Villadangos del Páramo (León) tiene un censo de 1.163 habitantes, según el INE, y una fosa ―en realidad varias unidas― en el cementerio donde se cree que yacen los restos de 71 fusilados del franquismo. El pasado viernes, se sometió a votación entre los vecinos el plan de exhumación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Participaron 36: 22 votaron en contra, 12 a favor y dos se abstuvieron. El proyecto cuenta con la autorización de la Junta de Castilla y León. La vigente ley de memoria histórica prevé y ampara este tipo de actuaciones.
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, aclara, en conversación con EL PAÍS, que “los familiares tienen todo el derecho a enterrar dignamente a los suyos” y que la exhumación no se va a dejar de hacer “porque las leyes no se votan y porque además es una cuestión de humanidad elemental”. El vicepresidente castellanoleonés, cuyo departamento tiene las competencias relacionadas con la memoria histórica, asegura que van a hablar con todas las partes implicadas este lunes para resolver el asunto. “Nuestra intención es que esto se haga llegando a un acuerdo tras escuchar a todos. Tenemos la obligación legal y el convencimiento moral de colaborar en la apertura de fosas de la Guerra Civil. Lo hemos hecho ya, desde esta Administración y desde la anterior y de hecho estamos invirtiendo en la actualización del mapa de fosas. Los testigos son ya muy mayores, los hijos de las víctimas tienen cerca de 90 años, y esto es urgente”, señala.
El alcalde del municipio, Alejandro Barrera, del PP, admite que informó a los familiares de las víctimas enterradas en la fosa de la votación del viernes, pero se desvincula de la misma tras lo que considera una “polémica injustificada”. “El municipio está formado por tres localidades, cada una con su junta vecinal. El cementerio de Villadangos es propiedad de la junta vecinal, que también lleva su gestión. Sobre las actuaciones para la búsqueda y exhumación de represaliados en el cementerio de la localidad, este Ayuntamiento solo está tramitando la licencia de obras. Para la licencia se han solicitado informes técnicos. El ambiental ya ha sido favorable y solo queda el urbanístico. Una vez sean todos favorables, se dará la licencia de obra. Dicho lo cual, la otra entidad local, en este caso menor, que es la junta vecinal, como propietaria del terreno, debe dar el consentimiento para realizar las actuaciones”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha anunciado este domingo su intención de “recurrir ante las autoridades competentes” la votación celebrada en la junta vecinal de Villadangos del Páramo. La asociación agradece que algunos vecinos señalaron como “vergonzoso” el hecho de que se sometiera a votación el ejercicio “de un derecho fundamental” y recuerda que la ley de memoria histórica aprobada en 2007 reconoce el deber de las administraciones de colaborar en la búsqueda de desaparecidos del franquismo. En concreto, el artículo 14 de dicha norma prevé la expropiación forzosa de terrenos para realizar los trabajos de localización e identificación de las víctimas. En el caso de que los terrenos afectados fueran de titularidad privada, la ley contempla que si no se obtiene su consentimiento, las administraciones públicas “podrán autorizar la ocupación temporal”.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Marco Antonio González, expuso el proyecto de intervención ante la junta vecinal. Recordó que la asociación lleva 20 años realizando actuaciones de ese tipo y que se responsabiliza de dejar el espacio tal y como se encontró. Además, cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubre “hasta el más mínimo desperfecto que pueda causar la exhumación”. “Someter el derecho de unas familias a encontrar los restos de un ser querido y enterrarlo donde decidan es como someter a votación si tras un atentado hay que reparar o no a las víctimas”, añade.
La votación ha indignado a los familiares de los desaparecidos, que llevan años tratando de recuperar los restos de estas 71 personas, entre ellas una mujer. La periodista Olga Rodríguez, bisnieta de una de las víctimas, explica que han podido documentar el traslado de los fusilados hasta el cementerio porque en su momento se hicieron fichas sobre la causa de muerte y recopilando los testimonios de testigos, que en algunos casos llegaron a ver los cuerpos. “A mi bisabuelo, Santos Francisco Díaz, lo identificó mi tío abuelo. Era herrero, miembro de la UGT. Cuando lo mataron tenía 39 años, esposa y siete hijos: el mayor, de 17 años y el más pequeño, de 11 meses. Queremos enterrarlo con el resto de su familia y darle el homenaje que ellos nunca le pudieron hacer”, explica.
El alcalde del pueblo asegura, tras la polémica, que no hay “nada que no sea reversible” y cree que “se llegará a un entendimiento que permita llevar a cabo la búsqueda con la menor afección y con seguridad para los enterramientos del cementerio”. En los últimos años se han realizado numerosas exhumaciones de fusilados del franquismo en cementerios, porque a menudo las víctimas eran enterradas en terrenos anejos junto a bebés que habían muerto sin bautizar o personas que se habían suicidado. Esta es la primera vez que la asociación que ha abierto el mayor número de fosas en España se encuentra con una votación vecinal para denegarles el permiso.
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