El primer intento de investidura de Pere Aragonès (Esquerra Republicana) como presidente de la Generalitat resultó fallido este viernes. El fiasco evidenció las rencillas e incoherencias del supuesto bloque independentista, un escenario político que dispara el signo de la inestabilidad con que se inicia la legislatura. Cataluña avanza, desgraciadamente, hacia la reedición de la parálisis gubernativa, la fractura política y el empeoramiento del declive económico generados en un decenio de gobiernos independentistas. Y además, sin expectativas sobre una mejora del encaje catalán en el conjunto español ni sobre la dignificación institucional, a la vista del empecinamiento del líder republicano en reiterar, como hizo ayer, un objetivo fracasado: la prosecución de la operación secesionista.
Es cierto que el tono mesurado y cortés del candidato dista de los agresivos desplantes de los expresidentes Quim Torra y Carles Puigdemont, y que su separatismo por fascículos irrita menos que los repentinos abismos de estos. Pero ello no excluye que el planteamiento a base de estaciones intermedias —tipo amnistía (pues implica un cambio de régimen) o autodeterminación (nuevo referéndum de separación)— es de imposible encaje en el ordenamiento legal. Y no oculta su pretensión de ejecutar un programa huero de consenso transversal. Que margina a la mitad de la sociedad catalana —como demostró la marginación del bloque constitucionalista en la Mesa del Parlament—, a la que sin embargo pretende sumar, sin integrar sus propuestas ni confluir hacia sus inquietudes.
Así, el candidato solo logró el apoyo de la CUP, el grupo radical antisistema cuyo lema para esta etapa, destacó en el debate una de sus portavoces, es “desobediencia y confrontación”. El acuerdo de investidura entre ambos consagra la inestabilidad institucional como brújula y receta inequívoca para el fracaso. Y es que el compromiso que digirió Aragonés para atraer a la CUP, según el cual se sometería a una moción de confianza a medio mandato, equivale a una desconfianza —siempre generadora de turbulencias— en diferido. Y su relectura de la Mesa de diálogo con el Gobierno bajo la imposición de que “solo” puede resultar en “autodeterminación y amnistía”, también en dos años —so pena de su “finalización” y de la apertura de un nuevo “embate”— revela una intransigencia contraria a la mentalidad de apertura que distingue a los negociadores dignos de confianza.
Por si no fuera suficiente, esos males pueden empeorar, si Junts logra vender caro su apoyo a Aragonès en la segunda sesión de investidura. Su principal condición es que el Consejo por la República —una mesa camilla fantasmal, alegal y extranjera que sirve de solaz a la corte de los milagros del fugitivo Puigdemont—, se convierta en un “órgano decisorio” que controle la hoja de ruta estratégica del Govern.
Desde otro lado del espectro político, Salvador Illa (PSC) reiteró su apuesta por un “reencuentro” que suture fracturas, apuntó la alternativa de una alianza de izquierdas y desgranó un amplio programa de gobierno de las cosas —no ensoñaciones—, que flanqueó Jessica Albiach (Comuns) al detallar las medidas sociales, ecológicas y feministas olvidadas en el pacto Esquerra-CUP. Objetivos loables, pero que todo apunta a que quedarán atropellados debajo de un independentismo sectario, excluyente y falto de coherencia y eficacia en grado máximo.
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