Sin tiempo que perder, porque la sentencia que dictamina la devolución del pazo de Meirás solo se refiere al inmueble, pero no específicamente a su contenido. La juez de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, ha firmado este mediodía un auto a favor de la medida cautelar solicitada este lunes por el Estado en el que ordena inventariar todos y cada uno de los objetos que adornan la que fue mansión estival de Franco durante la dictadura. El escrito judicial de hoy hace referencia tanto a los bienes muebles del interior como a aquellos otros elementos arquitectónicos y objetos que embellecen los jardines de este conjunto arquitectónico catalogado Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia, comenzará a realizarse el 11 de noviembre de 2020, a las 10.30 horas, bajo supervisión de una comitiva judicial.
“En tanto que ese inventario no se finalice y esta juzgadora no lo autorice expresamente, los demandados no pueden trasladar y/o retirar ningún tipo de bien” del pazo, asegura la magistrada en su auto. Con el fin de que se cumpla su decisión, la juez también ha librado un oficio a la Guardia Civil para que establezca “un dispositivo de vigilancia en el Pazo de Meirás”. Desde el Gobierno aseguran que “no hay posibilidad de expolio” y que la Guardia Civil impedirá cualquier intento. “Tenemos que tener conocimiento de los bienes que se encuentran dentro del pazo para, en los términos de la legalidad, proteger un bien que consideramos público”, ha declarado este lunes la vicepresidenta Carmen Calvo. Los abogados del Estado decidieron solicitar la medida cautelar después de leer en el diario La Razón, citando al “entorno de los Franco”, que la familia planeaba “vaciar el pazo con 50 camiones”.
En su escrito, la Administración General del Estado recuerda que cualquier pieza “está unida de manera fija y permanente a las fincas, edificio o a las construcciones anexas que se incluyen en el inmueble objeto de la reclamación”. Asegura que, al haber sido declarado el pazo Bien de Interés Cultural (BIC), goza “de una protección integral que se extiende a todos sus elementos y componentes”.
La juez considera que el auto del pasado 6 de noviembre, que ordenaba a los nietos de Franco entregar cautelarmente el pazo al Estado el próximo 10 de diciembre a las 11 de la mañana, “ampara” la petición de medida cautelar realizada por la Administración General “porque precisamente se señaló un día para verificar la entrega del bien por motivos de seguridad y con el fin de preservar su integridad”. Considera, además, que “la urgencia es patente” para proteger el inmueble.
El catálogo de objetos de un inmueble realmente saturado de todo tipo de antigüedades puede demorarse mucho tiempo. Meirás alberga cuadros, tapices, relojes, porcelanas, lámparas, trofeos de caza, muebles, hórreos, fuentes, blasones, tallas religiosas, pilas de un templo del siglo XII, algún sarcófago medieval e incluso las piedras labradas procedentes de otro pazo (el de Bendaña, en Dodro, A Coruña) que fue desmontado para agasajar al dictador.
La sentencia del pasado septiembre de la magistrada Marta Canales en la que se otorga la titularidad de Meirás al Estado solo hace referencia al contenedor, pero no al contenido de las torres y los jardines, atesorado por Francisco Franco Bahamonde y su esposa, Carmen Polo, durante las cuatro décadas en que les rindieron tributo muchos Ayuntamientos, empresarios y entidades. Estos elementos muebles no eran tampoco objeto de demanda por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que solo se centraba en la donación del inmueble al dictador, por parte del pueblo de Galicia, en calidad de máximo mandatario estatal. Entre estos bienes que acoge actualmente el palacete se incluyen las estatuas en granito de Isaac y Abraham, procedentes del nártex románico que protegía al Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, obra del taller del maestro Mateo.
Estas dos esculturas tienen una declaración BIC específica y se encuentran en un lateral de la capilla del pazo. Por esta condición especial, como recuerda el alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría) cualquier traslado tendría que ser notificado a la Administración encargada de velar por su protección, la Xunta de Galicia. En caso de algún intento de venta, la Consejería de Cultura tendría derecho de tanteo para adquirirlas en primer lugar. Además, la Real Academia Gallega ha pedido que se declare también BIC la biblioteca de 3.200 ejemplares de Emilia Pardo Bazán que alberga en su interior. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta tarde, tras una reunión de más de tres horas con representantes de la Academia, que el expediente de protección para estos volúmenes (y para los aproximadamente 7.000 que ya custodia la institución) se tramitará por la vía urgente. En el momento en que se incoa el expediente, los bienes quedan amparados por la figura de BIC sin tener que esperar a que se apruebe.
El consejero de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, reivindicó el sábado la necesidad de revisar el estado de todos estos bienes, aunque cuando se tramitó la declaración BIC del pazo, en tiempos del Gobierno bipartito de la Xunta, se hizo una catalogación inicial de elementos que contenía el edificio. Este trabajo de los inspectores de la Xunta, llevado a cabo contrarreloj, data del año 2007. El mismo sábado, pero horas antes, el Bloque Nacionalista Galego advertía sobre las “noticias” que cifraban en “40 o 50 camiones” los medios que supuestamente se preparaban para la mudanza. No obstante, el alcalde de Sada, el municipio en el que se hallan las torres, aseguró a EL PAÍS ese mismo día que la policía local hacía rondas por la zona y ni los agentes ni los vecinos habían percibido movimiento alguno.
Ante la “preocupación” por la hipótesis de que estos objetos no citados por la sentencia fueran retirados de las torres, el Bloque reclamó públicamente medidas cautelares para garantizar la “inmovilización” de los bienes propios del sitio histórico, que forman parte del “patrimonio público” y que son fruto del “expolio franquista”. Los abogados del Estado han formalizado esta petición a la juez este lunes por la mañana, y la respuesta de Marta Canales ha sido inmediata. El inventario será realizado “bajo supervisión de una comitiva judicial” en colaboración con los especialistas de la Consellería de Cultura y se iniciará a partir de las 10.30 horas de este miércoles 11 de noviembre.
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