La tarde de ayer, viernes 18 de julio de 2025, Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron sanciones por uso indebido de vía pública, incluidas las destacadas en contra de los llamados ‘franeleros’.
Según la nota informativa publicada en el portal oficial del Congreso, se aprobó el dictamen a la iniciativa para adicionar la fracción XXXIX al artículo 3; el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y espacio público, último párrafo al artículo 31; y reformar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
“El documento aprobado expone la preocupación de que en ‘diversos puntos de la Ciudad de México se presenta una problemática en la que se impide y estorba el uso de la vía y el espacio público, por parte de personas que ofrecen servicios de estacionamiento, cuidado, lavado, aseo, hojalatería o reparaciones menores de vehículos, sin contar con un permiso, licencia o autorización por parte de autoridad competente’”.
Critica el texto que las personas antes destacadas realizan actividades que utilizan “extensos” espacios de la vialidad, contribuyendo de manera directa a la “congestión vehicular” y por ende a los altos índices de contaminantes en el aire capitalino.
No más prácticas abusivas
En uno de los puntos más relevantes detrás de la aprobación a las propuestas de Brugada se encuentran las advertencias en torno a un aumento de denuncias presentadas contra las personas quienes se dedican a estas actividades, los llamados “franeleros” de la Ciudad de México.
“Ante la negativa de las personas conductoras de realizar el pago exigido para estacionarse […] pueden cometer delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena”.
En atención, la finalidad de lo aprobado será “recuperar la vía y el espacio público”, reducir ls posibilidades de actos delictivos, daño a la propiedad, robo, y otros actos, por medio de sanciones específicas.
No se penalizará a trabajadores no asalariados
Pese a lo anterior, es necesario recalcar que, tal como se estableció en la resolución, la iniciativa no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle, “sino que sanciona “a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a personas para obtener dinero; y por cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece”.
Las sanciones
De acuerdo con el artículo 31 de esta ley, las infracciones tipo F se aplicarán con sanciones de 24 hasta 36 horas de arresto inconmutable. La persona juzgadora impondrá la sanción máxima de 36 horas cuando la persona infractora sea presentada por la conducta señalada en la fracción III del artículo 28 Bis.
La discusión del Congreso
Tras las discusiones por parte de las Comisiones capitalinas para aprobar lo presentado anteriormente, estas fueron las participaciones y argumentos destacados por el Congreso:
Al referirse al dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que el derecho al espacio público se encuentra reconocido constitucionalmente como un derecho colectivo, lo que implica usar y disfrutar los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales.
Indicó que la reforma presentada por la jefa de Gobierno permitirá abordar de mejor manera la problemática de apropiación indebida de la vía y el espacio público que realizan las personas conocidas como “franeleros”, ya que al prohibir las conductas que afectan o vulneran la movilidad y la accesibilidad a espacios públicos se mejora la seguridad en la ciudad.
Resaltó que en este dictamen se incorporaron, por sus apreciaciones argumentativas en la materia, en el apartado de los considerandos, la referencias nodales vertidas en la iniciativa por la que se reforma la fracción primera del artículo 27, la fracción segunda del artículo 28 y el artículo 32, de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN).
El diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN), presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública, señaló que su grupo parlamentario apoyaría este dictamen “porque estamos convencidos de que el uso indebido del espacio público es una problemática que requiere atención y regulación, y porque nunca nos negaremos a apoyar reformas que beneficien a los capitalinos”; aunque consideró que la iniciativa debió ser turnada únicamente a la comisión que encabeza.
Adicionalmente, el legislador presentó una reserva para abrogar la fracción cuarta del artículo 28 Bis, la cual fue rechazada.
El congresista Fernando Zárate Salgado (MORENA) comentó que si la norma es ambigua se debe detallar y no abrogar, pues se está regulando una conducta de naturaleza administrativa que no está en el Código Penal, y es en la Ley de Justicia Cívica local donde se establece que la infracción es contra la seguridad de la ciudadanía.
Consideró que lo que se entiende por “aprovecharse indebidamente del espacio público para obtener un beneficio” está referenciado correctamente en los distintos ordenamientos, lo que da instrumentos a alcaldías y autoridades en distintas materias para brindar certeza jurídica.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) destacó la seriedad y prontitud de las comisiones dictaminadoras para atender de manera favorable “un tema que, aunque cotidiano, tiene un enorme impacto en la vida diaria de millones de personas: la ocupación indebida de la vía pública por parte de los llamados franeleros o viene-viene.
Asimismo, reconoció la visión y el compromiso de la jefa de Gobierno al presentar una iniciativa que propone una solución concreta y con sustento legal ante prácticas que dificultan la movilidad, generan molestias a la ciudadanía y muchas veces impiden disfrutar libremente del espacio público.
Al señalar que esta propuesta devuelve a la ciudad la libertad de caminar por las calles y disfrutar del espacio público que durante décadas fue invadido, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA) explicó que los objetos que impiden el tránsito también generan contaminación visual, y estas medidas generan mayor seguridad.
La diputada Iliana Ivón Sánchez Chávez (PVEM) reconoció que esta reforma es un esfuerzo que busca atender la problemática generada por la apropiación indebida del espacio público. Indicó que la propuesta contempla sanciones severas para quienes condicionen pagos por el servicio ilegal de vigilancia de vehículos, ya que esta situación llega a generar un entorno de inseguridad, que impacta la calidad de vida de la ciudadanía.
“La iniciativa refleja un compromiso profundo con la inclusión social, ya que se les ofrecen alternativas a las personas que se dedican a esta práctica para vivir con dignidad y en armonía con las normas y beneficien a la comunidad”, finalizó.
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) se pronunció a favor del dictamen en términos generales; aunque pidió tener sensibilidad para las personas infractoras, debido a que se les puede llegar a criminalizar. Destacó que el objetivo central y el espíritu de la propuesta de la jefa de Gobierno es proteger el espacio y la vía pública.
El diputado Royfid Torres González (MC) consideró que esta propuesta es mejorable, ya que lo que se regula en el artículo 28 Bis ya está establecido en la ley vigente; y existe una contradicción entre los artículos 28 y 28 Bis en cuanto a la ocupación total de la vía pública para obtener un beneficio, que puede referirse al comercio informal, y es difícil cumplir con los arrestos y sanciones señaladas, por lo que propuso una mayor discusión del tema.
El congresista Diego Orlando Garrido López (PAN) señaló que hubo violaciones en el trámite parlamentario de esta propuesta que no deben permitirse. Agregó que aunque su voto es a favor por las coincidencias con lo planteado, existe la preocupación de un aumento de la corrupción con policías para continuar con estas conductas. Observó que la redacción de ciertos artículos puede permitir que se vulneren derechos de tránsito, como sucede en manifestaciones no pacíficas.