En la recomendación VG127/2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentó acusaciones en relación al secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto, fue víctima de tortura a manos de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según el informe de la CNDH, Brenda Quevedo fue sometida a actos de tortura desde el momento de su detención, continuando durante su estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) y en su reclusión en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, fue trasladada a Tres Marías, donde también habría sufrido tortura sexual.
El documento de la CNDH enfatiza que estas acciones parecían estar destinadas a inculpar a Quevedo en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Además, señala, estos actos también afectaron a los familiares de Brenda, quien lleva 15 años en prisión preventiva sin sentencia.
El informe señala una serie de irregularidades en el caso, como declaraciones falsas realizadas ante la autoridad y la supuesta fabricación de pruebas.
La recomendación agrega que el debido proceso y la presunción de inocencias fueron vulneradas, por ejemplo, a través de los espectaculares colocados a lo largo de la Ciudad de México con la imagen de Brenda y otras personas presuntamente involucradas en el conocido “Caso Wallace”.
Asimismo, la Comisión sugiere que estas acciones no pudieron haberse llevado a cabo sin la aquiescencia de personas servidoras públicas de alta jerarquía orgánica, lo que, recomienda, también debe ser investigado de manera objetiva y diligente.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Según el informe, la CNDH solicitó la inscripción de Brenda en el Registro Nacional de Víctimas, junto con otras personas. Además, el organismo exige una reparación integral del daño, que incluye compensación, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y los estándares de derechos humanos.
Además de la reparación integral, la CNDH solicita atención médica y psicológica inmediata, proporcionada por profesionales especializados ajenos a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad.
La recomendación también pide que se tomen medidas administrativas para sancionar a los servidores públicos responsables de acciones u omisiones.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Además, exige que tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como la Fiscalía General de la República emitan circulares dirigidas a sus respectivos servidores públicos que realizan detenciones, investigaciones y actividades de custodia de personas privadas de su libertad. Estas circulares deben enfatizar el respeto a los derechos humanos y la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la recomendación incluye medidas específicas para garantizar la integridad física y psicológica de Quevedo mientras esté en un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) y para evitar cualquier vulneración adicional de sus derechos. También se pide que se gestionen exámenes médicos completos y tratamiento médico adecuado, y que se corrobore que el personal médico entregue medicamentos y explique los tratamientos de manera adecuada y continua.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorgó un plazo de quince días hábiles para que las autoridades notifiquen su aceptación o rechazo de esta recomendación, y otro plazo igual para proporcionar pruebas del cumplimiento de las medidas recomendadas. En caso de que no se cumpla con estas solicitudes, la CNDH informará a las autoridades correspondientes y tomará medidas adicionales.
La reacción de Isabel Miranda
Isabel Miranda de Wallace publicó en X una réplica a un medio de comunicación que abordó la recomendación de la CNDH. En el comunicado, la fundadora de Alto al Secuestro señala que este documento es “hecho a modo e improcedente que termina por denostar a la ya desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Agrega que la recomendación “se encuentra indebidamente infundada”, ya que supuestamente no verificó el testimonio de Brenda y lo documentado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Asimismo, acusa al ministro Arturo Zaldívar por tráfico de influencias en el caso.
Mi réplica a las manifestaciones vertidas en el artículo de @lasillarota sobre recomendación de @CNDH en favor de Brenda “N” procesada por el secuestro y homicidio de mi hijo.
Fue producto de la complicidad con abogados corruptos que hacen negocio con los derechos humanos. pic.twitter.com/S1nf35126Q
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) October 19, 2023