La globalización y la digitalización de la economía han impulsado una carrera a la baja en la fiscalidad que se aplica a empresas, patrimonios y rentas personales en todo el mundo que puede acabar por mermar el gasto social y las necesarias inversiones por falta de suficientes ingresos. Es la advertencia que acaba de lanzar el FMI, que demanda un acuerdo a nivel global para acabar con estas prácticas, especialmente ante el contexto de lucha contra el cambio climático y la necesidad de reducir la desigualdad. Los datos que arroja su informe son escandalosos: un 60% de los beneficios de las multinacionales se logran por la competencia tributaria, y los superricos evaden un 25% de sus ingresos utilizando paraísos fiscales y otros regímenes preferenciales, como las visas de oro.
Cada vez son más las voces que exigen reformar los sistemas tributarios para adaptarlos a la economía del siglo XXI, una transformación que debe hacerse de forma coordinada para que resulte efectiva, pero que afronta numerosas reticencias. Pese al acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE —organización que agrupa a las economías más desarrolladas— y el G-20 —foro de debate de las economías industrializadas y emergentes— para fijar el tipo mínimo del impuesto de sociedades en el 15%, su aplicación aún está en el aire. Solo en la Unión Europea su puesta en marcha se ha atrasado al menos hasta 2024 ante las reticencias expresadas por Suecia, Polonia y Malta. Para el FMI ese acuerdo resulta “decisivo” y debería ampliarse al impuesto sobre la renta.
Lo cierto es que los gobiernos afrontan la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania exhaustos por la crisis de la pandemia, en la que tuvieron que endeudarse a gran escala para evitar el derrumbe de sus economías, y el actual entorno de elevada inflación, frenazo económico y perspectivas de subidas de tipos de interés les exige replantear sus fuentes de ingresos.
En España, los expertos designados por el Ejecutivo presentaron hace un mes su propuesta para reformar la fiscalidad, donde plantean, entre otras medidas, un aumento de los tributos medioambientales y la armonización de los impuestos autonómicos, como el de patrimonio y el de sucesiones. Ante la incertidumbre generada por la guerra, el Gobierno aparcó esas recomendaciones, pese a que el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa de forma sustancial en los Presupuestos de 2023. El Ejecutivo defiende armonizar los tributos cedidos a las comunidades autónomas, con la vista puesta especialmente en Madrid, aunque dejando fuera de los cálculos a las regiones que disfrutan del Concierto Económico (País Vasco y Navarra). Precisamente por los enormes retos que hay que afrontar, es posible que este sea el momento de abordar la reforma tributaria y de sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica.
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