con ninguna entrada de dinero, 75.000 más que antes del comienzo de la pandemia. Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de la entidad, ha apuntado este martes, durante la presentación, que más de la mitad de las personas que quieren trabajar no encuentran ninguna oportunidad laboral. “En un sistema social donde gran parte de las opciones de integración pasan por un buen empleo, es un derecho del que se está privando a estas personas”, ha afirmado Flores.
Estos obstáculos laborales se traducen en que más de 825.000 personas acompañadas por Cáritas están en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores a 370 euros al mes para un hogar unipersonal o a 776 euros para familias compuestas por dos adultos y dos niños. Además, alrededor de 700.000 personas no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, es decir, no pueden calentarse adecuadamente o encender la luz siempre que lo necesitan. La vivienda de Mendoza no dispone de calefacción y este padre prioriza pagar las facturas de luz y gas. Pero cubrir todos los gastos se ha convertido en una tarea imposible. La familia no se puede permitir pagar el piso en el que viven, cuyo alquiler asciende a 550 euros mensuales. “Hace dos meses recibimos una orden de desahucio”, cuenta. “La pobreza y la exclusión social se van a incrementar, va a depender de cuántos mecanismos de protección a las familias se pongan en marcha”, ha aclarado Flores.
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, señala que este crecimiento de las necesidades ha llegado en un momento en el que todavía no se había superado la crisis de 2008. “Nos encontrábamos con un mercado laboral frágil y precarizado, con un acceso a la vivienda complicado para personas con rentas bajas y con un modelo de sociedad donde la vulnerabilidad se extendía a un elevado porcentaje de los ciudadanos”, ha afirmado. El 18,4% de la población en España (8,5 millones de personas) se encontraba en situación de exclusión social antes de la pandemia, según datos del VIII Informe Foessa 2019, un concepto que tiene en cuenta 35 variables como la renta, la salud, la educación o el acceso a la vivienda. De ellos, más de cuatro millones estaban en situación de exclusión social severa. “Es en este contexto donde se declara la pandemia, cuyas consecuencias han sido especialmente graves para quienes ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, y que se ha traducido en un incremento de la brecha social”, ha apuntado Flores.
El problema es que las ayudas no llegan. Mendoza solicitó el Ingreso Mínimo Vital en agosto del año pasado para intentar abrir una nueva ventana de ingresos. “Todavía no me han contestado”, lamenta. El 96,4% de las familias atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital tras haberlo solicitado y al 12,8% les ha sido denegado. La falta de información también ha sido generalizada: el 67% ha afirmado no tener suficiente información para tramitarlo. Además, cuatro de cada 10 familias que percibían ayuda autonómica han dejado de recibirla. Para Flores, estos datos reflejan una situación “bastante distante de una realidad aceptable”. “Para las ya maltrechas economías de las familias, el tsunami que paralizó la economía y los efectos de su ola sostenida están durando demasiado. Cierta recuperación en el empleo era solo un espejismo”, ha apuntado.
Personas sin hogar, soledad y brecha digital
La organización de la Iglesia católica también ha puesto de relieve la realidad de las personas sin hogar, sin un espacio donde recluirse durante el confinamiento y sin posibilidad de mantener la higiene. “Dormir en la calle o permanecer en alojamientos temporales o de emergencia han expuesto a un alto peligro de transmisión del virus a las personas sin hogar, una población ya de por sí con un alto riesgo médico”, ha apuntado Peiro. Si durante 2019 Cáritas había gestionado 5.000 plazas de acogida y acompañado a más de 35.000 personas en esta situación, en los últimos meses se han creado 13 nuevos centros y más de 1.400 nuevas plazas complementarias.
Peiro también ha destacado la soledad impuesta a las personas mayores por la pandemia. La organización ha atendido desde marzo del año pasado a 11.000 ancianos, frente a los 7.000 que asistió en 2019. “La vulnerabilidad social evidenciada en esta crisis también pone de manifiesto los escasos recursos que existen para favorecer los cuidados en los domicilios”, ha apuntado la secretaria general de Cáritas. Además, en un contexto de teletrabajo y educación en línea, no pertenecer a la comunidad virtual ha minado la igualdad de oportunidades. Más de la mitad (52%) de las familias acompañadas por Cáritas están en una situación de apagón tecnológico al no contar con conexión ilimitada, dispositivo o competencias suficientes para manejarse en internet. El resultado es que más del 60% de los hogares en los que hay al menos un menor de edad tuvo dificultades para terminar el curso.
Cáritas también ha dado cuenta del destino de los 65 millones de euros facilitados por 70.666 donantes desde el inicio de la pandemia bajo la campaña “Cáritas ante el coronavirus”. Hasta ahora, la organización ha destinado 41 millones de euros a ayudas de emergencia, 3,3 millones a infancia vulnerable y cerca de un millón a material sanitario y de protección. Además, Cáritas ha apoyado con 2,5 millones de euros un total de 65 proyectos de respuesta a los efectos de la pandemia en países empobrecidos.
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