La detención de “El Mochomo” servirá para obtener información privilegiada sobre paradero de los estudiantes desaparecidos en 2014, señala el abogado.
En virtud de la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, personaje clave en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el gobierno debe trabajar con todos los mecanismos legales pertinentes para obtener información privilegiada sobre el paradero de los jóvenes, opina el abogado Vidulfo Rosales.
El miércoles 24 fue detenido en el Estado de México Casarrubias Salgado, que ha sido relacionado con la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, informó el lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México.
El representante legal de las familias de los desaparecidos explicó que Casarrubias Salgado era líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, que operaba en Iguala y tenía una red de corrupción con autoridades, tanto municipales, estatales y federales asentadas en Iguala.
“Él estuvo al tanto de todo lo que ocurrió el día 26 de septiembre y la madrugada del 27, él supo todo lo que ocurrió”, dijo Rosales en entrevista para Aristegui en Vivo.
Las intervenciones telefónicas realizadas anteriormente, por orden de Estados Unidos en otra investigación, lo ubican como un personaje central, añade el abogado, por lo que su detención es sumamente relevante para el caso.
El martes el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que también fueron solicitadas 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Guerrero acusados de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes.
“A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada… se acabó la verdad histórica”, dijo Gertz en un videomensaje.
Para Rosales, es de suma relevancia que se avance en esta dirección.
“Ahí, los grupos políticos son los que brindaron toda la protección y toda la infraestructura, toda la maquinaria delictiva que propició la desaparición de los estudiantes”, expresó.
Es importante la posición del fiscal general, señaló Rosales; así se ha reflejado desde que inició este gobierno, que prometió una investigación para dar con el paradero de los 43.
Las órdenes de aprehensión solicitadas ahora se suman a las emitidas en marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República; entre ellos, Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien huyó del país, pero ya cuenta con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente.
“Creo que no hay duda, no como en el anterior gobierno, que se empeñaban en decir que las investigaciones estaban realizadas y que el paradero de los estudiantes estaba dilucidado; ese es un punto importante, que ahora estén abriendo una investigación, haciendo una búsqueda”, expresó.
“Obviamente, lo que nosotros y los padres de familia siempre estamos diciendo es que se deben agilizar y se deben dinamizar más las investigaciones”.
El defensor exhortó a utilizar la capacidad del aparato del Estado mexicano para dilucidar en el menor tiempo y dar con los estudiantes.
“Eso es lo que nosotros estamos ahora cuestionando”, agregó.
‘El Mochomo’, personaje central
Rosales recordó el papel que han jugado las grabaciones de llamadas interceptadas por orden judicial desde Estados Unidos, como parte de una investigación criminal, antes del caso Ayotzinapa.
Lo que se refleja de esas llamadas es que a Casarrubias se le consultaban varias cosas, señaló el abogado, daban cuenta de lo que ocurría en la noche y la persona de allá decía que quien debía operar y tomar las decisiones era este hombre.
“Eso nos da cuenta de la centralidad que éste tuvo, pero también ahí está la prueba disponible y que ahora se tiene en los expedientes, que toda la familia Casarrubias está implicada en la dirección del grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Incluso, dijo, tienen dos hermanos que fueron servidores públicos, uno policía federal y otro elemento del Ejército mexicano.
“Y nosotros estamos claros que desde esas estructuras se brindó protección y se fortaleció el grupo delictivo Guerreros Unidos”, expresó.
Rosales señaló que existen mecanismos de colaboración e incentivos para que las autoridades trabajen arduamente en esa dirección, para esclarecer el paradero de los estudiantes a seis años del caso.
Y “El Mochomo” es un personaje central para hallar las respuestas sobre lo que ocurrió con los normalistas.
“Por eso, deben continuar las investigaciones y el trabajo de la Fiscalía General de la República”, señaló, “para obtener información privilegiada del paradero de los estudiantes y también habría que investigar al grupo delictivo Guerreros Unidos y a la familia Casarrubias”.
Con buenos ojos
Rosales dijo que desde el lunes se informó a los padres sobre la detención de Casarrubias y ellos también se dieron cuenta por los medios de comunicación.
“Hemos cruzado brevemente alguna comunicación”, explicó. “El tema de la pandemia los tiene en casa, un poco resguardados; muchas madres de familia, casi la mayoría, son ya mayores, tienen enfermedades crónico degenerativas; entonces, son vulnerables y hemos procurado guardar la distancia”.
Los padres ven con buenos ojos este avance, indicó, pero lo importante para ellos es la información sobre el paradero de sus hijos.