La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció una disculpa pública a los familiares de Julio César Cervantes Cabañas por las omisiones en la investigación de su desaparición y el manejo de su cuerpo, que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) calificó como “desaparición administrativa”.
El cuerpo de Julio César, quien tenía daño cerebral orgánico, fue hallado tres años después de ser reportado desaparecido en 2021, su cuerpo fue donado a la escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sin dar aviso a su familia.
La situación derivó en la Recomendación 09/2025 y orilló a las autoridades a esta acción que es parte de las medidas de reparación y justicia.
Durante un acto público, este miércoles, la Fiscalía capitalina reconoció fallas institucionales y asumió responsabilidad frente a los familiares de la persona agraviada.
Foto: CDHCM
A nombre de la dependencia, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos expresó un mensaje sobre la responsabilidad de la institución.
A la memoria de Julio César Cervantes Cabañas rendimos respeto y homenaje. Su historia nos obliga a corregir, a mejorar y a trabajar para que hechos como estos no se repitan.
El funcionario agregó que la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad del Estado mexicano y aseguró que la institución busca recuperar la confianza ciudadana, además de erradicar prácticas indebidas dentro de sus procesos.
Foto: CDHCM
En el mismo acto, la madre de la víctima, Laura Cabañas Arreola, aceptó la disculpa pública, pero advirtió que el reconocimiento no puede quedarse en lo simbólico.
Las palabras deben ir acompañadas de acciones, cambios estructurales al interior de la Fiscalía y medidas de no repetición para que nunca más ninguna familia tenga que pasar por lo mismo.
Por su parte, Una Luz en el Camino, a través de su fundadora Miriam Jacqueline Palmeros Rosas, cuestionó la existencia misma de este tipo de actos y señaló que “las disculpas públicas no deberían de existir, pues el Estado no debería fallar al hacer su trabajo al buscar a una persona desaparecida”.
El representante legal de las víctimas, Michel Cervantes Padilla, consideró que la disculpa debe abrir la puerta a una revisión profunda de los protocolos institucionales, especialmente en casos donde las víctimas presentan alguna discapacidad, y llamó a fortalecer los mecanismos de actuación y coordinación.
Foto: CDHCM
En tanto, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, subrayó que la disculpa pública constituye un reconocimiento institucional, pero su valor depende de las acciones que la sigan.
Nos corresponde estar cerca de las víctimas, cuidar que este acto tenga sentido para ellas, contribuir a que la verdad sea reconocida públicamente y dar seguimiento a que los compromisos expresados aquí se traduzcan en acciones concretas.
La ombudsperson recordó que la Recomendación 09/2025 documentó violaciones a derechos humanos como el derecho a la búsqueda con debida diligencia, a la verdad, a la seguridad jurídica, a la memoria de las personas fallecidas y al trato digno hacia sus familiares.
También advirtió sobre la llamada “desaparición administrativa”, cuando información o restos bajo resguardo institucional no se articulan de forma oportuna para garantizar identidad y verdad.
Una búsqueda de más de dos años y una notificación tardía
Julio César Cervantes Cabañas, de 49 años de edad desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la colonia El Molino de Santo Domingo, de la alcaldía Álvaro Obregón; su cuerpo fue localizado en enero de 2024 en la alcaldía Coyoacán y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).
Sin embargo, la notificación a su familia ocurrió casi diez meses después del hallazgo, pero su cuerpo ya había sido donado al IPN.
De acuerdo con la CDHCM, durante ese periodo se acumularon omisiones en la investigación y en la identificación del cuerpo, lo que impidió una respuesta oportuna a los familiares y derivó en la emisión de la Recomendación 09/2025.
El organismo señaló que estos hechos evidencian fallas estructurales en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, particularmente en el tratamiento institucional de casos donde existen registros o restos bajo resguardo, pero sin una articulación efectiva.
Aunque la Fiscalía capitalina ofreció una disculpa pública y reconoció fallas, tanto familiares como organizaciones y autoridades de derechos humanos coincidieron en que el reto central es transformar las prácticas institucionales.
Desde la CDHCM se insistió en que el acto debe entenderse como un punto de partida y no como una conclusión del caso, especialmente en lo referente a la implementación de medidas de no repetición.
Finalmente, la familia afectada reiteró que además de mejorar los procesos de búsqueda, identificación y notificación de personas desaparecidas, laa autoridades deben garantizar que los cambios y resultados sean verificables.