El estado de alarma ha dejado de ser el problema, y hasta el PP acepta que hay que activar de nuevo este instrumento constitucional para enfrentar la segunda ola de la pandemia, pero al Gobierno se le complica sacar adelante una única prórroga de seis meses de vigencia. Ciudadanos y ERC, dos partidos junto con el PNV sobre los que pivotó el respaldo a las seis prórrogas de la alarma durante la primera ola, presionan para que ese plazo se reduzca. Pablo Casado ofreció este lunes a Pedro Sánchez su apoyo si lo limita a ocho semanas y aprueba un plan b jurídico.
El estado de alarma era la primera prueba de fuego del giro de Casado tras romper con Vox, y el líder del PP ha optado por una postura que en principio enlaza con la nueva línea estratégica tras el divorcio con la extrema derecha. El PP sale de la oposición frontal y se abre a acuerdos con el Gobierno, aunque plantea sus condiciones. Hay un cambio de tono.
Casado se ha movido y ofrece un sí al estado de alarma, bajo dos exigencias: la primera, que este se extienda por un máximo de ocho semanas, hasta Navidad, frente a los seis meses ―hasta el 9 de mayo— que quiere que se alargue el Gobierno. Y la segunda, que el Ejecutivo lleve adelante un “plan b jurídico”, esto es, una modificación legal para poder aprobar restricciones de movilidad sin activar este instrumento constitucional, que el PP lleva pidiendo desde el inicio de la pandemia. Los populares piden que esté lista este mes de diciembre, con una reforma exprés de la Ley Orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El Gobierno, que en su día también barajó una reforma legislativa, no lo ve, y en esto tiene también el apoyo de Ciudadanos. El abogado del Estado Edmundo Bal, portavoz adjunto del partido de Inés Arrimadas, insistió en que no es posible constitucionalmente aprobar restricciones tan fuertes de derechos fundamentales como toques de queda sin el estado de alarma. “No se puede engañar a la gente”, zanjó Bal.
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El plazo de ocho semanas que plantea el PP terminaría el 20 de diciembre, justo antes de las fiestas de Navidad. “Queremos salvar la campaña navideña”, defendió Casado. El factor económico pesa en el criterio del PP para fijar ese plazo de dos meses. “Es no solo cargarse el consumo de Navidad, sino cerrar la Semana Santa”, se quejó el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, muy duro contra el plan del Ejecutivo. Casado argumentó también que “según las métricas de las comunidades autónomas” en esos dos meses daría tiempo a que se estabilizara la curva de contagios y que hay que “dar tranquilidad a los mayores”, muy preocupados con el hecho de no ver a sus familias hasta el mes de mayo, aunque el Gobierno ha precisado que si los contagios bajan las restricciones pueden levantarse antes.
La primera respuesta del Ejecutivo a Casado fue que no acepta sus exigencias: “El PP debe abandonar sus condiciones (…) No es el momento de condiciones, de palos en las ruedas”, dijo Carolina Darias, ministra de Política Territorial. El Gobierno negocia con el resto de grupos, especialmente Ciudadanos y ERC, para sacar adelante la prórroga, pero a Cs y ERC tampoco les gusta el plazo de seis meses, y presionan para reducirlo: Arrimadas lo juzgó de “excesivo” y fuentes de ERC avisan de que la negociación “costará”. Sin uno de estos dos partidos, que fueron clave en las prórrogas de la primera ola, el Gobierno vería en peligro la votación de este jueves, por eso los contactos se intensificaron este lunes. Arrimadas exige también para dar su sí que Pedro Sánchez rinda cuentas en el Congreso periódicamente.
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