El organismo empresarial argumentó que los cambios legislativos son necesarios para cumplir los compromisos adquiridos por México con Estados Unidos y Canadá.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso seis reformas legislativas para garantizar el cumplimiento de los compromisos que adquiridos a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Se propone reformar la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y la Ley Aduanera, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley de Infraestructura de la Calidad, reforma al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas y una nueva Ley de Propiedad Industrial.
A través de una carga dirigida al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el CCE manifestó que los cambios legislativos son necesarios para cumplir los compromisos adquiridos por México con Estados Unidos y Canadá antes de la entrada en vigor del tratado comercial.
“Se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva, en razón de lo cual consideramos indispensable que, en este proceso de análisis, aún cuando los plazos de la discusión sean reducidos, se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector privado”, expresó el CCE en la misiva.
En el caso de la Ley de Infraestructura de la Calidad, el organismo empresarial reconoció la apertura que las comisiones dictaminadoras del Senado han manifestado y la convocatoria para remitir opiniones en el marco del parlamento abierto.
“En un momento en que, para atender la contingencia de salud del Covid-19, hemos tenido que detener prácticamente todas las actividades del país, el reto económico autoinflingido se ha tornado en una crisis de dimensiones inimaginables. Por esto, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y reglas claras que apoyarán el crecimiento de nuestro país”, agregó el CCE.
Además, reiteró su disposición para profundizar en los argumentos presentados y construir una legislación equilibrada, que fortalezca la certidumbre jurídica y favorezca el desempeño de la economía mexicana.