El PP está muy satisfecho con el acuerdo alcanzado ayer con el Gobierno para renovar las altas instituciones salvo el Poder Judicial y Pablo Casado lo ha reivindicado este viernes, no solo como un buen pacto que cumple el mandato constitucional, sino porque además “avanza en la despolitización” de los organismos que se han renovado. El líder del PP ha pasado por alto que varios de los magistrados consensuados por ambos partidos para el Tribunal Constitucional tienen un marcado perfil político, y reivindica que su trayectoria “está fuera de toda duda” y lo importante es que no sean políticos o expolíticos. Casado ha pedido al Ejecutivo que ambos aborden ahora la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero no se baja de su exigencia de que se cambie la ley para modificar el sistema de elección de los vocales y que sean los jueces los que los elijan directamente. “No hay alternativa”, ha zanjado.
PSOE y PP han pactado cuatro magistrados de “consenso” para el Tribunal Constitucional, en un reparto mitad a mitad ―aunque los socialistas han cedido una de sus propuestas a Unidas Podemos―, varios de los cuales destacan por su significación con los partidos proponentes. Es el caso, sobre todo, de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a quien los socialistas han aceptado pese a que fue recusada varias veces en el caso Gürtel por su vinculación con el PP, y en especial a la que fue secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal. El otro magistrado propuesto por el PP, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, es colaborador de FAES, fundación vinculada al Partido Popular. Entre los progresistas que integrarán el tribunal de garantías está Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional cercano a Unidas Podemos, que ya fue vocal del Poder Judicial a propuesta de IU. La cuarta propuesta es Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y experta en las materias de igualdad de género.
El líder del PP ha defendido a los candidatos consensuados ante las preguntas de los periodistas sobre su significación ideológica. “Nuestras exigencias, que eran avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y la trayectoria de los candidatos, creo que se han cumplido”, ha expresado Casado a su llegada a un acto en la Fundación Telefónica en Madrid. “Lo importante es que avancemos en la independencia de los órganos judiciales y en este caso para los dos órganos jurisdiccionales [el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas] teníamos que proponer candidatos que no fueran políticos, ni siquiera expolíticos. Eso se ha cumplido. La trayectoria de los que se han propuesto está fuera de toda duda”. Su mano derecha, el secretario general el PP, Teodoro García Egea, ha ido todavía más lejos diciendo que no queda “atisbo de politización” en los órganos renovados.
Casado está defendiendo desde hace meses que no hay acuerdo para renovar el Poder Judicial porque su propósito es despolitizar el Consejo y el Gobierno no acepta cambiar la ley para que solo haya una elección directa de los vocales por parte de los jueces, pero al mismo tiempo, los populares han fraguado un pacto sobre el resto de instituciones donde destaca el perfil político de los magistrados consensuados. Para tratar de salvar esa incoherencia, el líder popular insiste en que entre los jueces pactados no hay expolíticos ―el exministro Juan Carlos Campo se propuso como candidato al Constitucional y ha quedado fuera―, y que los candidatos tienen una alta capacitación técnica. El PSOE también ha aceptado esos nombres y también los defiende por su “reconocido prestigio”, dijo este jueves el portavoz socialista Héctor Gómez. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha mostrado este viernes su satisfacción por el pacto y ha considerado en el caso del tribunal de garantías que, “más allá de los nombres” propuestos, “lo más importante” es haber conseguido “un acuerdo de Estado”.
Una vez cumplido este paso, el líder popular ha insistido este viernes en que ahora hay que abordar el Poder Judicial, pero no renuncia a su exigencia de un cambio en la ley. “El Gobierno tiene que aceptar la renovación del Consejo General del Poder Judicial modificando la ley orgánica para que los jueces elijan a los jueces, que es en lo que la mayoría de los españoles estamos de acuerdo”, ha dicho taxativo Casado. “No hay una alternativa a modificar la ley y que los jueces elijan a los jueces”.
El pacto alcanzado abre una vía de entendimiento entre los dos partidos que estaba inédita hasta ahora, pero la oposición del PP no va a dar ninguna tregua al Gobierno. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha pedido al Ejecutivo en una entrevista en Telecinco que sea “sensato y coherente” y siga la línea inaugurada este jueves para la aprobación de los Presupuestos generales. Pero cuando ha sido preguntado sobre si el PP ofrecía su apoyo a las cuentas, García Egea ha dicho “no tener muchas esperanzas” en que el Gobierno pudiera aceptar sus condiciones: una bajada de impuestos y la reducción a la mitad de los ministerios. El PP no quiere en ningún caso apoyar los Presupuestos de Pedro Sánchez, pero sí pretende seguir tratando de desgastarle por el apoyo que pueda recibir de ERC y Bildu para sacar adelante las cuentas.
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