La política catalana se asemeja a unas arenas movedizas que paralizan e incluso engullen a sus protagonistas. Su efecto inmovilizador se percibe en el día a día de las instituciones y en las grandes ocasiones, como el pasado 5 de marzo, cuando Seat presentó su plan para establecer en Cataluña, junto al Gobierno e Iberdrola, una de las fábricas punteras en Europa de baterías para coches eléctricos. Al acto, en el 70º aniversario de la marca automovilística, asistieron el presidente Pedro Sánchez, el Rey y el máximo responsable del grupo Volkswagen, Herbert Diess. En medio de la peor crisis económica e industrial en décadas, la Generalitat estuvo ausente.
El vicepresidente de la Generalitat y candidato a la presidencia, Pere Aragonès, alegó que la presencia de Felipe VI era incompatible con su asistencia. El máximo ejecutivo de Volkswagen se fue de Cataluña sin haber intercambiado ni una palabra con las autoridades de la comunidad autónoma. “Si algo simboliza este error monumental es que, en política económica, la Generalitat ha pasado de ser central a secundaria”, afirma José María Álvarez, secretario general de UGT. “No solo es un desprecio a los máximos representantes de España, lo es [también] a los trabajadores de Seat. Pero al día siguiente nadie les echa de menos. Si algo denota, es su pérdida de peso”.
No ha sido la única ausencia sonada del Ejecutivo catalán. El comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, visitó este marzo la planta de Reig Jofre, la empresa que producirá la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Janssen, en Sant Joan Despí (Barcelona). Ningún representante de la Generalitat acompañó a Breton, según criticó el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Salvador Illa. El comisario sí estuvo acompañado por la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Aragonès aseguró el pasado martes, en el fallido debate de investidura, que ERC y Junts per Catalunya habían conseguido en los últimos años “hacer avanzar como nunca a Cataluña”. Este triunfalismo contrasta con lo sucedido en la anterior legislatura, que el expresidente catalán Quim Torra dio por muerta en enero de 2020 debido a los conflictos entre socios. Las palabras de Aragonès también contrastan con importantes indicadores económicos: Madrid es desde 2017 la comunidad autónoma con el mayor PIB de España, un primer puesto que había sido tradicionalmente de Cataluña. Según datos comparados por la Cámara de Comercio de España, si en 2015 y 2016 Cataluña era la tercera comunidad autónoma en mayor crecimiento del PIB, a partir de 2017 cayó a la decimoprimera posición.
Todo ello tiene impacto directo en el día a día de los catalanes, que ven pasar gobiernos a toda velocidad sin resolver cuestiones clave. La parálisis de la última década ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a adelantar fondos para obras que debería haber abordado la Generalitat, acumulando una deuda de 270 millones en 10 años, el equivalente al 9% del presupuesto municipal. Y siguen cojos proyectos clave como la línea 9 del metro de la capital catalana, que ideó Jordi Pujol a finales de los años noventa y sigue sin tener fecha de finalización. La inversión en servicios sociales en Barcelona también se ha resentido: de 10 equipamientos para mayores (con 1.200 plazas residenciales) que la Generalitat tiene pendientes de construir desde 2011, solo se han acabado cuatro, con menos de una cuarta parte de las plazas comprometidas.
Otros proyectos menos ambiciosos, como la llamada T-Mobilitat, la tarjeta de transporte público que tiene que facilitar la intermodalidad en la región metropolitana, acumula años de retraso y sobrecostes de más de 24 millones. Y, de nuevo, no tiene fecha para ser una realidad. Tampoco lo tiene el que fue proyecto estrella de la presidencia de Artur Mas, el futuro complejo de ocio junto a Port Aventura (Tarragona), en el que la Generalitat tiene comprometidos 100 millones y que acumula varapalos judiciales y administrativos.
