La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que su Gobierno atenderá las acciones destacadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso de Ernestina Ascencio.
Ayer, la CIDH declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de Ascencio Rosario, así como por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares, de acuerdo con la sentencia notificada este 16 de diciembre de 2025.
Horas más tarde, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos, así como de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares.
Adicionalmente, en la sentencia, el tribunal ordenó al Estado mexicano implementar medidas de reparación integral:
– Reapertura de una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables;
– Atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares;
– Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;
– Programas de capacitación para funcionarios públicos;
– El fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa; y,
– La creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Por estas medidas fue cuestionada esta mañana la presidenta en Palacio Nacional.
“Vienen muy específicas las acciones […] y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota […] vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez (Segob) y Arturo Medina que puedan explicar”, afirmó la mandataria.
Vamos a cumplir tal cual se está planteando.
Por otro lado, la presidenta decidió recordar que los hechos por los que se le señaló a México ocurrieron durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un caso que marcó la Sierra de Zongolica y llegó al sistema interamericano
El caso de Ernestina Ascencio Rosario se remonta al 25 de febrero de 2007, cuando la mujer indígena náhuatl, monolingüe y de 73 años, salió de su vivienda en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, para realizar actividades cotidianas relacionadas con el pastoreo. Horas después fue encontrada por una de sus hijas tirada en el campo, con signos visibles de violencia física y sexual, como la falda levantada y el rebozo atado al cuerpo.
De acuerdo con los testimonios de sus familiares, la mujer se encontraba en un estado físico grave. La zona donde fue hallada se localizaba a aproximadamente 300 metros de una base de operaciones del 63 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, instalada en la región como parte de los operativos federales contra el narcotráfico desplegados desde finales de 2006.
Tras ser localizada, Ernestina Ascencio fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica. El recorrido se extendió por más de 10 horas, tiempo en el que la mujer fue rechazada o no atendida adecuadamente en distintos centros de salud, tanto públicos como privados. Finalmente, fue ingresada al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007, antes de recibir intervención quirúrgica.
Antes de morir, la mujer alcanzó a declarar a sus hijos e hijas, en lengua náhuatl, que había sido atacada sexualmente por un grupo de soldados, que fue amarrada y que le cubrieron la boca. En ninguno de los centros médicos por los que pasó se contó con intérpretes que permitieran una comunicación adecuada entre la paciente, su familia y el personal médico.