Tras denuncias de represión contra la comunidad triqui, la cual aseguró que fue encapsulada al ser desalojada del plantón en el centro de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, afirmó que, durante el operativo, las personas abordaron los vehículos “de manera voluntaria”. En contraste, voceras triquis denunciaron que fueron obligadas y amenazadas.
A su vez el martes en la noche, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, informó a medios de comunicación que la comunidad acordó trasladarse a la Casa del Estudiante.
Una integrante de la comunidad triqui afirmó que durante el desalojo mujeres, hombres y niños fueron reprimidos, golpeados y despojados de sus pertenencias.
Sostuvo que fueron obligadas a retirarse del plantón y recibieron amenazas de que sus hijos serían llevados al DIF de no subirse a los transportes.
Además, aseguró que fueron “secuestradas” en el albergue, junto con estudiantes de la UNAM y otros grupos, ya que los granaderos no les permitieron salir. Añadió que el albergue al que fueron trasladados no tenía las condiciones necesarias.
A su vez, Venustiana López, integrante de la comunidad triqui, recalcó que mujeres y niños fueron agredidos por parte de los granaderos. Apuntó que fueron obligados a firmar una minuta para ser liberados del encapsulamiento, en el cual estuvieron más de 20 horas.
En constraste, Batres aseguró que las personas “abordaron los vehículos de manera voluntaria” y negó que haya habido un encapsulamiento, ya que las personas triquis se trasladaron a la calle Mapimi.
El pasado martes, la Caravana por el Agua y la Vida denunció que un cuerpo de granaderos persiguió a los manifestantes y detalló que hubieron dos encapsulamientos: el primero sobre Calle Mapimi y el segundo en Calle Plomo esquina Av. Ferrocarril Hidalgo.
Batres firmó que grupos ajenos a la comunidad alentaron una confrontación y realizaron actos vandálicos en el albergue.
Recalcó que las demandas de los triquis son legítimas pero aseveró que, aunque las personas no querían levantar el plantón, “de ninguna manera se aceptará el regreso” al mismo en cualquier avenida.
Reiteró que el gobierno de Oaxaca debe resolver el conflicto del grupo. Detalló que la secretaria de Gobierno no ha tenido contacto con las autoridades de Oaxaca, solo se han emitido llamados públicos.
Rodrigo Ávila Carrasco, funcionario de la SECGOB, afirmó que existe un acuerdo por el que “se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social en la ciudad de México”.
Afirmó que el Gobierno capitalino tiene un “protocolo que cumplir en el caso de bloqueos y manifestaciones” y recalcó que el grupo “no se podrá instalar nuevamente el plantón en Avenida Juárez ni en ninguna otra avenida”.
Tras el traslado a la Casa del Estudiante, la Caravana por el Agua y la Vida exigió justicia por el desplazamiento forzado de la comunidad.
El pasado lunes, elementos policiales desalojaron al campamento triqui ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, que estaba instalado desde hace más de un año y tres meses.
Las familias denunciaban que en diciembre de 2020 fueron expulsadas con armas de su comunidad.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el operativo de este lunes se realizó después de que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX recibiera una denuncia y la remitiera a Batres.
En el documento, se señala que se “ha observado que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el mismo no acuden a la escuela; además de que se alejan del campamento sin supervisión de adultos, lo que ha generado que los más pequeños lloren al sentirse extraviados entre la multitud de personas que a diario transitan por la zona y tenga que ir alguno de los adolescentes a buscarlos”.
Asimismo, se asegura que “las condiciones de salubridad del campamento no son las adecuadas”.
Las personas fueron trasladadas a un albergue situado en la esquina de calle Rayas y Circuito Interior, en la colonia Valle Gómez. La Secretaría de Gobernación afirmó que ahí las personas contaban con medicamentos, atención médica, alimentos, dónde dormir, colchonetas, regaderas y baños. Organizaciones denunciaron que el operativo fue un acto de represión.
Más tarde, asociaciones y comunidades indígenas denunciaron agresiones y encapsulamiento en contra de la comunidad triqui y la Caravana por el Agua y la Vida, por parte de las autoridades capitalinas.
Afirmaron que elementos de la policía de la Ciudad de México impidieron la salida a personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la capital, en la alcaldía Venustiano Carranza. Además, añadieron que estos fueron golpeados.
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