La inversión extranjera también lleva tiempo perdiendo fuelle: si entre 2012 y 2019 creció un 65% en el conjunto del Estado, en Cataluña lo hizo solo un 40%, según datos del Ministerio de Economía. En 2020, la inversión extranjera se redujo en España un 0,8%; en Cataluña, un 22%. También en energías renovables, uno de los retos más importantes que afronta Europa, la comunidad autónoma está en el vagón de cola: si en España las energías limpias aportan ya el 54% de la potencia instalada, en Cataluña representan el 30%, según Red Eléctrica Española.
“Cataluña está en decadencia”, afirmaba el pasado miércoles en el digital Crític el historiador y líder del nuevo partido Esquerra Verda, Andreu Mayayo: “Nos hemos apalancado, hay más empuje de la sociedad civil en Madrid que en Cataluña”. Es sintomático, denuncia la oposición, que el mayor escollo en las negociaciones para formar Gobierno entre ERC y Junts sea el Consell per la República, la organización liderada por Puigdemont desde Bélgica, y no los planes de choque para afrontar la pandemia y sus consecuencias.
Cataluña está políticamente empantanada por la división en dos bloques, el independentista y el constitucionalista, la priorización del plan para alcanzar la secesión y los enfrentamientos entre los partidos del nacionalismo catalán. Desde 2010 se han celebrado cinco elecciones autonómicas y dos de sus tres presidentes, Carles Puigdemont y Torra, han sido apartados de sus funciones; el primero tras huir a Bélgica para evitar ser juzgado por la consulta unilateral de independencia, y el segundo por desobedecer a la Junta Electoral Central.
Un termómetro del bloqueo son los más de 100 cargos, de 25 organismos públicos, que están a la espera de que el parlamento autonómico los renueve. El caso más paradigmático es el del defensor del pueblo catalán, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en funciones desde 2019. Encontrar un relevo es misión casi imposible porque requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara. La dirección de la Agencia Catalana de Protección de Datos también lleva desde 2017 sin renovarse y más difícil es la elección de la Presidencia y el consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio, que requieren mayoría de dos tercios. La presidencia del organismo lleva en funciones desde 2018.
Illa denunció, siendo aún ministro de Sanidad, que la inestabilidad había hecho perder a Cataluña la ocasión de albergar la sede de la Agencia Europea de Medicamentos. La decisión se tomó en noviembre de 2017, poco después de la intervención de la Generalitat por el Gobierno central. “Llevamos diez 10 , que se dicen pronto, sin que ningún responsable de la Generalitat haya sido recibido por un comisario de la UE”, dijo Illa recientemente en referencia al encuentro entre Artur Mas y José Manuel Durao Barroso en marzo de 2011, la última reunión entre un presidente de la Generalitat y otro de la Comisión Europea.
Jordi Bacaria, catedrático de Economía Aplicada y exdirector del centro de estudios internacionales Cidob, remarca que la falta de sintonía entre la Generalitat y el Ejecutivo central, pero también la amenaza de altercados callejeros, han impedido que Barcelona pueda acoger citas europeas de alto nivel. Tras las violentas jornadas que siguieron al encarcelamiento de Pablo Hasél, en febrero pasado, las patronales catalanas aparcaron sus diferencias en un inusual y contundente manifiesto en el que criticaban a la Generalitat por no condenar los altercados ni respaldar a los Mossos d’Esquadra. Las patronales también proponían un “pacto de país”, basado en un “amplio consenso” político y social, como necesidad “urgente e imprescindible”.
También el Círculo de Economía aseguró en marzo que el vandalismo urbano es “la consecuencia más alarmante del inmovilismo en el que está atrapada” la política en Cataluña. “Su parálisis continuada […] la va haciendo irrelevante, y su desempoderamiento impacta en una sociedad en parte airada y en parte desesperanzada”, advertía. Aurora Catà, presidenta de Barcelona Global, opina que “se ha de constituir un Gobierno sin más dilaciones” para volver a situar a Cataluña entre las regiones más dinámicas de Europa. Para Catà, “la complicidad con el sector privado será imprescindible y el entendimiento con el resto de administraciones una condición sine qua non”.
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